OTRA EMPRESA PÚBLICA REMATADA

Entregan hasta el agua: AySA se vende por 340 millones de dólares, sin precio base y con la tasación en secreto

El Gobierno abrió las ofertas por el 90% de la empresa de agua y cloacas del área metropolitana y la mejor quedó un tercio por debajo de lo que había anticipado. La operación se suma a la concesión de las rutas y antecede a la de los trenes de carga y las centrales nucleares: un programa de ventas pensado para pagar deuda.

Ilustración digital generada con IA para En Orsai.

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Viernes 09 de octubre de 2026 | 11:58

Por Javier «El Profe» Romero - fecha 09/10/2026

El Ministerio de Economía abrió el jueves 8 de octubre los sobres económicos de la licitación por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX ofreció 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones; el grupo Roggio, 285 millones. Como la diferencia superó el 5%, no hubo pedido de mejora y el primero quedó en condiciones de ser adjudicado. Es la mayor privatización del gobierno de Javier Milei y devuelve el servicio a manos privadas veinte años después de la rescisión del contrato de Aguas Argentinas.

LOS HECHOS

La licitación pública nacional e internacional N.º 504/2-0003-LPU26 se hizo en varias etapas y sin precio base: una vez aprobadas las propuestas técnicas, ganaba la oferta económica más alta. El 10% restante de la compañía seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, que administra el sindicato de Obras Sanitarias.

El resultado quedó lejos de las previsiones oficiales. Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, había dicho al diario Ámbito que se recibirían 500 millones de dólares «como mínimo». La oferta ganadora es 32% menor. Según fuentes de la negociación citadas por El Cronista, la operación valúa a la empresa entera en 447 millones de dólares: 377 millones de capital y 70 millones de deuda, de la que se harán cargo los accionistas actuales.

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Falta la adjudicación formal. El trámite sigue con la vista del expediente, el plazo de impugnaciones, el dictamen, la resolución, el pago y la firma del contrato, previstos entre octubre y noviembre.

El comunicado oficial justificó la venta en estos términos: «AySA era un modelo de disfunción administrativa». Según Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares y, aun así, un tercio del área concesionada no tiene agua potable ni cloacas, el agua no contabilizada llega a 42% y la morosidad pasó de 4% a 16%.

QUIÉNES COMPRAN

El consorcio lo encabeza Rowing, empresa de logística y construcción de Walter Román. Lo integran Transclor, de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, designada operador técnico, y PHX Aqua, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.

Filiberti no es un recién llegado: Transclor provee a AySA de insumos para potabilizar el agua desde 2009, y el empresario es además accionista de Edenor y de Metrogas. Si la adjudicación se concreta, el mismo nombre estará en las empresas de agua, luz y gas del área metropolitana. El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que AySA es uno de los grandes consumidores de electricidad de la región, de modo que un mismo grupo quedaría de los dos lados de esa relación comercial.

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Martello señaló otro punto: Rowing forma parte del holding Equo Capital, y dos sociedades de ese grupo, Direct Group y Lógico, aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las legislativas de 2025, con un día de diferencia. Según Ámbito, el dato consta en los registros públicos de la Cámara Nacional Electoral. El defensor pidió que se determine si esos aportes se ajustaron a la normativa.

El vínculo con Edenor suma otro dato. A fines de septiembre, dentro de la ley de medidas energéticas que recortó el régimen de zona fría, el Congreso aprobó una compensación cruzada que condona deudas de las distribuidoras con la mayorista eléctrica CAMMESA por unos 750 millones de dólares: 450 millones de Edenor y 300 millones de Edesur, según Ámbito. Eran obligaciones reconocidas y con planes de pago de hasta ocho años. A cambio, las empresas renunciaron a reclamos por congelamientos tarifarios de hasta 3.000 millones de dólares, que el Estado no reconocía como deuda. Los otros dueños de Edenor, José Luis Manzano y Daniel Vila, no participan de la compra de AySA. La comparación de montos es, de todos modos, elocuente: lo condonado a Edenor supera lo que el consorcio ofreció por la empresa de agua.

La brasileña Arcos, por su parte, opera el servicio de agua de Río de Janeiro, donde acumula multas y reclamos de usuarios, de acuerdo con elDiarioAR.

LA TASACIÓN QUE NADIE VIO

El punto más discutido es el valor de referencia. La valuación de AySA no estuvo a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación sino de una unidad creada en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y sus informes no se difundieron.

El miércoles, las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones, denunciaron a Chaher y al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Sostienen que el Poder Ejecutivo «armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente». Y agregan: «AySA se licita "sin base" por lo que, con su tasación bajo secreto, no hay ningún parámetro público para juzgar si la mejor oferta es aceptable».

