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Desmantelan Control del Trabajo No Registrado: Del Sueño de Cobrar en Dólares a Volver a los Tiempos de 'La Forestal

Con la mira en la AFIP, el gobierno planea disolver el organismo de control del trabajo no registrado. De esta manera, el Ejecutivo, avanza en su estrategia de ajuste con un DNU que podría desmantelar la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, centralizando a casi 2.000 inspectores en todas las provincias. Gremios y expertos advierten sobre el impacto en la fiscalización laboral y los derechos de los trabajadores.

Desmantelan Control del Trabajo No Registrado: Del Sueño de Cobrar en Dólares a Volver a los Tiempos de 'La Forestal

Walter Onorato // Sábado 18 de mayo de 2024 | 12:58

(Por Walter Onorato - @Walteronorato) El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un polémico plan para disolver la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), un organismo clave en la fiscalización del empleo no registrado en el país. Esta medida, que depende de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), centraliza la labor de aproximadamente 2.000 inspectores en todas las provincias, quienes son responsables de asegurar el cumplimiento de las normas laborales, la inscripción correcta de empleados y la aplicación de multas a empleadores infractores.

La administradora de la AFIP, Florencia Misrahi, comunicó a sus colaboradores y al personal del organismo que la propuesta de disolución está en marcha, aunque su implementación depende no solo del DNU sino también de la continuidad de Misrahi en su cargo, ya que en los últimos días surgieron rumores sobre su posible renuncia. Uno de los principales promotores del recorte es Eduardo "Lule" Menem, asesor cercano a Karina Milei, quien ha recorrido las oficinas de la AFIP con un dossier detallando las áreas afectadas.

La DGRSS es una de las tres direcciones principales de la AFIP, junto con la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas. Su misión es la "aplicación, recaudación y fiscalización" de los tributos destinados a la seguridad social. Su eliminación está alineada con la política de ajuste laboral del Gobierno, que busca reducir las multas por trabajo no registrado y promover la figura de "trabajador independiente" en pequeñas unidades productivas.

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Sin embargo, esta medida enfrenta varios desafíos. La mayoría del personal de la DGRSS está en planta permanente, lo que hace su despido extremadamente costoso y difícil. Solo un pequeño grupo de contratados ocupa puestos críticos. Además, el intento de desmantelar este organismo ya fue ensayado sin éxito por la administración de Mauricio Macri en 2018.

El plan de Misrahi incluye la redistribución de los inspectores de la DGRSS dentro de la DGI. En el área metropolitana de Buenos Aires, se estima que 800 trabajadores serían reubicados en la DGI y otros 200 pasarían a una nueva subdirección de inspección laboral con funciones reducidas. En las provincias, otros 1.000 empleados se enfrentarían a una situación similar. Esta reestructuración afecta directamente la capacidad del Estado para controlar y sancionar el trabajo no registrado, un problema endémico en la economía argentina.

Una alternativa más conservadora a la disolución total de la DGRSS contempla la eliminación de algunas de sus delegaciones regionales, fusionándolas con oficinas de la DGI. Aunque esto mantendría la estructura básica del organismo, limitaría significativamente su capacidad de inspección.

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El rechazo a esta medida ha sido fuerte por parte de los gremios. Pablo Flores, secretario general del sindicato de empleados de la AFIP (Aefip), expresó su preocupación: "Estamos en contra de desjerarquizar el organismo que lleva a cabo el control del trabajo registrado. Como gremio no podemos estar de acuerdo. Estamos en estado de alerta, comunicándonos con los delegados y hablando en asambleas. Este Gobierno viene con un combo de ajuste que incluye que volvamos a pagar Ganancias y ahora esto".

El gremio del personal jerárquico, Upsafip, emitió un comunicado confirmando la intención del Gobierno de disolver la DGRSS, recordando los fracasos de intentos similares en el pasado. "Nada cambió en la actualidad, salvo que hoy tenemos una DGRSS media década más experimentada y eficiente. Si quieren disolverla o destruirla, volverán a tener enfrente a Upsafip, dando a conocer el deseo de dejar que 'nadie esté registrado en su empleo' porque nadie lo controla y que sólo buscan precarizar el empleo a niveles esclavos", afirma el documento.

El contexto económico actual, marcado por un fuerte ajuste y una caída generalizada de la industria y la construcción, agrava aún más la situación. Empresas líderes como FV y Acindar han suspendido a cientos de operarios debido a la caída de las ventas y el debilitamiento del mercado interno. La creciente precarización laboral y la pérdida de empleos en sectores clave son síntomas de una economía en crisis.

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La decisión de disolver la DGRSS no solo refleja un intento de ajuste fiscal sino también una estrategia más amplia de desregulación laboral y control represivo. Las recientes medidas del gobierno, como el envío de gendarmes a Misiones para reprimir protestas policiales y la coordinación con Gendarmería Nacional en Tucumán para reforzar la seguridad, evidencian un enfoque autoritario para manejar el descontento social.

