Zona Fría: Juez y Álvarez Rivero votaron el recorte que impactará en 680 mil hogares de Córdoba

El Senado aprobó el recorte al régimen de Zona Fría

El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría durante la sesión del 24 de septiembre, con 38 votos a favor, 8 en contra y 26 ausencias. La votación se produjo luego de que buena parte del peronismo abandonara el recinto con el objetivo de impedir que se reuniera el quórum necesario para tratar la iniciativa.

El nuevo esquema modifica la ampliación aprobada en 2021, cuando el beneficio había alcanzado a más de tres millones de hogares de distintas provincias. La reforma concentra el subsidio automático en la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en otras zonas el acceso queda sujeto a criterios vinculados con los ingresos familiares y el nivel de consumo.

El cambio tiene una consecuencia concreta para Córdoba: 13 departamentos que habían sido incorporados al régimen ampliado quedan alcanzados por la modificación.

Juez y Álvarez Rivero votaron a favor

Los senadores cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero votaron afirmativamente la reforma. En cambio, Alejandra Vigo no participó de la votación. La senadora había manifestado previamente su rechazo al proyecto, al igual que el gobernador Martín Llaryora.

La votación volvió a instalar una discusión sobre la posición de los representantes cordobeses frente a una medida que tendrá impacto directo sobre usuarios de la provincia.

Según estimaciones difundidas por organismos y autoridades provinciales, alrededor de 680.000 hogares cordobeses quedarían alcanzados por el cambio. Una exposición legislativa provincial había calculado que el impacto abarcaría a unos 680.000 hogares y que, durante los meses de mayor consumo, podrían registrarse incrementos netos de hasta $20.000 mensuales en determinados casos.

Otros medios provinciales sitúan el universo afectado en aproximadamente 688.000 familias. La diferencia responde a las distintas estimaciones utilizadas para medir el alcance del nuevo régimen.

Qué cambia en la factura de gas

El régimen de Zona Fría tiene antecedentes que se remontan al artículo 75 de la Ley 25.565. En 2021, la Ley 27.637 amplió considerablemente el universo de usuarios alcanzados y estableció descuentos que podían llegar al 50% del cuadro tarifario pleno para determinados beneficiarios.

La modificación aprobada ahora cambia esa lógica. El beneficio deja de aplicarse de manera general en buena parte de las regiones incorporadas en 2021 y pasa a estar condicionado, entre otros factores, por los ingresos del grupo familiar y por un límite de consumo considerado indispensable.

Además, el descuento queda concentrado en el componente correspondiente al costo del gas y deja fuera los conceptos asociados al transporte y la distribución. El nuevo criterio establece como referencia un ingreso familiar equivalente a tres canastas básicas para determinar el acceso al beneficio focalizado.

Esto significa que no todos los hogares que hasta ahora contaban con una bonificación conservarán necesariamente el mismo descuento.

El argumento del Gobierno: focalizar los subsidios

La reforma forma parte de una política más amplia de revisión del esquema de subsidios energéticos.

En documentos oficiales, el Gobierno sostuvo que el régimen de Zona Fría se había extendido en 2021 a más de la mitad del territorio nacional, incluyendo áreas que no necesariamente respondían al criterio climático original. También cuestionó la superposición entre distintos programas de subsidios y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema focalizado según las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

El Gobierno también señaló que el régimen ampliado había generado un costo creciente para el Estado y que el mecanismo de financiamiento original no alcanzaba para cubrir la totalidad de los beneficios. Esa es la justificación oficial para revisar el sistema y concentrar la asistencia en hogares considerados prioritarios.

Según estimaciones difundidas durante el tratamiento legislativo, la nueva configuración permitiría un ahorro fiscal anual de unos 400 millones de dólares. El Gobierno calculó además que alrededor de 1,6 millones de hogares dejarían de recibir el subsidio, mientras que sectores opositores difundieron estimaciones superiores.

Córdoba queda en el centro de la discusión

En la provincia, el impacto se concentra en 13 departamentos: Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

La discusión excede así la votación parlamentaria y se traslada directamente a las facturas de los usuarios. Las estimaciones sobre el impacto final no son uniformes: algunos informes periodísticos proyectaron aumentos de hasta 50% para determinados hogares, mientras otros cálculos locales señalaron incrementos porcentuales diferentes según el nivel de consumo y la situación tarifaria de cada usuario.

Por eso, el efecto concreto no será idéntico para todas las familias que hasta ahora estaban incluidas en Zona Fría. El resultado dependerá de los criterios de ingresos, consumo y aplicación del nuevo esquema.

La escena política después de la votación

La aprobación se produjo en un escenario particular. El peronismo se retiró del recinto antes del tratamiento con el objetivo de impedir que el oficialismo alcanzara el número necesario para avanzar. La estrategia no logró evitar la votación y el proyecto terminó aprobado por 38 votos contra 8.

En Córdoba, la ausencia de Vigo y el voto favorable de Juez y Álvarez Rivero generaron críticas de dirigentes opositores y referentes provinciales. La diputada Natalia de la Sota cuestionó públicamente el impacto de la reforma y sostuvo que cerca de 700.000 familias cordobesas quedarían sin el beneficio. Gabriela Estévez también cuestionó el respaldo de los dos senadores cordobeses al proyecto.

Esas son posiciones políticas de sus respectivos espacios y no modifican el dato central: la reforma fue aprobada y los dos senadores cordobeses mencionados votaron a favor.

El subsidio que nació para el frío y ahora cambia de alcance

La discusión sobre Zona Fría pone en tensión dos criterios diferentes para distribuir los recursos públicos.

Por un lado, el esquema original y su ampliación utilizaron fundamentalmente criterios territoriales y climáticos. Por otro, la reforma busca concentrar la asistencia en función de ingresos y consumo, dejando un beneficio general más amplio para determinadas regiones consideradas estructuralmente frías.

El debate, por lo tanto, no se reduce a una discusión sobre una tarifa. También involucra la definición de qué hogares deben recibir subsidios, cuánto debe cubrir el Estado y qué parte del costo energético debe quedar a cargo de los usuarios.

En Córdoba, esa discusión tendrá una traducción concreta en las próximas facturas. Para cientos de miles de hogares, la pregunta ya no es solamente quién votó la reforma, sino cuánto cambiará el monto que deberán pagar por el gas bajo el nuevo esquema.