«Cuando se vende un activo, nosotros queremos saber perfectamente cuál es su método de valuación», dijo Capitanich a Ámbito. La denuncia está en trámite; no hay imputaciones.

LO QUE EXIGE EL CONTRATO

La concesión es por treinta años, con posibilidad de extenderla diez más. Para 2027-2031 el contrato fija un plan obligatorio de 2,89 billones de pesos a valores de diciembre de 2025, unos 2.000 millones de dólares: 1,13 billones en obras, 1,15 billones en mantenimiento y el resto en mejoras y operación. El consorcio informó que se compromete a invertir 1.940 millones de dólares en cinco años y 15.040 millones en las tres décadas.

Las metas de cobertura son más modestas que los montos. Hoy el servicio llega al 75% de la población del área en agua y al 63,4% en cloacas, según citó Capitanich. El contrato pide 75,3% y 63,9% para 2031, y 90% y 75% como mínimo al final del plazo. La universalización no está dentro de los treinta años: una proyección de la propia AySA, publicada por elDiarioAR, ubica el 100% de agua potable en cuarenta años y el de cloacas cinco años después.

En materia de tarifas, el esquema establece que durante el primer quinquenio se mantengan constantes en términos reales, es decir que acompañen la inflación, aunque admite excepciones. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, en la que se tratará el pedido de reducir de once a cinco los coeficientes zonales con los que se calcula la boleta. Martello sostuvo que, según información del propio ente, esa recategorización podría significarle al adjudicatario 93 millones de dólares adicionales por año. «Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar», dijo.

CÓMO LLEGÓ LA EMPRESA A LA VENTA

AySA no se vende en rojo. Desde diciembre de 2023 la gestión de Alejo Maxit eliminó los subsidios a la tarifa y aplicó aumentos que, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), llevaron la tarifa promedio a subir 418% hasta abril de 2026. Este año los ajustes fueron de 4% mensual entre enero y abril y de 3% entre mayo y agosto. La dotación bajó de 7.790 a 6.069 empleados, una reducción de 22%.

Con esos cambios la compañía tuvo en 2024 el primer superávit operativo de su historia y cerró 2025, según cifras oficiales citadas por iProfesional, con un resultado neto positivo de 237.000 millones de pesos.

El antecedente pesa en la discusión. Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912, se privatizó en 1993 como Aguas Argentinas, bajo control de la francesa Suez. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado rescindió ese contrato por incumplimientos y creó AySA.

UN PROGRAMA, NO UNA VENTA SUELTA

AySA es una pieza de un plan más grande. El miércoles 7, un día antes de la apertura de sobres, Caputo firmó la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones: más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales quedaron en manos de operadores privados, que las mantienen con peajes y con beneficios impositivos a cuenta de Ganancias e IVA. El 11 de noviembre se abren las ofertas por el Belgrano Cargas y las líneas San Martín y Urquiza. Para 2027 quedan las centrales térmicas de ENARSA y el 44% de Nucleoeléctrica, la operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse.

El destino de la plata está escrito en el programa financiero oficial: unos 2.300 millones de dólares por privatizaciones y concesiones, para reforzar reservas y pagar vencimientos. La proporción ayuda a medirlo. Las represas del Comahue (707 millones), Transener (356) y AySA (340) suman 1.403 millones de dólares. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 la deuda externa pasó de 285.951 a 327.855 millones, según el INDEC: creció 41.904 millones. Lo vendido equivale al 3,3% de ese aumento.

En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones otorga treinta años de beneficios fiscales y cambiarios a los proyectos de minería e hidrocarburos. La economista Marina Dal Poggetto estimó en 8.500 millones de dólares lo que el Estado dejaría de recaudar, un cálculo que otros economistas discuten.

UNA LECTURA

Hasta acá, los hechos. Lo que sigue es opinión.

Entregan hasta el agua, y no es una venta aislada. El orden de los pasos es el mismo en cada caso: primero el ajuste, que pagan los usuarios y los trabajadores; después la venta, sin precio mínimo y sin mostrar la tasación; al final, la plata va a la deuda. Nos empobrecen, nos endeudan y, cuando el crédito se agota, rematan lo que es de todos. Ayer fueron las rutas, hoy es el agua, mañana será Atucha.

Puede que 340 millones sea un precio razonable. No hay forma de saberlo, y ese es el problema. Un Estado que vende el agua de 14 millones de personas tiene que poder mostrar la cuenta. Mientras no la muestre, la sospecha no la instala la oposición: la instala el secreto.

Fuentes

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