El juez Eduardo Riggi, de la Cámara Federal de Casación Penal, le devolvió la causa que investiga la persecución al Grupo Indalo y sus accionistas a la jueza María Servini, luego de que la querella denunciara que la decisión de quitarle el expediente a la magistrada de primera instancia era “injustificada” y buscaba “paralizar” el avance de las medidas de prueba, además de realizar la presentación por mal desempeño de Riggi ante el Consejo de la Magistratura.

“Habiéndose extraído fotocopias y copias digitalizadas del expediente principal, así como del “pen drive”, cuyo contenido se desconocía, devuélvanse dichas piezas al juzgado federal interviniente”, señaló brevemente la resolución.

Servini había solicitado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que entregara un informe con el resultado de los entrecruzamientos telefónicos entre Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces, en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles y de lo que fuera el encarcelamiento de sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, eje de la denuncia de maniobras ilegales contra el Grupo Indalo.

El cruce de llamadas en la causa por persecución al Grupo Indalo incluiría comunicaciones entre Macri y el director de La Nación días antes de publicar la primera nota de Alconada Mon que llevó a prisión a los dueños del único canal opositor. Pero el lawfare "es un invento". OK. pic.twitter.com/iDWck0D73K

— Marcelo Puella (@marcelopuella) February 16, 2021

Pero además, había fijado declaraciones testimoniales y hasta el cronograma de indagatorias que tiene al exAFIP Alberto Abad para declarar como imputado en marzo próximo.

Pero, en un hecho sin precedentes para Casación Penal, el juez Eduardo Riggi había dispuesto en las últimas horas de 2020 que toda la investigación sobre los intercambios de llamados del expresidente Mauricio Macri y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita sea elevada al máximo tribunal penal del país. No sus copias digitalizadas, sino toda la causa física.

Tras conocerse esa decisión, Carlos Beraldi, abogado del empresario Fabián De Sousa, presentó un planteo ante esa Cámara para que se devolviera el expediente a Servini en forma urgente. Para el letrado, la remisión de la causa careció de “toda justificación fáctica y jurídica” y provocó una suspensión de las medidas de prueba en marcha. “En los hechos, la investigación quedará paralizada”, había advertido Beraldi. Incluso, presentó una denuncia por mal desempeño de sus funciones contra el juez Eduardo Riggi ante el Consejo de la Magistratura.

El entrecruzamiento que llevó adelante la Dajudeco fue lo que más irritó a Macri y al resto de los imputados y lo que motivó la presión para intentar que no se lleve adelante bajo ningún formato. El informe de las llamadas podría incluir no sólo comunicaciones entre el expresidente y el director de La Nación Fernán Saguier días antes de que ocurriera la primera publicación del caso Oil (que gatilló el resto de las acciones que se sospechan coordinadas), sino que coincidiría con el mensaje que había enviado Rodríguez Simón a los accionistas de Indalo sobre que se preparasen “para la guerra”.

Por eso, la decisión del titular de la Sala III de Casación Penal, Eduardo Riggi, de llevarse el expediente de Indalo en el momento en el que podría conocerse ese informe clave sobre Macri llamó mucho la atención en ámbitos judiciales.

“Mantener las actuaciones ante este Tribunal, con la consecuencia que ello implica, no solo constituye una severa irregularidad sino, antes bien, pone en duda la imparcialidad del magistrado y genera un posible caso de mal desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional”, señaló Beraldi en su escrito.

Hay indicios firmes en el expediente que fundamentan que el accionar de Macri y sus adláteres actuaron en asociación para perjudicar a los accionistas del Grupo Indalo.