El Primer Congreso Nacional de Sociología denunció los intentos de censura y persecución estatal contra la investigadora del INTA Balcarce y CONICET. Alertan sobre el riesgo de exoneración tras difundir los efectos de los agrotóxicos en el organismo y el ambiente.
Defender a Virginia Aparicio implica defender el derecho de la sociedad a conocer, la salud de las comunidades, el ambiente y la función del Estado de producir políticas públicas basadas en evidencia.
Redacción En Orsai // Martes 29 de septiembre de 2026 | 08:35
Por Redacción En Orsai | Martes 29 de septiembre de 2026
Organizaciones profesionales e investigadoras de todo el país se manifestaron en contra de las medidas disciplinarias y los intentos de amedrentamiento en el sistema científico público. Durante la segunda etapa del Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina, realizada el 24 y 25 de septiembre de 2026 en la Universidad Nacional del Litoral, los profesionales expresaron su repudio al sumario administrativa promovido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contra la investigadora Virginia Aparicio, amenazada con la exoneración por coordinar el proyecto SPRINT sobre detección de plaguicidas.
La declaración unánime aprobada por el plenario denunció que el proceso iniciado por las autoridades del organismo busca invisibilizar los hallazgos sobre el impacto sanitario y ambiental de los agroquímicos.
Lo esencial:
El conflicto en torno a la labor científica de Virginia Aparicio comenzó a mediados de 2023, cuando el INTA suspendió unilateralmente la presentación de los resultados locales del proyecto SPRINT (Evaluación de Riesgos de Plaguicidas Transicionales en la Salud Humana y el Medio Ambiente). La investigación, coordinada a nivel global por la Universidad de Wageningen de los Países Bajos, sumó a la Argentina como el único país participante fuera del territorio europeo.
El monitoreo analizó la presencia de residuos de pesticidas en muestras biológicas de 73 voluntarios, además de aguas, suelos y animales en zonas agrícolas. Los primeros análisis constataron la presencia recurrente de múltiples principios activos de plaguicidas en organismos humanos y el entorno, provocando que las autoridades del organismo frenaran el estudio y resolvieran el retiro de la institución.
Esta política de silencio ante evidencias socioambientales coincide con el rumbo de ajuste en los organismos técnicos de investigación, en sintonía con las denuncias sobre cómo el Presupuesto recorta en discapacidad, ciencia y educación para reducir la estructura de control del Estado.
La cronología de la investigación:
Para el colectivo de profesionales de la sociología, el intento de sancionar a la investigadora excede un trámite administrativo y atenta contra el derecho a la información pública. El uso indiscriminado de fitosanitarios afecta de forma directa a las parcelas de producción frutihortícola del conurbano bonaerense en municipios como La Matanza, Moreno y Merlo, donde las comunidades periurbanas conviven con pulverizaciones de cercanía.
Censurar los datos sobre contaminación química impide implementar programas de salud preventiva para resguardar a las familias y asegurar el acceso a alimentos y agua libres de tóxicos.
El debilitamiento de las regulaciones sanitarias en la producción de alimentos ocurre en un contexto de caída generalizada de la actividad productiva interna, donde relevamientos recientes señalan que la actividad metalúrgica cayó 6,1% en agosto y tocó un nuevo piso en los centros industriales del Gran Buenos Aires.
“No puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos. Defender a Virginia Aparicio implica defender el derecho de la sociedad a conocer, la salud de las comunidades, el ambiente y la función del Estado de producir políticas públicas basadas en evidencia.”
La posibilidad de apartar a la profesional de la Estación Experimental Balcarce impulsó proyectos de repudio en la Cámara de Diputados de la Nación durante septiembre de 2026. Diversas bancadas solicitaron que el Poder Ejecutivo responda detalladamente por qué se interrumpió el proyecto SPRINT y bajo qué argumentos se mantiene abierto el proceso sumarizal contra la científica del CONICET.
La declaración aprobada por los sociólogos concluyó con una postura clara sobre el rol científico: “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”.
Resta conocer si el Consejo Directivo del INTA notificará formalmente la resolución administrativa sobre la situación laboral de Virginia Aparicio y si las autoridades del Ministerio de Economía responderán a las citaciones legislativas por la cancelación del programa ambiental SPRINT.
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