AJUSTE Y PRECARIZACIÓN EDUCATIVA

Mendoza: denuncian el cierre masivo de cargos en Educación Especial y persecución a directivos

A través de la Resolución 100-DEE-2026, el Gobierno de Mendoza avanza con la supresión de cargos en escuelas especiales. La comunidad educativa denuncia la interrupción de la continuidad pedagógica de niños con discapacidad, precarización laboral sistemática y persecución administrativa a directivos.

Ilustración editorial generada con inteligencia artificial

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Miercoles 28 de octubre de 2026 | 19:54

Por Redacción En Orsai | Miércoles 28 de octubre de 2026

Un nuevo capítulo del ajuste educativo sacude a la provincia de Mendoza. Comunidad educativa, docentes y equipos técnicos encendieron las alarmas ante la firma de la Resolución N.° 100-DEE-2026 por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE), que dispone la eliminación y cierre de decenas de cargos docentes y profesionales en más de 40 escuelas de Educación Especial a partir del 31 de enero de 2027.

La medida —dada a conocer inicialmente por el portal mendocino La Ventana San Rafael— abarca desde maestros de grado dedicados a la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva, hasta integrantes de los equipos técnicos multidisciplinarios (psicopedagogos, psicólogos y fonoaudiólogos) y talleres de formación profesional.

Puntos clave del conflicto:

  • Alcance territorial: El tijeretazo afecta a más de 40 establecimientos ubicados en departamentos del sur mendocino como San Rafael y Malargüe, así como en escuelas del Gran Mendoza.
  • Lógica de precarización: Denuncian que la DGE cierra los cargos en diciembre, deja a los profesionales sin salario durante el receso de verano y recién autoriza la reapertura de vacantes hacia mayo o junio.
  • Persecución y censura: Directivos escolares advierten de forma reservada un clima de "temor a represalias administrativas" que frena la denuncia pública del recorte.
  • Vulneración normativa: La resolución avasalla el Estatuto del Docente de Mendoza (Ley Provincial N.° 4.934), la Ley de Educación Nacional N.° 26.206 y parámetros pedagógicos históricos.

Un circuito perverso: despidos en verano y aulas vacías

Uno de los ejes más graves expuestos por los trabajadores es el mecanismo recurrente de flexibilización. Según denunciaron en un comunicado conjunto, el Gobierno escolar mantiene una "lógica nefasta" que interrumpe la estabilidad laboral y económica del docente, pero que impacta con mayor dureza en los estudiantes.

“¿Qué estabilidad económica y laboral puede tener un docente bajo estas condiciones? Pero además, ¿qué continuidad pedagógica se le garantiza a un niño con discapacidad si la DGE le cambia el maestro a mitad de año o lo deja meses sin atención?”, cuestionaron desde los equipos pedagógicos.

En el área de la Educación Especial, donde los procesos de aprendizaje requieren de vínculos estables, planificaciones individualizadas y equipos interdisciplinarios afianzados, la falta de docentes durante el primer cuatrimestre del año rompe de manera drástica el seguimiento de niños, niñas y jóvenes.

El contexto nacional: la motosierra sobre la discapacidad y la escuela pública

La decisión de la DGE mendocina no es un hecho aislado, sino la traslación provincial de la política de ajuste impuesto por el Gobierno nacional. A nivel de la Administración Pública Federal, el presupuesto destinado a la función Educación se contrajo severamente en los últimos ciclos lectivos, mientras que el área de Discapacidad sufre embates sistemáticos:

  • Caída del presupuesto educativo: Los fondos destinados a programas de educación obligatoria sufrieron una poda de más del 30% en términos reales respecto a años anteriores.
  • Desmantelamiento de la ANDIS e Incluir Salud: La Agencia Nacional de Discapacidad paralizó auditorías y coberturas, generando deudas millonarias con prestadores y la interrupción en la entrega de insumos básicos y medicamentos esenciales para centros de atención.
  • Deterioro de haberes: Las pensiones no contributivas por invalidez acumulan una contracción real superior al 11% en los últimos dos años, arrastrando a miles de familias con personas con discapacidad por debajo de la línea de indigencia.

Miedo a represalias y vaciamiento de las instancias de participación

Otro elemento constitutivo del reclamo es la imposición autoritaria de la norma. Los docentes remarcan que la Resolución 100-DEE-2026 fue redactada en despachos oficiales sin convocar a los directivos de las escuelas especiales, quienes conocen de primera mano las necesidades del aula.

A esta falta de diálogo se suma un clima de hostigamiento administrativo. Directivos y supervisores evitan hacer declaraciones públicas por temor a sanciones disciplinarias o traslados arbitrarios, una práctica que bloquea la visibilización del conflicto. Ante este panorama, los trabajadores exigieron la derogación inmediata de la norma y le reclamaron al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la activación urgente de acciones legales y un plan de lucha en las calles.

El vaciamiento de la Educación Especial deja al descubierto la verdadera prioridad de las políticas de ajuste: el ahorro fiscal a costa de los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Fuentes

  • Informe especial de La Ventana San Rafael ("Educación Especial en Mendoza: denuncian cierre de cargos, precarización laboral y miedo a represalias", 22/10/2026).
  • Resolución N.° 100-DEE-2026 de la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia de Mendoza.
  • Datos de ejecución presupuestaria nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e informes educativos.
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