La disolución de la DGRSS, si se lleva a cabo, tendrá profundas implicaciones para la protección de los derechos laborales en Argentina. En un contexto donde la economía está en recesión y el empleo formal es cada vez más escaso, la eliminación de un organismo encargado de combatir el trabajo no registrado solo puede agravar la situación, debilitando aún más el tejido social y laboral del país.

 

¿Por qué decimos en el título de la nota "volver a los tiempos de la Forestal?

"La Forestal", una compañía de capitales ingleses, operó en Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, dedicándose a la explotación del quebracho colorado en las provincias del Chaco y Santa Fe. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras y precarias. Los trabajadores, en su mayoría peones rurales y hacheros, vivían en campamentos aislados, sin acceso a servicios básicos como agua potable o atención médica.

Trabajadores de la compañía inglesa La Forestal
Sueldos y Sistema de Pagos

 

Sueldos y Sistema de Pagos

Los sueldos eran bajos y pagados en vales que solo podían ser utilizados en las tiendas de la propia empresa, un sistema que los mantenía endeudados y dependientes. Las jornadas laborales eran extenuantes, de hasta 12 horas diarias, bajo condiciones climáticas adversas.

Las prácticas laborales eran autoritarias, y cualquier intento de organización sindical era reprimido violentamente. La falta de derechos laborales y la explotación extrema hicieron de "La Forestal" un símbolo de abuso y explotación en la historia laboral argentina.

El sistema de vales, conocido como "fichas", era utilizado de manera ilegal en lugar de dinero en efectivo. Estos vales solo podían ser utilizados en las tiendas de la compañía, llamadas "proveedurías", donde los precios de los productos eran considerablemente más altos que en el mercado libre.

Este sistema mantenía a los trabajadores en un estado de dependencia y endeudamiento perpetuo, ya que el costo de vida dentro de los establecimientos de la empresa consumía la mayor parte de sus ingresos. De esta manera, los trabajadores nunca podían ahorrar ni mejorar sus condiciones económicas, atrapados en un ciclo de explotación económica.

 

Condiciones Higiénicas

Las condiciones higiénicas eran deplorables. Los trabajadores vivían en campamentos rudimentarios y superpoblados, sin acceso a agua potable segura ni instalaciones sanitarias adecuadas.

Las viviendas, que eran provistas por la misma empresa, eran precarias, generalmente construidas con materiales de baja calidad que no ofrecían protección suficiente contra las inclemencias del tiempo.

La falta de infraestructura sanitaria adecuada contribuía a la proliferación de enfermedades, como la malaria, el dengue y otras infecciones parasitarias y bacterianas. Los brotes de enfermedades eran comunes y la mortalidad infantil era elevada.

Casas de los obreros con sus familias en La Forestal

Previsión Social

En cuanto a la previsión social, "La Forestal" no proporcionaba ningún tipo de seguro o cobertura médica a sus empleados. La empresa no contaba con servicios médicos adecuados y cualquier atención sanitaria debía ser sufragada por los propios trabajadores, quienes rara vez podían permitírselo.

La ausencia de servicios médicos regulares y la falta de higiene básica exacerbaban los problemas de salud. Además, no existían sistemas de pensiones ni compensaciones por accidentes laborales, lo que dejaba a los trabajadores y sus familias en situaciones de extrema vulnerabilidad ante cualquier eventualidad.

 

Ambiente de Trabajo y Represión

Las jornadas laborales eran extremadamente largas, a menudo superando las 12 horas diarias, bajo condiciones físicas extenuantes. El trabajo en los montes de quebracho era peligroso y físicamente agotador.

La compañía de capitales ingleses ejercía un control autoritario sobre sus empleados, y cualquier intento de organización sindical o protesta era reprimido de manera violenta. La represión incluía despidos arbitrarios, persecuciones y, en ocasiones, el uso de la fuerza por parte de guardias armados contratados por la empresa.

 

Impacto Social

La explotación laboral de "La Forestal" tuvo un profundo impacto social y económico en las comunidades locales. La dependencia de la empresa no solo limitaba el desarrollo económico de los trabajadores, sino que también impedía la diversificación económica de la región. Las prácticas de "La Forestal" fomentaron un sistema de explotación y pobreza que dejó cicatrices duraderas en las comunidades afectadas.

Se puede asegurar que, "La Forestal" representa un capítulo oscuro en la historia laboral argentina, caracterizado por un sistema de explotación económica y social que mantenía a los trabajadores en condiciones de servidumbre moderna. La falta de salarios justos, condiciones higiénicas adecuadas y previsión social básica reflejan una época de abusos que aún resuenan en la memoria colectiva de la región. Nada muy diferente a lo que propone el gobierno de Javier Milei.

 

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