Organismos de DDHH impugnan a los jueces impuestos por Macri para la Corte

ANTECEDENTES POLÉMICOS

Organismos de DDHH impugnan a los jueces impuestos por Macri para la Corte

Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el pliego de Rosatti y Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema, la mayoría de las impugnaciones fueron presentadas por organismos defensores de los derechos humanos, como Abuelas, el CELS e H.I.J.O.S.

Andrés Brown Redacción En Orsai // Miercoles 10 de febrero de 2016 | 10:48

Rosenkrantz tiene además un polémico antecedente: fundó una supuesta ONG, con casi nula actividad real, para ser usada en favor de sus clientes. En especial, para defender al Grupo Clarín

Aunque el decreto oficial para la convocatoria a extraordinarias en el Senado se publicó hoy, todo indica que el jueves la Cámara Alta comenzará el proceso legislativo para analizar las candidaturas de los dos abogados propuestos por el presidente Mauricio Macri para cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz.

En el conteo récord de impugnaciones y avales que recibieron Rosatti y Rosenkrantz, los segundos fueron más que las primeras. Rosatti tuvo 2104 adhesiones y 1424 cuestionamientos; Ronsenkrantz, 2629 avales y 1428 rechazos. La mayoría de las impugnaciones fueron presentadas por organismos defensores de los derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Observatorio de Derechos Humanos, entre muchos otros.

Rosenkrantz tiene además un polémico antecedente: fundó una supuesta ONG, con casi nula actividad real, para ser usada en favor de sus clientes. En especial, para defender al Grupo Clarín.

A su vez, desde 1998, Rosenkrantz es rector de la Universidad de San Andrés, donde se dicta la maestría en periodismo del Grupo Clarín. Su estudio además asesoró a Francisco de Narváez, tanto en los conflictos judiciales alrededor de su compra de La Rural, como en su ambición de ser candidato a presidente, pese a haber nacido en Colombia.

La Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) fue fundada el 21 de noviembre de 2000. Uno de los socios fundadores es nada menos que Carlos Fernando Rosenkrantz, quien hasta ocupó el cargo de presidente; otro es Gabriel Bouzat, nombrado tesorero de esa asociación.

El estudio del futuro juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación además tuvo como cliente al Grupo Clarín y a Cablevisión, al que incluso defendió en juicio.

Por otro lado, la lectura de las impugnaciones es clave para entender el por qué los nombres elegidos y las razones del apuro en que ocupen el cargo, según reveó hoy el diario Página12.

Gran parte de los conflictos sociales, económicos y políticos en ciernes, no sólo amagan con judicializarse sino con ir camino a la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia cuestionada de un modo u otro cuestionada por ambos abogados.

Rosatti, ex ministro de Justicia de Kirchner, sostiene que hay casos donde cabe no aplicar tratados internacionales, aunque estén incorporados al ordenamiento argentino, o dejarlo librado a la interpretación de los jueces, lo que es considerado por varios organismos como un problema para la protección de los derechos humanos.

En esa línea, pone en duda el carácter vinculante de los fallos de la Corte Interamericana y descarta la obligación de los jueces de tener en cuenta el derecho internacional. Del mismo modo, Rosenkrantz directamente escribió sobre dos fallos fundantes en la reapertura de los juicios de lesa humanidad (como “Simón” y Mazzeo”), lo que incluye la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y criticó la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos que, alega, carecerían del mismo “estatus” que el derecho local.

Las posturas de Rosatti y Rosenkrantz chocan con el camino construido por la propia Corte en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado y otras cuestiones relativas de los derechos humanos y la libre expresión.

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