"Hay un tema de gravedad institucional insoslayable. La referencia a la presencia del Procurador de la Provincia de Buenos Aires (Julio Conte Grand) en esa mesa involucra directamente a la Justicia. No nos olvidemos que es el jefe de los fiscales", observó Teresa García en declaraciones a Radio 10.

Comentó que los hechos que se registran en el video que fue presentado por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ocurrieron en la sede porteña del Banco Provincia, que es una jurisdicción provincial.

"Era territorio de la provincia y habían montado una mesa con dos ministros de la provincia, un subsecretario de Justicia, un legislador provincial, un intendente y lo más grave, tres agentes de la AFI que no eran cuentapropistas, que tenían responsabilidades institucionales", sostuvo.

Y en ese sentido, indicó: "Esto no deja lugar a dudas que es un aparato estatal armado para escuchar, indagar, y, con la colaboración de un sector de la justicia, armar causas para meter presos a dirigentes sindicales".

Por otro lado, se refirió a los mecanismos institucionales que se pusieron en funcionamiento a partir de la denuncia de Caamaño y precisó que en la Cámara de Diputados bonaerense se concretó el pedido para iniciar el proceso de juicio político a Conte Grand, que conlleva la puesta en funciones de una comisión que investigadora.

En tanto, hoy en el Senado habrá sesión, en respuesta al requerimiento del juez Ernesto Kreplak de allanar las oficinas del senador provincial del PRO Juan Pablo Allan", quien estuvo presente en esa reunión.

García detalló que en la sesión de hoy se fundamentará "el valor de la institucional del Senado en cuanto al requerimiento de la Justicia y seguramente los integrantes del cuerpo darán después opiniones respecto a la cuestión política, que es gravísima".

"Tenemos espantosos recuerdos de lo que significaba seguir gente para hacerla desaparecer, también meter presos dirigentes con causas armadas es una manera de hacer desaparecer la representatividad que tienen esos dirigentes respecto de sus trabajadores", consideró.

Dijo, que en si en el caso de que dirigentes como (Juan Pablo) "Pata" Medina tuvieran "cuestiones con la Justicia", éstas deberían ser tratadas "con el mismo tratamiento que tiene cualquier ciudadano".