(Por Martín Belvis)  ¿Cómo pudo un ciudadano inglés que vive en un barco en Bahamas comprar la inmensidad de las tierras que rodean el lago Escondido y llegan hasta casi el límite con Chile?

La investigación de media docena de fiscales federales llegó a la conclusión de que fue una operación realizada en 1996 sobre la base de mentiras y complicidades de los funcionarios de Río Negro y de la Nación, pero la causa nunca llegó siquiera a una instancia cercana a la resolución y terminó prescribiendo el año pasado.

La ley le impedía a Joseph Lewis, multimillonario británico, comprar esas tierras debido a su condición de extranjero. Por eso, la compra a la familia Montero, fiscaleros con décadas en esa zona que poco tiempo antes habían logrado la regularización de dominio, fue mediante una empresa argentina.

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Los acusados en la causa fueron Susana Beatriz Sarto (que era subdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende (como presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (que era titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joe.

Las tierras usurpadas por Joe Lewis en zona de frontera fueron históricamente habitadas por los caciques Foyel y Sayhueque, quien fue el último que se entregó con la avanzada del asesino Roca en Junín de Los Andes. Luego esas tierras pasaron del Ejército a la oligarquía.

— Juan Alonso (@jotaalonso) February 2, 2023

En 2012 la entonces Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció en los juzgados de Comodoro Py que los terrenos que se habían vendido en aquella operación están dentro de la “zona de seguridad de fronteras” y “sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras”.

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Quien se presentó a declarar esa compra fue Allende, como presidente de HR Properties Buenos Aires SA. Se trataba de 7.789 hectáreas. Sarto, como responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno y el 2 de julio de 1996 la operación había sido allanada.

Pero “el 30 de agosto de 1996, y con la intervención de la escribana Szama, se firmó la escritura traslativa de dominio en favor de Hidden Lake SA (por un total de 8.063 hectáreas, dato que surgió de la presentación del plano definitivo), así habiéndose inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro”, a cargo Mayer, a pesar de que el autorizado para la compra había sido HR Properties.

No era el único cambio: Hidden Lake varió el 3 de mayo de 1996 su capital social: 11.999 acciones en poder de la firma extranjera Lago Corp. y 1 acción a “nombre del ciudadano británico Charles Barrington Lewis”.

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Cuatro meses después, Hidden Lake pidió una nueva autorización, esta vez para anexar a la estancia Lago Escondido otras 2.760 hectáreas. “La solicitud fue formulada esta vez por Lewis, recibiendo trámite abreviado a requerimiento de Allende, quien declaró bajo juramento que no había cambiado la composición del directorio ni el capital social.

El año pasado la Cámara Federal de Casación Penal (con la integración de Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci) rechazó un recurso del fiscal José Luis Agüero Iturbe y confirmó que la causa había prescripto.

Fuente: rionegro.com.ar

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— En Orsai (@EnOrsai) February 4, 2023