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Pagano denunció fondos sin control y reclamó investigar su destino.

Una denuncia que busca seguir el rastro del dinero

Marcela Pagano amplió públicamente sus cuestionamientos sobre el manejo de fondos fiduciarios y recursos destinados a obras públicas durante el Gobierno de Javier Milei. En una serie de publicaciones realizadas el 18 de agosto, sostuvo que la denuncia que había iniciado por los fondos de las rutas era apenas “la punta del iceberg”.

Según la legisladora, el problema no se limitaría a las rutas. Afirmó que el mismo esquema habría alcanzado al agua, los trenes, los colectivos y fondos que fueron disueltos, y planteó una pregunta que atraviesa toda su denuncia: quién recibió los recursos, bajo qué criterios y cuándo.

“Cada vez que cargás nafta pagás el Fondo Hídrico”, sostuvo Pagano, al referirse a los recursos destinados a obras vinculadas con la prevención de inundaciones.

$375 mil millones y obras hídricas paralizadas

Uno de los puntos centrales de sus publicaciones está relacionado con el Fondo Hídrico. Pagano afirmó que la Ley 26.181 establece que esos recursos son intangibles y señaló que desde 2024 se habrían juntado $375 mil millones, de los cuales, según su denuncia, solamente se habría ejecutado el 31%.

La diputada agregó que el 88% del fondo estaría prestado al Tesoro y vinculó esa situación con la paralización de obras. Como ejemplo, mencionó que 28 de las 49 obras hídricas se encontrarían frenadas.

El planteo adquiere especial relevancia, según la propia Pagano, por la situación del Plan Maestro del Río Salado, que señaló como detenido desde febrero de 2025. También advirtió sobre la llegada del fenómeno El Niño 2026/2027 y cuestionó que recursos destinados a infraestructura hídrica puedan permanecer colocados en instrumentos del Tesoro.

El argumento oficial sobre el equilibrio fiscal

Pagano también apuntó contra las explicaciones oficiales vinculadas con el equilibrio fiscal. Citó declaraciones atribuidas a Sturzenegger, quien habría definido a los fondos fiduciarios como un mecanismo para generar “caja” y sostuvo que la obra pública “no vuelve más”.

La legisladora cuestionó esa lógica y afirmó que el problema no sería el equilibrio fiscal en sí mismo, sino el supuesto uso de recursos con una finalidad determinada para otro destino. En ese sentido, sostuvo que si el Gobierno pretende eliminar un impuesto debería enviar una ley al Congreso para que sea discutida.

Su crítica apunta directamente a una cuestión institucional: la diferencia entre modificar legalmente un tributo y continuar cobrándolo mientras, según su denuncia, los recursos se utilizan para una finalidad diferente.

Trenes, colectivos y fondos disueltos

La denuncia también alcanzó al sistema ferroviario. Pagano afirmó que el SIFER habría repartido el 69% de los recursos y retenido un tercio del dinero.

Respecto de los subsidios al transporte, planteó interrogantes sobre el destino de fondos vinculados con SISTER, RCC y CCP. La pregunta que dejó abierta fue quién cobró, bajo qué criterio y en qué momento.

También mencionó fondos disueltos, entre ellos PROCREAR, recursos vinculados con incendios y el FFFIR, y reclamó conocer qué ocurrió con los remanentes luego de su disolución.

El caso del FFFIR

En relación con el FFFIR, Pagano afirmó que la propia SIGEN habría encontrado pérdidas. Según su publicación, se trataría de plazos fijos que habrían quedado por debajo de la inflación.

La legisladora cuestionó así que recursos destinados a obras para las provincias pudieran haber perdido valor financiero mientras, según su planteo, se reclamaba a la población realizar esfuerzos económicos.

El “superávit” bajo la lupa

Otro de los ejes de la denuncia fue el superávit fiscal. Pagano sostuvo que parte de ese resultado se sostendría mediante fondos destinados a obras que no habrían sido ejecutados.

En particular, afirmó que existirían casi 4.000 millones de dólares en fondos con destino específico sin ejecutar durante tres años. Para la diputada, la situación representa una contradicción entre cobrar recursos afectados a determinadas finalidades y no realizar las obras correspondientes.

La frase que utilizó para sintetizar su cuestionamiento fue contundente: “cobrarte el peaje y no hacerte el camino”.

Pedido de informes y ausencia de auditorías

Pagano informó además que presentó siete pedidos de informes dirigidos a Economía, Banco Nación, Vialidad, ARCA, SIGEN y AGN. El objetivo, según explicó, es reconstruir el recorrido de los recursos “peso por peso”.

La legisladora pidió conocer cuánto dinero ingresó, dónde fue colocado, quién firmó cada orden, quién recibió los pagos y en qué fecha.

Uno de sus cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la SIGEN. Según afirmó, el organismo no habría auditado estos fondos durante los últimos años. “Billones de pesos moviéndose sin que nadie controle”, sostuvo, y preguntó quién decidió que no fueran examinados.

Una nueva denuncia penal en Comodoro Py

La ofensiva de Pagano no quedó limitada a pedidos de información. La diputada anunció una nueva denuncia penal en Comodoro Py por presunta malversación, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

Además, pidió que esa presentación sea conectada con su causa relacionada con el SISVIAL. De esta manera, busca ampliar el alcance de una investigación que, según su propio relato, comenzó con los fondos vinculados a las rutas y ahora se extiende hacia distintos mecanismos de financiamiento público.

Pagano insistió en que su objetivo es reconstruir el destino de los recursos públicos y sostuvo que la soberanía también consiste en que el dinero aportado por la ciudadanía pueda ser verificable.

La disputa por el destino de los recursos públicos

La denuncia coloca nuevamente en el centro de la discusión la administración de fondos afectados a obras y servicios públicos. Las afirmaciones de Pagano deberán ser contrastadas en las instancias institucionales correspondientes, pero los interrogantes planteados apuntan directamente a la trazabilidad de recursos que, según su denuncia, tenían destinos específicos.

El conflicto también expone una tensión política de fondo entre la búsqueda del equilibrio fiscal y la obligación de garantizar el destino de los recursos establecidos por ley. La pregunta que queda abierta es tan sencilla como incómoda: si el Estado cobra dinero para financiar una obra determinada, ¿dónde termina ese dinero cuando la obra no se ejecuta?

La propia Pagano resumió su posición al señalar que empezó por las rutas y que seguirá “cada peso”. Ahora serán los organismos de control y la Justicia, en caso de avanzar las presentaciones, los que deberán determinar qué hay detrás de cada una de las acusaciones formuladas.

Fuentes

Pagano, M. (2026, 18 de agosto). Publicaciones realizadas en X sobre fondos fiduciarios, obras públicas, fondos hídricos, trenes y pedidos de informes