Mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios desatados desde hace más de diez días en las sierras de Córdoba, diversos especialistas aseguran que la catástrofe ecológica representa el punto más preocupante de la última década en nuestra provincia.

En medio de una situación ambiental que complica el trabajo de quienes pelean diariamente contra los focos ígneos en medio de las sierras y favorece a la expansión del fuego, otra vez se pone el ojo sobre el accionar del hombre, tanto sea por descuido, desidia, o lo que es aún más grave, por la manifiesta intención de hacerlo. Con preocupantes focos registrados esta semana en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Misiones; el Servicio Nacional de Manejo del Fuego aseguró en un informe oficial que “el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos, los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego”.

El modelo productivo en el centro de la escena

“Si bien no es falsa la afirmación del gobernador Schiaretti respecto del clima, debo decir que es solo una mínima parte de la costosa realidad”, advierte Guillermo Andrés Varela, consultado por La Nueva Mañana. El experto en políticas ambientales asegura, en ese sentido, que la explicación “deja fuera de discusión las quemas intencionales, cuyo objetivo fundamental es ampliar la frontera agropecuaria”.

“Los agroproductores, en su voracidad por tener ganancias extraordinarias, pretenden seguir extendiéndola sin atender el impacto ambiental que eso genera, cómo afecta a las poblaciones, a la biodiversidad, al ambiente y al desarrollo local. El modelo agropecuario argentino es groseramente extractivo y empobreció, año tras año, los horizontes del suelo, sobre todo en la Región Pampeana. Los nitratos, nitritos y otros oligoelementos se van perdiendo al punto que actualmente están totalmente enmascarados por fertilizantes. Si retiráramos éstos últimos el resultado sería demoledor”, asegura Varela.

En ese plano, el Gobierno de la Provincia es uno de los principales apuntados en torno a las posibles “responsabilidades” que se señalan a la hora de explicar cómo se llegó al punto crítico en el que el fuego se come lo poco que queda en el bosque nativo cordobés. Así, mientras la Justicia avanza, a su ritmo, con la investigación y la imputación de los presuntos iniciadores de los incendios de este 2020, las críticas sobre el Gobernador se replican en los recintos legislativos de Córdoba y el país.

“Es recurrente esta historia de agostos secos y ventosos que terminan siendo disparadores de situaciones críticas. Pero también sentimos impotencia de ver un Gobierno que no tiene la capacidad de pensar con anticipación: no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”, señaló la diputada radical Brenda Austin al hacer referencia al tema durante esta semana.

“Decimos que el Estado es responsable porque no hay prevención, porque dejan correr, avalan la destrucción. Lo que queda claro es que no se puede confiar en que este gobierno tenga en sus manos la protección del ambiente”, disparó Luciana Echevarría en la sesión virtual de la Legislatura el pasado miércoles, cuando el oficialismo volvió a trabar su intento por declarar la Emergencia Ambiental en la provincia. “Tenemos que ser conscientes de que no tenemos mucho tiempo para actuar, estamos al borde de perderlo todo”, señaló la representante del MST en la Unicameral.

En ese sentido, y echando mano a datos oficiales, Varela afirma que las unidades productivas son cada vez menos, ocupan mayor superficie y emplean menos trabajadores. “Sin embargo y contra toda lógica, la intención es continuar ampliando la frontera hasta el límite de pretender usar lugares de biodiversidad únicos, como los humedales”, advierte y apunta de lleno a la discusión sobre el sistema productivo. “Es urgente y necesario ir hacia un tipo de modelo de producción agroecológica, tener la mirada puesta en la diversificación de la producción y en un nuevo modelo que reemplace la exportación de commodities por productos con alto valor agregado. Y no en la ampliación de la frontera agropecuaria a costa de incendios intencionales, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas completos”, afirma.

