En un contexto de tensión creciente entre los municipios y el gobierno nacional, el fallo de la jueza federal Martina Forns representa un revés significativo para las políticas centralizadoras del presidente Javier Milei. La decisión judicial permite que el Municipio de Morón restituya el cobro del alumbrado público en las facturas de EDENOR, un servicio esencial para las comunidades locales, y cuya recaudación había sido abruptamente bloqueada por una resolución del gobierno.

Hace algunas semanas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Comercio, bajo la supervisión del Ministro de Economía, Luis Caputo, emitieron una resolución que prohibía a las empresas energéticas incluir en sus facturas el costo del alumbrado público, una medida que afectaba directamente a la autonomía financiera de los municipios. Con esta maniobra, el gobierno buscaba centralizar aún más los ingresos y restar capacidad operativa a las comunas en favor de un modelo más “eficiente” de recaudación estatal. Sin embargo, la estrategia ha provocado una reacción inmediata de las administraciones locales, que ven en estas medidas un ataque a sus potestades constitucionales.

El Municipio de Morón, representado por el abogado Agustín O. Mas, respondió rápidamente a este golpe administrativo presentando un amparo en los tribunales, denunciando la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía y la Resolución 708/2024 del ENRE. Estas normativas, según los argumentos expuestos en la demanda, vulneraban la autonomía municipal garantizada por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El amparo apuntaba a que la prohibición de cobro del alumbrado público por parte de EDENOR generaba un vacío financiero peligroso para la gestión local de los servicios esenciales.

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El fallo de la jueza Forns, que reestablece el cobro del alumbrado en las facturas de EDENOR, es un respiro para las arcas municipales, ya que permite a los gobiernos locales continuar con la prestación y mantenimiento del servicio, que es indispensable para la seguridad y bienestar de los habitantes. La recaudación de esta tasa, que forma parte de un convenio entre los municipios y las empresas distribuidoras de energía, ha sido históricamente uno de los mecanismos más eficientes para garantizar la provisión de alumbrado en calles y espacios públicos, evitando así la creación de nuevas estructuras burocráticas para su cobro directo.

Las normativas del gobierno de Milei y Caputo parecen tener un solo objetivo: desmantelar el sistema de autonomía financiera de los municipios, imponiendo una lógica de mercado en áreas que, hasta el momento, se sostenían bajo un esquema de subsidios cruzados y colaboración entre lo público y lo privado. El discurso oficial, centrado en la necesidad de eliminar “costos innecesarios” y reducir la injerencia estatal, se ha traducido en una ofensiva directa contra las comunas, dejándolas sin herramientas para gestionar servicios básicos como el alumbrado público.

Desde el gobierno, se justificó la medida como un paso necesario en el marco de las políticas de ajuste que busca implementar el Ejecutivo para "liberar" a las empresas del sector energético de cargas impositivas locales. Sin embargo, esta retórica no ha logrado convencer a las autoridades municipales ni a la ciudadanía, quienes ven en estas decisiones una maniobra más para concentrar poder en el gobierno central y debilitar la descentralización que garantiza la Constitución.

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El amparo presentado por el Municipio de Morón no se limita únicamente a una cuestión económica, sino que pone en el centro del debate la provisión de un servicio que afecta directamente la vida diaria de los ciudadanos. El alumbrado público no es un lujo, es una herramienta de seguridad urbana, de convivencia y de desarrollo social. Su eliminación o debilitamiento generaría un caos en las localidades, aumentando los niveles de inseguridad y afectando la calidad de vida de millones de personas.

La estrategia de Morón al acudir a la justicia se sostiene sobre la base de que el cobro de la tasa de alumbrado público responde a un mandato constitucional que ampara la autonomía de los municipios para establecer, gestionar y cobrar tributos destinados a servicios esenciales. De hecho, la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 226º, define claramente la capacidad de los municipios para percibir tasas por alumbrado y otros servicios.

Con el fallo de Forns, que suspende los efectos de las resoluciones del Ministerio de Economía y el ENRE, se reconoce no solo la verosimilitud del derecho reclamado por el Municipio de Morón, sino también el peligro en la demora, ya que la ausencia de fondos podría afectar gravemente la prestación del servicio en los próximos meses.

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Un precedente para otros municipios

Este fallo a favor del Municipio de Morón podría generar un efecto dominó, alentando a otros municipios a tomar el mismo camino judicial para recuperar su autonomía financiera. La administración de Milei enfrenta así un nuevo obstáculo, en un contexto en el que cada vez más sectores sociales y políticos expresan su descontento con las políticas de ajuste y recentralización económica impulsadas desde el Ejecutivo.

La pulseada entre los municipios y el gobierno nacional, que comenzó con la prohibición del cobro del alumbrado público, parece lejos de terminar. Por el contrario, la justicia ha abierto una nueva vía de conflicto que podría derivar en más demandas, fortaleciendo el reclamo de las comunas por el respeto de sus competencias.

El gobierno de Milei deberá enfrentar no solo la resistencia judicial, sino también una creciente oposición social a sus políticas, que buscan reconfigurar las relaciones de poder entre las diferentes jurisdicciones del país. Y en este escenario, las demandas locales por la preservación de la autonomía y los servicios públicos se alzan como una de las principales resistencias a un modelo de gobierno que, cada vez más, se muestra ajeno a las realidades cotidianas de los ciudadanos.

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— En Orsai (@EnOrsai) October 25, 2024