Golpe institucional en Bolivia: La secuencia que terminó con el fiscal general fuera del poder

Bolivia cambió las reglas y desplazó al fiscal en horas

La política boliviana acaba de producir una escena que obliga a mirar más allá de las acusaciones contra un funcionario. Roger Mariaca, hasta entonces Fiscal General del Estado, fue detenido, acusado de vínculos con una organización criminal y posteriormente apartado de su cargo después de que la Asamblea Legislativa modificara de urgencia las reglas que regulaban su permanencia.

El dato decisivo no es solamente que un Fiscal General haya terminado detenido. Lo que genera la controversia institucional es el orden de los acontecimientos: primero llegó la acusación, luego la detención, después la reforma legislativa y finalmente la utilización inmediata de esa nueva norma para desplazarlo.

La Constitución boliviana establece que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. También dispone que el Fiscal General es la máxima autoridad de esa institución y que su mandato dura seis años.

La pregunta, entonces, no es menor: ¿qué ocurre cuando los poderes políticos modifican las reglas de funcionamiento de una institución autónoma precisamente cuando su máxima autoridad está siendo investigada?

Mariaca desafió públicamente las acusaciones

El caso adquirió una dimensión política todavía mayor el 28 de septiembre.

Estados Unidos había acusado a Mariaca de actos de corrupción relacionados con la protección del narcotráfico y restringió su ingreso a territorio estadounidense. El fiscal rechazó las acusaciones y sostuvo que ninguna presión externa debía condicionar el trabajo del Ministerio Público.

Pero hubo una frase que adquirió especial relevancia después de su detención.

Mariaca aseguró que no retrocedería en las investigaciones que llevaba adelante y mencionó expresamente el denominado caso Cerimedo, relacionado con el consultor argentino Fernando Cerimedo. También sostuvo que continuaría con otras investigaciones por un presunto intento de feminicidio y una presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Dos días después, el Fiscal General estaba detenido.

La coincidencia temporal no demuestra que una cosa haya provocado la otra. Pero tampoco puede ser ignorada si se pretende comprender por qué el desplazamiento de Mariaca adquirió una dimensión institucional que excede una causa penal ordinaria.

La detención que desató la crisis

El 30 de septiembre, la Policía boliviana detuvo a Mariaca en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz. Junto con él fueron detenidos otros funcionarios, en el marco de una investigación que las autoridades presentaron como una ofensiva contra una estructura criminal enquistada en el Ministerio Público.

El Gobierno de Rodrigo Paz vinculó el expediente con la supuesta protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. También se informó sobre la incautación de dinero que las autoridades relacionaron con presuntas actividades de extorsión y corrupción.

Mariaca negó las acusaciones. La Fiscalía, en las primeras horas posteriores al operativo, denunció incluso la ilegalidad de su detención y calificó públicamente el procedimiento como un supuesto secuestro.

La investigación judicial deberá determinar si las acusaciones contra el exfiscal son verdaderas. Pero paralelamente apareció otro problema: qué debía suceder con la conducción de una institución constitucionalmente autónoma mientras su máxima autoridad permanecía detenida.

El Congreso cambió las reglas mientras el conflicto estaba abierto

El 2 de octubre apareció la pieza central de esta historia.

La Asamblea Legislativa sancionó la Ley 1773, que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público. La nueva disposición incorporó un mecanismo para suspender definitivamente al Fiscal General cuando estuviera formalmente imputado y/o sometido a una medida cautelar personal por delitos que contemplen prisión.

La norma exige dos tercios de los asambleístas presentes y establece que, en la misma sesión, debe designarse un Fiscal General interino hasta que la Asamblea realice una nueva designación conforme al procedimiento constitucional.

Pero existe un detalle que merece especial atención.

La ley no se limitó a establecer un reemplazo administrativo. También otorgó al fiscal interino amplias facultades para reorganizar la estructura interna del Ministerio Público, formar equipos especializados y solicitar cooperación internacional en la causa que hubiera provocado la suspensión del Fiscal General.

Es decir, la reforma no solamente resolvía quién ocuparía el despacho. También establecía qué podía hacer la nueva conducción de la Fiscalía frente a la estructura investigada.

La Asamblea actuó inmediatamente

La reforma no quedó archivada como una norma para el futuro.

Horas después de su promulgación, la Asamblea Legislativa la aplicó contra Mariaca y dispuso su suspensión definitiva. La medida implicó el cese inmediato de sus funciones.

Después de varias votaciones, el Legislativo designó a José Armando Urioste como Fiscal General interino.

La velocidad de la operación es uno de los aspectos que más preguntas genera.

La Asamblea no solamente legisló sobre el funcionamiento del Ministerio Público. Legisló y, prácticamente de inmediato, aplicó la reforma sobre la persona que en ese momento encabezaba la institución.

Formalmente, el procedimiento encontró respaldo en una ley sancionada por el órgano legislativo y promulgada por el presidente Rodrigo Paz.

Pero la democracia constitucional no se agota en preguntar si una decisión tiene una forma legal.

También obliga a preguntar si el uso de esa legalidad preserva el equilibrio institucional.

¿Control democrático o golpe institucional?

Aquí aparece la discusión que todavía no puede cerrarse.

Un golpe de Estado no necesariamente necesita tanques, militares ocupando edificios públicos o la disolución del Parlamento. Una democracia también puede sufrir una ruptura institucional cuando quienes gobiernan utilizan los mecanismos del Estado para neutralizar la autonomía de otra institución constitucional.

