En el marco de una investigación judicial salieron a la luz los beneficios que recibía la Primera Dama de su marido.
Redacción EnOrsai // Sábado 19 de junio de 2021 | 11:09
(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable) La denuncia de la Oficina Anticorrupción contra el ex presidente Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito está destapando un estofado cuyo olor se viene oliendo desde lejos y hace tiempo.
Todo viene desde los tiempos en que Macri abrió el famoso “Fideicomiso Ciego”, un acting para que los medios adeptos tuviesen herramientas para relatar que el presidente no se encontraba de los dos lados del mostrador, pero que en la práctica era como la capa de maquillaje que cubre al Joker: no ocultaba la esencia y potenciaba al personaje.
El Fideicomiso Ciego (que para ir entrando en clima digamos que estaba administrado por el tío del falso abogado Marcelo D’Alessio) inexistente en su concepción en la legislación nacional, estaba integrado sólo por empresas de menor jerarquía dentro del patrimonio declarado de Macri (apenas componían un 40% del mismo). Allí se hallaban cuatro sociedades –Agro G S.A, Cuatro Leguas S.A, Molino Arrocero Guayquiraro S.A y María Amina S.A– y la participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Para la Inspección General de Justicia estas cuatros sociedades no eran “verdaderas sociedades”, ya que las mismas no daban dividendos, los estados contables “no tenían memoria”, las actas de directorio no llevaban firma, y las asambleas eran siempre unánimes. Mas maquillaje.
Estas firmas, sobre las que desde este portal ya hicimos mención a principios de 2018 junto a otras que componían una intrincada mamushka de testaferros del presidente, eran insolventes y pobres a la hora de tener que aportar al Estado, pero riquísimas a la hora de repartir dividendos, sobre todo si el beneficiario se llama Mauricio Macri. Allí, como se investiga hoy, se destacaba el rol de testaferros de nombres como Alejandro Jaime Braun Peña y su hermana Luz Braun Peña, y el ex Secretario Legal y Técnico de la Nación (y fiel perro faldero de Mauricio) Pablo Clusellas.
Y para darnos una idea desde hace cuanto viene esta relación testaferril que envuelve a los oscuros negocios de los Macri, podemos remontarnos a una investigación que hicimos en 2017 junto a Gabriela Cerruti para Nuestras Voces llamada “Las Joyas de la Abuela” sobre una finca en Salta llamada el Yuto y el desmonte ilegal. Allí escribíamos que esta finca, “de 20.000 hectáreas, es uno de los emprendimientos de SOCMA SA, la empresa familiar, que ha sido denunciado históricamente por las organizaciones ambientalistas como Greenpace y por las comunidades originarias por la explotación del suelo y el desmonte realizado que viola la ley de Bosques”. Pero lo más interesante fue el hallazgo de la Cédula Parcelaria Matrícula 24.516 del departamento de San Martín (Dirección General de Inmuebles) donde se comprueba que, en 1997, el que llevó adelante “la compra para “Yuto S.A.” (la empresa de los Macri) no es otro que Alejandro Jaime Braun Peña.
Ya hace 25 años Braun Peña servía a las órdenes de “La Famiglia”
Lo que está documentado en la causa que investiga hoy la justicia es que una de las empresas del Fideicomiso, Agro G (Agropecuaria del Guayquiraro), una sociedad que, a pesar de no registrar haber pagado nunca honorarios, ni haber repartido nunca ni un dividendo, transfirió 54 millones de pesos de manera directa a Mauricio Macri. Según consta en la justicia, esta transferencia se hizo a través de acciones preferidas (es decir, las que tienen prioridad a la hora de cobrar) y jamás fue anotada en el libro de registro de acciones. Como si fuera poco, esos 54 millones provenían de otra empresa: “Latin Bio S.A.”, comandada por los mencionados hermanos Braun Peña (que, de paso digamos, son primos segundos de Marquitos Peña)
A esto, sumémosle una novedad que aporta ahora la Inspección General de Justicia (IGJ): la participación de Juliana Awada en Latín Bio S.A. con un 20% de acciones.
Y para demostrar (por si hiciera falta y hay entre los lectores algún desprevenido) la miserabilidad de esta gente que despotrica del Estado pero vive de su teta, pongamos como ejemplo la Resolución 599-E/2017 del ministerio de Producción durante la presidencia de Mauricio Macri. Por la misma, Juliana Awada obtuvo en 2017, de parte de su marido el presidente, un crédito fiscal para su empresa por una autocapacitación.
Y otro más en 2018 con la Resolución 510/2018.
#HechiceraPlanera nomás…