El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, ha sido uno de los críticos más vehementes del bono. Según él, el gobierno impuso a las empresas una cifra "no remunerativa" de forma abrupta, alegando que la UIA ha abogado durante un año por la necesidad de centrarse exclusivamente en las paritarias como mecanismo de negociación salarial.

Funes de Rioja aprovecha esta crítica al bono para impulsar su demanda de una reforma laboral integral. En su opinión, ningún país puede progresar si depende de una economía de subsistencia, y subraya la importancia de fomentar la producción. Como parte de su propuesta, sugiere la creación de un fondo de desempleo para cubrir indemnizaciones y una revisión de los criterios de actualización de los créditos en juicios laborales. Además, señala que la suma fija y la legislación laboral actual generan "miedo" entre los inversores, afirmando que los empresarios desean invertir pero temen verse en situaciones económicas complicadas.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina también se une al rechazo de la suma fija. No solo comparte las críticas de la UIA respecto a la política laboral y de ingresos del gobierno, sino que va un paso más allá al negarse formalmente a cumplir con la medida.

La Sociedad Rural Argentina, junto con otras entidades agrarias, ha enviado una carta a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), presidida por el Secretario de Trabajo Marcelo Belotti y responsable de la regulación laboral en el sector, y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). En esta carta, solicitan que se valide la absorción total de la suma fija, en contra de lo dispuesto en la resolución 1133 del Ministerio de Trabajo.

Argumentan que el artículo 8 del decreto prevé la absorción del bono en negociaciones salariales en curso y paritarias actualizadas. Por lo tanto, concluyen que "el bono queda absorbido y compensado por los aumentos salariales recientemente acordados". Sin embargo, la resolución aclaratoria estipula que la suma no remunerativa solo puede ser absorbida en acuerdos previos que hayan contemplado explícitamente esta posibilidad.

El futuro del conflicto parece incierto, especialmente considerando que la paritaria de trabajadores rurales se lleva a cabo en un organismo creado para tal fin, con participación del Estado Nacional. Es probable que las entidades empresariales mantengan su negativa a efectuar el pago hasta que se resuelva la controversia. Según el decreto, las empresas tienen tiempo hasta el 21 de este mes para cumplir con lo dispuesto sin correr riesgo de sanciones.