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El Departamento de Estado de EE.UU. Instala en la Argentina su Unidad Regional Antidrogas

La oficina INL tendrá base en el país, con USD 7,5 millones para proyectos locales y 5,85 millones para la región. El Gobierno lo presenta como un paso en la alianza estratégica con Washington. El anuncio se suma a otros acuerdos con Estados Unidos y con el FMI en economía, justicia, defensa y recursos naturales, mientras el Congreso debate un proyecto de “Soberanía Nacional”.

La instalación de una oficina extranjera con funciones de inteligencia

La instalación de una oficina extranjera con funciones de inteligencia


Miercoles 07 de octubre de 2026 | 09:27

Por Javier “El Profe” Romero | EnOrsai | 6 de octubre de 2026

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció el 5 de octubre que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tendrá una unidad regional con base en la Argentina. Desde el país coordinará acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en el resto de Latinoamérica.

Según la información oficial, Washington aprobó más de USD 13 millones para la iniciativa. De ese total, USD 7,5 millones se destinarán a equipamiento, capacitación y proyectos en la Argentina, y USD 5,85 millones a programas regionales con participación argentina.

Qué hará la unidad

El Ministerio informó que la cooperación incluirá intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y “trabajo operativo conjunto”. En el anuncio participó el administrador de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Terry Cole.

La ministra Alejandra Monteoliva lo comunicó en sus redes: “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”. Sostuvo que la inversión multiplica “por diez” la cooperación previa y cerró con la consigna “Ley y orden”, el mismo lema que usa el presidente Donald Trump.

Según esa comparación, la cooperación anterior rondaba los USD 750.000. El Gobierno no informó si la unidad requerirá un acuerdo formal aprobado por el Congreso ni cuántos funcionarios estadounidenses trabajarán en ella.

Qué es INL

INL es la oficina del Departamento de Estado que financia programas antidrogas y de “aplicación de la ley” en otros países. Equipa fuerzas de seguridad y capacita a policías, fiscales y jueces.

En la Argentina ya tenía actividad. En mayo de 2026 coorganizó, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Asociación de Jueces Federales y el Ministerio de Justicia, jornadas sobre gestión de investigaciones de crimen organizado para más de 40 jueces, fiscales y funcionarios federales, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La seguridad, en la agenda bilateral

El anuncio llega dos meses después de que Buenos Aires fuera sede, por primera vez, de la Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC), coorganizada por el Gobierno y la DEA. En ese encuentro, Cole calificó a la Argentina como “un modelo para la región” y prometió que la agencia seguiría “invirtiendo recursos” en el país.

En el plano militar, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 autorizó en septiembre de 2025 el ingreso de 30 efectivos de las fuerzas especiales navales de Estados Unidos para el ejercicio “Tridente” en Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. La Constitución asigna al Congreso la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras. El Poder Ejecutivo argumentó que la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto a tiempo. En septiembre de 2026, la Armada confirmó que marines estadounidenses entrenaban en Ushuaia.

En abril de 2024, el presidente Javier Milei anunció en Ushuaia, junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, una base naval conjunta con Estados Unidos. El vocero Manuel Adorni afirmó que la obra convertiría a “la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco”. El Ministerio de Defensa informó luego al Congreso que no existe un acuerdo con Estados Unidos para construir una base conjunta y que el proyecto es “de ejecución y control exclusivo del Estado Argentino”.

Economía y recursos

La relación con Washington también abarca la economía. En octubre de 2025, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un swap de USD 20.000 millones con la Argentina. Trump condicionó luego la ayuda al resultado electoral de La Libertad Avanza. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) lo calificó como “un acto flagrante de extorsión contra la Nación Argentina”. Se utilizaron USD 2.500 millones, que fueron devueltos en enero de 2026.

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La Argentina es, además, el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, con USD 59.147 millones: el 35% de la cartera del organismo. En octubre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el FMI instaló su oficina de representación dentro del Banco Central, en el tercer piso. Hoy funciona en el microcentro porteño.

El 23 de septiembre, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) firmó con la Argentina un marco de financiamiento de hasta USD 7.000 millones hasta 2027. Está destinado a minerales críticos, seguridad energética, conectividad digital y tecnologías espaciales, en línea con la Iniciativa de Resiliencia de las Cadenas de Suministro de Estados Unidos.

El debate por la soberanía

Los anuncios coinciden con el debate del proyecto de “Soberanía Nacional” que el Gobierno envió al Congreso. La iniciativa prevé sanciones a empresas que operen ilegalmente en Malvinas, amplía la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y refuerza el rol del Consejo de Seguridad Nacional.

La oposición la cuestionó. El exministro de Defensa Agustín Rossi la calificó como “una trampa” para modificar la seguridad nacional. Esteban Paulón (Encuentro Federal) advirtió que representa “un riesgo para la democracia”. Agustina Propato (Unión por la Patria) señaló la contradicción entre el discurso de soberanía y la presencia militar extranjera en Tierra del Fuego.

Hasta el cierre de esta nota no se conocían pronunciamientos de bloques legislativos específicamente sobre la unidad regional de INL.

Las preguntas pendientes

La instalación de una oficina extranjera con funciones de inteligencia criminal y trabajo operativo conjunto abre interrogantes que el Gobierno no respondió: qué acuerdo la respalda, qué controles tendrá el Congreso, qué información compartirá y con qué límites, y quién define las prioridades de las investigaciones. Son preguntas que el Poder Legislativo debería exigir que se respondan antes de que la unidad empiece a funcionar.

Fuentes y respaldo para edición

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