“El axioma, que funciona como mantra y que reza: ‘Producimos alimentos para cuatrocientos millones de personas’, es de una liviandad supina. Lo que producimos es alimento para ganado. Tema aparte es la posición dominante de algunos productores que, en su ansia ilimitada de ganancias, se dan el lujo sin ningún tipo de acción punitiva por parte del Estado, de conservar la cosecha hasta que el precio sea el más conveniente a sus intereses”, asegura.

El rol del Estado

En un testimonio obtenido por el periodista Aldo Omar Blanco para Radio Nacional Córdoba, Juan Cabandié aseguró que resulta necesario “unificar paradigmas. La actividad del hombre y de la mujer es una actividad contaminante, pero tenemos que tener una convivencia armónica con lo ambiental. No podemos considerar a los bienes naturales únicamente como recursos. Hay que cuidarlos porque lo que hoy puede dar ganancia, si no modificamos estas prácticas, el día de mañana dejará de hacerlo porque esos bienes se agotan”. “Es necesario avanzar en ese sentido para pensar qué sociedad queremos”, señaló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Para la consultora ambiental Alejandra Baumgartner, “el problema no está en ninguna actividad en sí misma, sino en la forma en que reciben la actividad y cómo se desarrolla esa actividad, en constante interacción con el sistema que lo recibe”. En ese sentido la especialista de EC y asociados señala como necesario el trabajo sobre la planificación y el control.

En primera instancia, Baumgartner asegura que se requiere conocer los recursos y cómo se vinculan entre sí, es decir, el conocimiento fundamental de los recursos y su dinámica. “El inventario de humedales tiene como uno de sus objetivos conocer estos ambientes, para poder regular y planificar el uso adecuado de los recursos que lo conforman”, afirma. “Teniendo el conocimiento y la planificación, sabiendo cómo se comportan internamente estos sistemas ambientales, se puede predecir qué impactos van a generarse cuando se desarrolle una determinada actividad. Sobre este esquema de ordenamiento, basado en el conocimiento del sistema, es posible controlar las actividades y detectar tempranamente la necesidad de intervenir”, afirma la especialista.

Consultada por La Nueva Mañana, Baumgartner pide poner especial atención sobre el estudio de los humedales, que son los proveedores de bienes y servicios ambientales, conocidos por su riqueza en biodiversidad, lo que justifica su conservación. “Es necesario evaluarlos en dos dimensiones, espacio y tiempo”, afirma. “Saber cómo están ahora, entender por qué están así y qué dinámica propia tienen. Esto nos permite saber cómo juegan las variables naturales para poder estudiar cómo inciden o incidirán las acciones antrópicas, es decir cualquier intervención del hombre”, describe.

Teniendo en cuenta esas características, la especialista asegura que resulta “importante comprender que debe hacerse un uso racional de los recursos que lo componen, entendiendo la vulnerabilidad de estos ambientes”. “Un uso racional de estos recursos es posible si se realizan actividades controladas, bien gestionadas y esta es la instancia donde entendemos que es fundamental la planificación, la regulación de la actividad y el control”.

Si bien ambas acciones son obligaciones de los Estados, Baumgartner considera que también resulta “necesaria” la participación de las comunidades, las universidades y organizaciones, de las ONG, ya que, entiende, se trata de “actores claves en el proceso de uso sustentable de los recursos”.

“Es necesaria una evaluación ambiental estratégica, herramienta técnica de predicción de impactos ambientales a gran escala donde el Estado como actor principal, evalúa cuáles van a ser los impactos de ese plan, estudia qué le pasará a ese sistema receptor, los impactos acumulados a nivel de cuenca y también estima con visión de planificación las consecuencias ambientales a gran escala. En resumidas cuentas, la labor del Estado y su presencia es ineludible en lo que se refiere a la regulación de la actividad en los humedales de manera sustentable, planificando, gestionando y controlando, y para llevar adelante este trabajo, es fundamental conocer de manera integral los sistemas ambientales y así poder regular su uso”, afirma.    Por Maru Cisneros - Especial para La Nueva Mañana + César Pucheta - cpucheta@lmdiario.com.ar