Denunciaron por contrabando a pesqueras con licencias británicas que operan en las Islas Malvinas

Denuncia por contrabando y recursos pesqueros de Malvinas

Siete empresas pesqueras internacionales fueron denunciadas por presunto contrabando vinculado con operaciones realizadas bajo licencias británicas en las Islas Malvinas. La presentación sostiene que las compañías explotarían recursos pesqueros considerados argentinos y posteriormente realizarían operaciones de exportación, transbordo o descarga sin someterse al control de la Aduana argentina.

La denuncia fue presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Justicia Federal en lo Penal Económico. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal en lo Penal Económico N.º 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. El planteo alcanza a directivos y representantes de compañías internacionales y a sociedades mixtas asociadas con la actividad pesquera en las islas.

Las empresas y los barcos bajo investigación

Entre las empresas mencionadas aparecen Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. La presentación también identifica sociedades vinculadas y distintas embarcaciones relacionadas con las operaciones denunciadas.

Entre los buques señalados figuran Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza y New Polar Playa de Sartaxens.

La denuncia sostiene que estas estructuras empresariales y societarias deben ser investigadas para determinar cómo se desarrollan las operaciones y qué participación tiene cada compañía en la explotación y comercialización de los recursos pesqueros.

El punto central: cómo se manejan las capturas

El planteo judicial sostiene que podría configurarse el delito de contrabando debido a que los buques extraerían recursos pesqueros y luego realizarían operaciones sin pasar por los mecanismos de control argentinos.

La denuncia menciona posibles transbordos en alta mar y descargas en Puerto Argentino o en puertos de terceros países. También plantea que las capturas podrían ser exportadas sin intervención de la Aduana argentina y sin el pago de los derechos correspondientes.

Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, vinculados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina y distintas circunstancias agravantes.

Sin embargo, hay un límite que debe quedar claro: la presentación constituye una denuncia y no una condena. La Justicia deberá determinar si las conductas denunciadas ocurrieron efectivamente y si constituyen delitos.

La lupa también apunta a los controles argentinos

Uno de los aspectos más sensibles de la presentación es que no solamente apunta contra las empresas pesqueras. Los denunciantes también solicitaron investigar el funcionamiento de los controles estatales sobre esas operaciones.

Para ello, pidieron información a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero sobre los avistamientos e identificaciones de las flotas relacionadas con las compañías denunciadas.

También solicitaron información a la Dirección General de Aduanas para determinar si existieron operaciones de exportación y si fueron abonados los derechos correspondientes por las capturas obtenidas en el área cuestionada.

La Inspección General de Justicia podría aportar, a su vez, información sobre las sociedades, sus vínculos y las relaciones existentes entre compañías internacionales y sociedades mixtas radicadas en las islas.

¿También podrían investigarse funcionarios?

La denuncia incorpora otro elemento políticamente incómodo: reclama determinar si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por una supuesta falta de vigilancia, patrullaje o promoción de acciones destinadas a perseguir las operaciones denunciadas.

Así, el expediente podría terminar abriendo dos frentes de investigación. Por un lado, las actividades desarrolladas por las empresas pesqueras; por otro, la respuesta y los controles ejercidos por el Estado argentino.

Una disputa que también es económica

La explotación pesquera alrededor de las Malvinas no constituye solamente una discusión diplomática o territorial. La denuncia coloca en primer plano el valor económico de los recursos que son extraídos y comercializados mediante operaciones vinculadas con las islas.

Un informe del Observatorio Malvinas de la Legislatura de Río Negro estimó un promedio anual de 250.000 toneladas de productos pesqueros exportados desde las islas durante el período analizado. El mismo documento calculó que entre 1976 y 2020 se habrían extraído aproximadamente 10,8 millones de toneladas, con una valoración estimada en 28.000 millones de dólares.

Esas cifras pertenecen al informe citado y no constituyen una conclusión de la causa judicial iniciada ahora. Su incorporación permite, sin embargo, dimensionar la magnitud económica que el documento atribuye a la explotación pesquera vinculada con Malvinas.

El antecedente que incomoda al Gobierno de Milei

El expediente adquiere una dimensión política particular porque aparece mientras el Gobierno de Javier Milei analiza medidas relacionadas con empresas que desarrollan actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas.

Según las fuentes relevadas, el Ejecutivo estudia incorporar la actividad pesquera a un paquete legislativo relacionado con las operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

Pero existe un antecedente que vuelve especialmente incómoda la discusión. Durante el debate de la Ley Ómnibus en 2024, el Gobierno había impulsado modificaciones a la Ley Federal de Pesca que incluían la eliminación del artículo 27 bis.

Ese artículo establece restricciones para empresas que mantengan relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional. La norma contempla también determinadas relaciones indirectas mediante sociedades vinculadas o controladas.

El contraste es evidente: mientras ahora vuelve a discutirse el endurecimiento de las medidas contra actividades pesqueras vinculadas con Malvinas, aquella reforma impulsada por el Gobierno libertario había planteado quitar una herramienta legal utilizada para limitar esos vínculos.

La cuestión que queda planteada

La denuncia coloca nuevamente bajo discusión una pregunta que excede a las empresas señaladas: qué hace efectivamente la Argentina para controlar la explotación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y qué consecuencias tienen las operaciones realizadas bajo licencias británicas en las islas.

La Justicia deberá establecer si hubo contrabando, exportaciones clandestinas, evasión de controles aduaneros y eventuales responsabilidades de funcionarios. También deberá determinar qué recursos fueron capturados, dónde fueron descargados o exportados y cuál fue la participación concreta de cada empresa.

El caso expone, además, una contradicción política difícil de ignorar. Mientras la soberanía sobre los recursos naturales vuelve a ocupar el discurso oficial, las discusiones sobre regulación, controles y sanciones muestran que la defensa efectiva de esos recursos no se juega solamente en declaraciones diplomáticas: también depende de las herramientas legales y de la capacidad concreta del Estado para hacerlas cumplir.

Fuentes

Infobae. (2026, 14 de septiembre). Denunciaron a empresas pesqueras que operan en el mar argentino con autorizaciones británicas desde Malvinas. Infobae.

TN. (2026, 14 de septiembre). Malvinas: denunciaron a empresas pesqueras por operar en el mar argentino con licencias británicas de Malvinas. TN.

Diario Crónica. (2026, 14 de septiembre). Denuncian por contrabando a pesqueras internacionales que operan con licencias británicas en las Islas Malvinas. Diario Crónica.

Río Negro. (2026, 14 de septiembre). Islas Malvinas: denuncian por contrabando a pesqueras que operan en el mar argentino con licencias británicas. Río Negro.

Observatorio Malvinas de la Legislatura de Río Negro. (2026). Pesca, industria y soberanía nacional. Legislatura de Río Negro.