En su última sesión, el Consejo Superior de la UNGS declaró “el estado de alerta permanente en el ámbito de la UNGS” y convocó a la comunidad universitaria a “coordinar esfuerzos de visibilización y movilización por la defensa de la educación superior como pieza clave para un desarrollo federal inclusivo y sostenible”.

Además rechazó “la represión ejercida contra los y las manifestantes que expresaban su protesta pacíficamente frente al Congreso Nacional” y extendió el rechazo “a los grupos violentos que intentan censurar la continuidad de la protesta”.

La sesión se llevó a cabo luego del veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario N°27757 aprobada con amplia mayoría en las dos Cámaras, con el objeto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, y también luego de la sesión de la Cámara de Diputados donde “85 representantes del pueblo pertenecientes en su mayoría a las bancadas de LLA y el PRO, con algunos del PJ y la UCR, sostuvieron el veto del Presidente de la Nación votando en contra de la insistencia en la ley, y otros/as 17 legisladores/as facilitaron el veto a través de abstenciones o ausencias”.

A través de la declaración, los y las Consejeras Superiores de la UNGS expresaron que “la pérdida salarial acumulada por docentes y nodocentes de las universidades nacionales alcanza el 30% en los diez primeros meses de la gestión del Presidente Javier Milei” y que “aun considerando el incremento de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento que el gobierno se vio en obligación de acordar luego de la movilización universitaria del 23 de abril, el ajuste de esa parte del presupuesto sigue manteniéndose muy desfasado, lo que afecta el normal desarrollo de las distintas funciones de la universidad”.

También remarcaron que “la universidad pública argentina, gratuita, laica, de calidad, autónoma y cogobernada, representa un valor social fundamental para la sociedad argentina y un motor de movilidad social y desarrollo nacional” y que “el desfinanciamiento del sistema universitario y el ajuste salarial brutal de sus trabajadores y trabajadoras atentan de manera directa contra esos valores”

En el siguiente enlace se puede leer la resolución completa: Resolución de Consejo Superior N° 9326/2024