QUINTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Quinta Marcha Federal Universitaria: los números detrás del reclamo contra el ajuste educativo de Milei

Las universidades públicas vuelven a marchar al Congreso para exigir que se aplique la ley de financiamiento, un día después de que la Justicia multara al jefe de Gabinete por no cumplirla. Detrás del reclamo hay una caída de casi la mitad de la plata nacional para educación y un Presupuesto 2027 que deja a las universidades un 27% abajo de 2023.

La quinta Marcha Federal Universitaria convoca a estudiantes, docentes y trabajadores frente al Congreso para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar los recortes presupuestarios del Gobierno de Javier Milei. Imagen il

Jueves 15 de octubre de 2026 | 08:22

Por Javier «El Profe» Romero | Enorsai | 15 de octubre de 2026

Este jueves 15 de octubre de 2026 se realiza en todo el país la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. El acto central es a las 16 en la Plaza del Congreso, con réplicas en Córdoba, Neuquén, General Roca, Bariloche, Corrientes y Resistencia. El reclamo es la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, que el Congreso sostuvo frente al veto presidencial y que el Poder Ejecutivo mantiene suspendida. La jornada coincide con un paro nacional de 24 horas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y con una sesión especial convocada por la oposición en Diputados para rechazar el DNU 70/2023.

LA LEY QUE NO SE APLICA

La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025. Ordena actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades por inflación, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Según la descripción que publicó Infobae, la norma fija un ajuste de los salarios de septiembre de 2025 por la variación del índice de precios entre enero de 2023 y julio de 2025, equivalente a un 40,25% sobre los básicos de julio de 2025, y una actualización mensual posterior.

El presidente Javier Milei la vetó por completo con el Decreto 647/2025, del 10 de septiembre de 2025. La Cámara de Diputados insistió con el texto original el 17 de septiembre, con dos tercios de los votos presentes, y el Senado hizo lo mismo el 2 de octubre. Así lo consignan los propios considerandos del decreto de promulgación.

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Con la insistencia, el Ejecutivo estaba obligado a promulgarla. Lo hizo con el Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025, pero con una salvedad: la promulgó «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629», que exige que todo gasto nuevo tenga prevista su fuente de financiamiento. En la práctica, la ley quedó vigente pero sin aplicarse hasta que el Congreso definiera de dónde saldrían los fondos.

TRES FALLOS Y UNA MULTA

El CIN y la Universidad de Buenos Aires llevaron el caso a la Justicia. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick, dictó una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas según la ley. Según Infobae, la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno y la cautelar quedó firme el 25 de junio de 2026.

El 6 de octubre de 2026, Cormick resolvió el fondo del amparo: declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo poner en marcha la ley de inmediato. «El Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones», sostuvo la sentencia, en respuesta al argumento oficial basado en leyes presupuestarias anteriores. El Gobierno apeló, y el juez concedió la apelación sin suspender la cautelar.

El 14 de octubre, ante el pedido del CIN, que afirmó que «el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar», el juez hizo efectivo el apercibimiento: fijó una multa de 100.000 pesos por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por «incumplimiento verificado». La resolución deja abierta la posibilidad de modificar el monto y los funcionarios alcanzados si la situación continúa.

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LOS NÚMEROS DEL RECORTE

El conflicto universitario es parte de una caída más amplia. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET, citado por Perfil, la función Educación y Cultura del presupuesto nacional cayó 43,2% en términos reales en 2024 y perdió unos 0,6 puntos del PBI. En 2025 bajó otro 7,9%. El acumulado de los dos años es de 47,7%. La organización Argentinos por la Educación, con otra metodología, estimó una caída de 40,2% para 2024.

El IIEP atribuye buena parte de esa baja a la discontinuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por la Ley 25.053 en 1998, que complementaba con fondos nacionales los salarios de los docentes de todas las provincias y que no se renovó desde comienzos de 2024. El peso del FONID en cada sueldo variaba según la jurisdicción.

Para las universidades, el informe del Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL) sobre el proyecto de Presupuesto 2027 estima que los recursos del sistema caerían 27% en términos reales respecto de 2023, y 2,3% respecto de 2026. «Son cuatro años consecutivos con recursos muy por debajo de 2023», dijo a Pausa la decana de esa facultad, Liliana Dillon. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) llega a una cifra similar: ?25,2%.

Dentro de ese total, la partida más golpeada es ciencia y técnica: ?75,1% real entre 2023 y 2027, según la FCE-UNL. La extensión universitaria, que en 2025 llegó a estar 99,3% por debajo de 2023, seguiría 42,2% abajo.

El mismo informe compara el proyecto con lo que exige la ley: el Presupuesto 2027 asigna 7,35 billones de pesos, mientras que la Ley 27.795 requeriría 9,8 billones. La diferencia es de 2,46 billones.

LA DISCUSIÓN POR LOS SALARIOS

En el expediente, el Gobierno sostiene que ya cumplió. Según Infobae, afirma que los aumentos al sector acumulan 226,8% desde diciembre de 2023, por encima del 226,4% que, según su interpretación, correspondía hasta agosto de 2025. Rechaza el criterio que llevaría a un acumulado de 312,19% porque la Ley de Presupuesto 2026 no previó fondos para esa magnitud. Menciona además una suba de 21,33% en junio de 2026 y una propuesta de 3% para septiembre. En la causa, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que aplicar la ley demandaría más de un billón de pesos.

Los gremios y los centros de estudio miden otra cosa: el poder de compra. Según el informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el CIICTI publicado en julio, desde noviembre de 2023 la inflación acumuló 320%, contra los 226,8% de aumentos. La pérdida real es de 22,2%, y haría falta un 28,5% adicional para recuperar el nivel de fines de 2023. La FCE-UNL calcula una pérdida promedio de 23,4% a septiembre de 2026, que llega al 29% en el caso de los jefes de trabajos prácticos. El CEPA había medido ?34,2% hasta abril, antes del aumento de junio.

QUÉ VIENE

La apelación del Gobierno contra el fallo del 6 de octubre está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Mientras tanto, la cautelar sigue vigente y la multa corre desde el 14 de octubre. En Diputados, el debate del Presupuesto 2027 continúa en comisión, y rectores y legisladores opositores buscan incluir allí las partidas de la ley.

LECTURA

Los números muestran que el reclamo universitario no es aislado: forma parte de una baja de casi la mitad de la plata nacional para educación, que también llegó a las escuelas con el fin del FONID. Mi lectura es que el Gobierno eligió ganar tiempo —veto, promulgación condicionada, apelación— y que esa estrategia hoy le resulta barata. Un año de multa suma 36,5 millones de pesos: menos del 0,002% de los 2,46 billones que, según la UNL, faltan para cumplir la ley en 2027. La discusión sobre si hay o no hay plata es legítima, pero el Congreso ya la saldó dos veces con dos tercios. Lo que queda en juego ahora es si una ley y una orden judicial firme se cumplen.

Fuentes