La crisis en la educación pública argentina ha alcanzado un punto álgido bajo la administración de Javier Milei. La falta de financiamiento, el desinterés gubernamental y el retraso salarial han empujado a la comunidad universitaria a las calles en un intento desesperado por salvar lo que consideran el último bastión de igualdad y movilidad social en el país: la universidad pública.

El 27 de agosto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de Secretarios Generales en el que se evaluó la grave situación que enfrenta el sector. El resultado fue un llamado urgente a la acción: un “Ruidazo Nacional” para el 3 de septiembre y un paro de 24 horas con movilización el 5 de septiembre, fecha en la que el Senado discutirá la Ley de Financiamiento Educativo Universitario Nacional.

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El contexto en el que se desarrollan estas protestas no es casual. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, ha mostrado un claro desprecio por las políticas públicas que sostienen la educación y la investigación en el país. Con un enfoque ultraliberal, que prioriza la reducción del gasto público a toda costa, el gobierno de Milei ha desfinanciado sistemáticamente las universidades, dejando a miles de docentes y estudiantes en una situación precaria.

La Ley de Financiamiento Educativo Universitario, que busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas, es vista por muchos como una medida mínima para revertir la situación crítica que atraviesa el sector. Sin embargo, la posibilidad de que el presidente Milei vete esta ley ha encendido todas las alarmas. De aprobarse la ley en el Senado, y si el veto presidencial se materializa, la comunidad universitaria ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados.

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El Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, ha sido enfático en sus declaraciones: “No debemos cesar en nuestros reclamos y con mucha convicción acompañar lo que ocurra con la Ley de Presupuesto Universitario. El gobierno nacional tiene que entender que si veta esta ley, la comunidad universitaria volverá a llenar las calles del país porque hoy lo que está en juego es el futuro de la universidad argentina”.

La referencia a un futuro en peligro no es una exageración. Bajo el gobierno de Milei, la educación pública ha sido vista como un gasto prescindible, una visión que contrasta con la realidad de un país donde la universidad pública ha sido históricamente un motor de desarrollo y una herramienta de movilidad social. El recorte presupuestario ha afectado gravemente el funcionamiento de las instituciones, obligando a los docentes a trabajar en condiciones cada vez más precarias, y a los estudiantes a lidiar con una infraestructura deteriorada y recursos cada vez más escasos.

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El paro nacional convocado por la CONADU no es simplemente una protesta más. Es una declaración de principios, una afirmación de que la educación pública no se vende, no se negocia y no se abandona. La movilización frente al Congreso Nacional el 5 de septiembre busca visibilizar el conflicto y presionar a los legisladores para que actúen en defensa de la universidad pública. Sin embargo, el temor a un veto presidencial pende como una espada de Damocles sobre esta lucha.

El “Ruidazo Nacional” del 3 de septiembre es la antesala de esta gran movilización. Con el objetivo de hacer que el Senado escuche el reclamo, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios harán sentir su presencia en las calles, utilizando el ruido como arma simbólica contra el silencio cómplice de un gobierno que ha decidido dar la espalda a la educación pública.

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La estrategia de la CONADU es clara: no se trata solo de ganar una batalla en el Congreso, sino de construir una resistencia que pueda sostenerse en el tiempo y que sea capaz de enfrentar el modelo de ajuste y austeridad que el gobierno de Milei intenta imponer. Para la comunidad universitaria, la lucha por el financiamiento educativo es también una lucha por la dignidad y el futuro de las nuevas generaciones.

La situación es crítica, y la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido el silencio o la represión. El desinterés de Milei por las universidades no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de no retorno con la amenaza de veto a la ley de financiamiento. La comunidad universitaria ha demostrado que está dispuesta a luchar, pero la pregunta que queda en el aire es si el gobierno estará dispuesto a escuchar.

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En última instancia, lo que está en juego no es solo el presupuesto de las universidades, sino el modelo de país que queremos construir. Un país que desfinancia la educación es un país que renuncia a su futuro. La comunidad universitaria lo tiene claro, y por eso ha decidido alzar la voz en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

El desenlace de este conflicto será decisivo para la educación en Argentina. Si el veto de Milei se impone, la universidad pública podría enfrentar una crisis de proporciones aún mayores. Pero si la movilización logra su objetivo, se abrirá una nueva etapa en la defensa de la educación como un derecho fundamental y no como un privilegio para unos pocos.

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— En Orsai (@EnOrsai) August 27, 2024