En un dictamen de 39 páginas que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Taiano afirmó que el imputado "contrató de modo indebido a la empresa Indra S.A. junto a la firma Advance Logistics Group S.A. (ALG S.A.) del grupo "Indra Sistemas SA.", por un total de U$S 940.508 (novecientos cuarenta mil quinientos ocho dólares)".

La contratación se produjo "con el objeto de que efectuara la estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires" y se realizó "contrariando lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Compras y Contrataciones de dicha sociedad del Estado (aprobado por Resolución AGPSE nro.38/2013)", según surge del dictamen al que accedió Télam.

El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que la contratación se llevó a cabo "sin fundamentos legales o de conveniencia" y que la empresa accedió a la posibilidad de hacerse del contrato "de modo directo sin una licitación pública que permitiera la confrontación con otros oferentes".

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"Así, mediante el conjunto de elementos de cargo reunidos en la instrucción se logró determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, la participación del imputado en los hechos que resultan materia de análisis en el presente", sostuvo el fiscal en el dictamen que firmó a fin de abril y que trascendió hoy.

"Tales extremos ameritan que los sucesos descriptos sean ventilados en el juicio oral correspondiente, donde deberá apreciarse en su real dimensión la totalidad de la prueba aquí colectada, dado las características de inmediatez probatoria y confrontación de las partes que ofrece el juicio oral", enfatizó.

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El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma "Indra" para la confección de los pliegos y la planificación financiera para futuras licitaciones sobre las nuevas terminales del Puerto de Buenos Aires proyectadas cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.

Cuando dispuso el procesamiento de Mórtola, Martínez de Giorgi señaló en la resolución que como interventor de la Administración General de Puertos no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.

"Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado", mencionó el juez federal en aquella resolución que luego sería ratificada por la Cámara Federal porteña.

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Junto al procesamiento sin prisión preventiva por "violación de los deberes de funcionario", el juez dispuso en su momento un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos.

El magistrado también ponderó en aquel fallo que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público.

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