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Pagano denunció pagos millonarios a gobernadores antes de votaciones

Pagano denunció un supuesto mecanismo de pagos por votos

La diputada y periodista Marcela Pagano lanzó una serie de publicaciones en X en las que denunció que el Gobierno de Javier Milei habría utilizado fondos públicos para obtener respaldo político en distintas votaciones legislativas.

“Los ‘aliados’ recibieron plata a cambio”, afirmó Pagano al iniciar el hilo, donde sostuvo que cada voto habría sido acompañado por transferencias de dinero a gobernadores. La legisladora calificó el mecanismo denunciado como “ilegal, inmoral e ilegítimo” y aseguró que detallaría quiénes recibieron los fondos y cuánto dinero.

Según Pagano, el dinero habría surgido de la recaudación del impuesto al combustible. La diputada sostuvo que, por ley, esos recursos solamente pueden utilizarse para la construcción y mantenimiento de rutas, pero afirmó que durante la gestión de Milei fueron distribuidos a sectores que acompañaron proyectos oficiales.

La acusación coloca en el centro de la discusión el manejo de recursos públicos y el vínculo entre las transferencias a las provincias y las votaciones legislativas. No se trata, según la publicación de Pagano, de una coincidencia administrativa, sino de un mecanismo que la legisladora considera deliberado.

Una “lista de precios” para las leyes

Uno de los ejes de la denuncia es la comparación entre las fechas de votación y los pagos realizados. Pagano aseguró que durante los días en que se votaron determinadas leyes se liberaron 3,44 veces más pagos que durante el resto del mes.

La diputada presentó esas cifras como indicio de una presión política ejercida sobre los gobernadores antes de las votaciones. Según su planteo, después de que los proyectos eran aprobados se liberaban fondos cuyo destino, sostuvo, no se correspondía necesariamente con obras viales visibles.

En ese marco, publicó lo que denominó una “lista de precios” de distintas leyes. Para la Reforma Laboral, señaló un monto de $17.139 millones, correspondiente al período del 11 al 13 de febrero. Para la Ley de Glaciares, indicó $12.551 millones, entre el 8 y el 10 de abril.

También vinculó $14.096 millones con la ley denominada en sus publicaciones como Hojarasca y zonas frías, entre el 19 y el 21 de mayo.

La misma comparación incluyó medidas legislativas y votaciones de 2024 y 2025. Pagano mencionó $11.275 millones asociados a la Ley Bases, en junio de 2024, y $6.596 millones vinculados al DNU del FMI destinado a Santa Cruz, cuyo pago, según señaló, se produjo 48 horas después.

También mencionó $7.895 millones relacionados con la denominada Ficha Limpia y la vialidad de Jujuy, con un pago realizado el mismo día, además de $20.983 millones vinculados a los vetos sobre jubilados y personas con discapacidad.

Los gobernadores señalados por Pagano

En otra publicación, la diputada identificó a tres gobernadores y detalló los montos que, según su denuncia, habrían recibido mediante mecanismos vinculados a obras viales.

Pagano señaló al gobernador de Jujuy, Sadir, con $11.987 millones canalizados mediante la empresa vinculada a la Ruta Nacional 34. Según la publicación, el 97,5% de ese monto habría sido cobrado durante días de votación.

También mencionó a Rovira, de Misiones, con $13.493 millones a través de una UTE vinculada a la Ruta 105. En el caso de Jaldo, de Tucumán, señaló $2.322 millones destinados a su vialidad provincial, distribuidos en tres ventanas de pago.

Pagano sostuvo que, en las votaciones correspondientes, los legisladores de esos gobernadores acompañaron al Gobierno. “Todas las veces”, afirmó, estableciendo así una relación directa entre los fondos y el comportamiento legislativo que denuncia.

La acusación adquiere mayor fuerza política por el contraste que la propia diputada plantea: mientras se habrían liberado fondos alrededor de las sesiones del Congreso, las obras para las cuales supuestamente estaban destinados esos recursos presentarían demoras.

“La ruta no te la arreglan”

El caso de Tucumán fue utilizado por Pagano para cuestionar la efectividad de los fondos destinados a infraestructura. Según afirmó, la Ruta 307 de Tucumán lleva tres años de atraso y menos del 20% estaría ejecutado, pese a que los pagos se realizarían puntualmente durante las jornadas de sesión.

La crítica apunta así al destino efectivo del dinero. Si los recursos fueron justificados bajo la necesidad de sostener obras viales, la denuncia plantea una pregunta política incómoda: ¿qué ocurrió con las rutas si el dinero efectivamente fue girado?

Pagano fue todavía más directa al sintetizar su acusación: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”. En esa misma publicación afirmó que más de $1 billón de la caja permanece colocado en plazos fijos.

La diputada citó además una explicación atribuida a Ravier, según la cual parte de esos fondos estaría a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal. Pagano interpretó esa afirmación como un reconocimiento de que el dinero recaudado para las rutas no estaría siendo utilizado con ese destino específico.

Una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación

La serie de publicaciones terminó con una afirmación de mayor gravedad institucional. Pagano aseguró que realizó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación.

La legisladora sostuvo que solicitó que cada certificado contenga la fecha de aprobación, la fecha de pago y la firma de quien liberó los fondos. El objetivo, según explicó, es poder reconstruir documentalmente la secuencia entre las transferencias y las votaciones.

Pagano también afirmó que se trata de la misma caja vinculada a la causa Vialidad y sostuvo que ese expediente ya tiene una condena firme. La referencia forma parte de su argumentación y no implica, por sí misma, una acreditación judicial de las nuevas acusaciones que realizó contra el Gobierno.

El problema político detrás de los números

La denuncia de Marcela Pagano introduce una acusación particularmente sensible: que recursos públicos destinados a infraestructura podrían haber sido utilizados como herramienta de negociación política para garantizar votos legislativos.

Las cifras expuestas en sus publicaciones buscan mostrar un patrón temporal. Según la diputada, los pagos aumentaban alrededor de las jornadas en que el Congreso debía votar proyectos impulsados por el Gobierno de Milei.

El dato más contundente de su planteo es precisamente ese: 3,44 veces más pagos durante los días de votación que durante el resto del mes. Para Pagano, esa concentración temporal no sería casual y constituiría una señal de cómo se habría construido el respaldo político.

La denuncia deja planteado un interrogante que excede una discusión partidaria: si fondos creados para financiar infraestructura vial fueron utilizados con otros objetivos, el problema no sería solamente político, sino también institucional y económico.

Por ahora, los datos expuestos en las publicaciones corresponden a la denuncia formulada públicamente por Pagano. La propia diputada planteó que la documentación sobre las fechas de aprobación, los pagos y las firmas será determinante para establecer cómo se utilizaron esos recursos.

En una Argentina atravesada por el ajuste, la discusión sobre el destino de cada peso público vuelve a quedar en el centro. Y la acusación de Pagano apunta justamente allí: no cuestiona solamente cuánto dinero se transfirió, sino si los recursos destinados a rutas terminaron funcionando como una moneda de cambio para conseguir votos.

Fuente

Pagano, M. [@Marcelampagano]. (2026, 12 de agosto). Publicaciones y hilo sobre presuntos pagos vinculados a votaciones legislativas y transferencias para obras viales [Publicaciones en X]