Pero tampoco toda intervención entre poderes constituye un golpe.

Los sistemas democráticos están construidos precisamente sobre controles, límites y mecanismos de responsabilidad. Si un funcionario comete delitos, debe ser investigado. Si existen mecanismos legales para suspenderlo, esos mecanismos pueden ser aplicados.

El problema aparece cuando las reglas son modificadas en medio del conflicto para hacer posible una remoción que antes no podía realizarse de esa manera.

Y eso es exactamente lo que vuelve singular el caso boliviano.

La Constitución establece la autonomía del Ministerio Público y un mandato de seis años para el Fiscal General. La Ley 1773 creó, durante la crisis de Mariaca, un procedimiento extraordinario de suspensión definitiva y reemplazo interino.

Por eso la discusión no debería reducirse a una consigna.

La cuestión de fondo es otra: ¿la nueva legislación fortaleció los mecanismos de control institucional o permitió que los poderes políticos intervinieran sobre una institución constitucionalmente autónoma en circunstancias excepcionales?

La sombra de Estados Unidos

La secuencia adquiere otra dimensión porque la crisis boliviana comenzó inmediatamente después de que Estados Unidos acusara públicamente a Mariaca y restringiera su ingreso al país.

El fiscal respondió denunciando cualquier intento de condicionar el funcionamiento del Ministerio Público y reclamó respeto por la independencia de las instituciones bolivianas.

Después llegó la detención.

Estados Unidos respaldó públicamente las acciones del Gobierno boliviano contra el narcotráfico y la corrupción. La administración de Rodrigo Paz, entretanto, viene profundizando su cooperación con Washington en materia de seguridad.

Nada de eso demuestra que Washington haya ordenado la salida de Mariaca, dirían desde los medios hegemónicos. Pero la verdad es que plantea una pregunta que todavía necesita respuestas: ¿qué papel real tuvo la presión estadounidense en la aceleración de la crisis institucional boliviana?

Cerimedo: la pieza que todavía falta investigar

El nombre de Fernando Cerimedo aparece en el expediente político por una razón concreta.

Mariaca había mencionado públicamente las investigaciones sobre el consultor argentino apenas dos días antes de ser detenido. Lo hizo precisamente mientras rechazaba las acusaciones estadounidenses y defendía la independencia de la Fiscalía.

Eso no prueba que su desplazamiento haya tenido relación con esa investigación.

Pero tampoco permite ignorar el expediente.

Hay que determinar qué investigaba exactamente la Fiscalía boliviana, qué medidas se habían adoptado, qué elementos probatorios existían, quiénes eran los funcionarios responsables y qué ocurrió con esas causas después de la salida de Mariaca.

La respuesta puede ser determinante para establecer si estamos simplemente ante una causa de corrupción que alcanzó al máximo responsable del Ministerio Público o ante una crisis institucional con derivaciones políticas mucho más profundas.

La justicia deberá investigar a Mariaca. La democracia deberá investigarse a sí misma

Mariaca quedó posteriormente sometido a prisión preventiva durante 180 días mientras avanza la investigación por su presunta vinculación con una organización criminal y protección al narcotráfico.

La gravedad de las acusaciones justifica que sean investigadas con todas las garantías del debido proceso.

Pero una causa penal contra un Fiscal General no responde por sí sola las preguntas institucionales que dejó su destitución.

La democracia boliviana tendrá que demostrar que puede investigar a uno de sus máximos funcionarios sin convertir la investigación penal en una herramienta para subordinar una institución autónoma.

Porque el verdadero problema no es solamente quién tiene razón en el expediente Mariaca.

El problema es qué límites existen cuando un gobierno, una Asamblea y una institución autónoma quedan enfrentados en medio de una investigación penal.

Si las acusaciones contra Mariaca son ciertas, la Justicia deberá demostrarlo. Si son falsas, deberá demostrarlo también.

Pero si además se comprueba que las reglas fueron modificadas deliberadamente para facilitar su desplazamiento por razones ajenas a la causa penal, entonces la discusión será mucho más grave.

Ya no se trataría solamente de la caída de un Fiscal General.

Se trataría de determinar si una democracia puede ser vaciada desde adentro utilizando sus propias leyes.

Y esa es, precisamente, la pregunta que Bolivia todavía tiene pendiente responder.

Fuentes

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2026, 2 de octubre). Ley N.º 1773 de modificación del artículo 25 de la Ley N.º 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. (2025, 3 de diciembre). Comisión de Diputados y Fiscalía General analizan estrategias para lograr una justicia moderna y eficiente.

Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. (2026, 25 de junio). Cámara de Diputados pide a la Fiscalía solicitar a España información sobre la investigación contra el expresidente Rodríguez Zapatero.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Artículos 225–228. Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.

EFE. (2026, 1 de octubre). La Fiscalía de Bolivia denuncia la detención del fiscal general Roger Mariaca.

EFE. (2026, 3 de octubre). El Legislativo de Bolivia destituye al fiscal general detenido y designa un interino.

EFE. (2026, 3 de octubre). ¿Qué hay detrás de la detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca?

EFE. (2026, 4 de octubre). Un juez da prisión preventiva al exfiscal general de Bolivia acusado de proteger al narcotráfico.

Agencia de Noticias Fides. (2026, 28 de septiembre). Fiscal afirma que no retrocederá en investigaciones sobre Cerimedo tras ser acusado por EE.UU. de recibir sobornos.

Reuters. (2026, 1 de octubre). Bolivia detains attorney general, government ministry says.