En su afán de bloquear la normativa que protege los empleos, el Ejecutivo está dispuesto a todo. Antes de pagar el costo político de un veto, el Presidente promete fondos a algunas provincias de la coparticipación.

Pero fue el mismo Presidente el que quitó ilegalmente el 15% de esos fondos que las provincias deben recibir, según lo que decidió la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

Días antes de dejar la presidencia, Cristina Fernández, respetó el fallo judicial y ordenó la circulación de esos fondos. Sin embargo, a penas asumido Macri canceló esa decisión desoyendo lo dispuesto por el máximo tribunal del país.

Para colmo, cuando tomó esa decisión en contra del beneficio de todas las provincias aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó airadas críticas de parte de los Gobernadores.

Ahora, el Gobierno intenta bloquear la normativa y negocia con esos fondos que debería trasladar legalmente.