Faltaban diez minutos para las doce del mediodía cuando las cuentas oficiales de Facebook y de Twitter de Mauricio Macri anunciaban: “En vivo: palabras del presidente desde Vaca Muerta”. Automáticamente las principales emisoras de televisión replicaron el mensaje presidencial, notoriamente grabado y editado. Era el regreso de las tan criticadas cadenas nacionales, aunque maquillada con el estilo comunicacional de Cambiemos.

Con gráficos comparativos y diapositivas que se desplegaban durante su discurso, el spot de Macri aseguraba que Argentina era el país con mayor consumo energético de la región e invitaba a “hacer un esfuerzo entre todos” para reducirlo, llamaba a los gobernadores e intendentes a bajar los impuestos en los servicios y justificaba los tarifazos como el único camino posible. “Sé lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo de cada uno de ustedes. Entiendo lo que les pasa. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Le di vueltas y vueltas y más vueltas. No hay otra forma. Si hubiera existido algún otro camino lo hubiera tomado”, afirmaba con cara de compungido. Como ya es conocido, en política el que explica, pierde.

La estrategia: compartir el costo político de la crisis

Desde que el nuevo tarifazo fue anunciado y ratificado por el oficialismo, se desató una nueva crisis política. La bronca de millones de usuarios que reciben tarifas con aumentos impagables, superiores al 1.000 % en algunos casos, de a poco se fue multiplicando. El radicalismo y la Coalición Cívica alertaron sobre las consecuencias y patalearon en público contra la medida. El resultado derivó en la “alternativa” de pagar las facturas en cuotas y con intereses. Una nueva burla para el pueblo trabajador que no sólo padece el pésimo servicio que ofrecen las privatizadas sino también el violento saqueo al bolsillo con las nuevas subas.

La única premisa que se mantiene inalterable en la Casa Rosada es la que dictamina que los aumentos no se tocan. La rentabilidad de las empresas prestatarias de los servicios es lo único que está garantizado, y con ello la ganancia de los empresarios amigos como Nicky Caputto (Edesur) y Marcelo Mindlin (Edenor).

Por ese mismo motivo, desde el oficialismo ensayan una nueva estrategia para intentar surfear el mal momento y fue el propio Macri el encargado de anunciarla: compartir el costo político de la crisis con los mandatarios de las provincias, muchas veces aliados y grandes dadores voluntarios de gobernabilidad hasta el momento.

“Les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada Pyme” disparó Macri y cargó así la responsabilidad en los gobernadores y los intendentes.

Acto seguido, María Eugenia Vidal aseguraba por conferencia de prensa un recorte de impuestos por decreto sobre las tarifas de luz, gas y agua. “Decidimos sumarnos a este esfuerzo y aceptar el pedido del Presidente de eliminar impuestos provinciales. Vamos a asumir el costo de eliminar estos impuestos y tomaremos decisiones que seguramente impactarán en otros temas, pero que van a servir para aliviar las facturas de los vecinos de la provincia de Buenos Aires” afirmó. Una jugada milimétricamente ensayada.

La propuesta del Ejecutivo fue debatida en el marco de la reunión del Consejo Federal de Energía, donde participó Juan José Aranguren junto a ministros y secretarios de todas las provincias. Si bien todavía no hubo ninguna definición, uno de los principales aliados del oficialismo como Juan Manuel Urtubey había adelantado su postura: “Si las provincias se van a hacer cargo, como se hacen cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de la Justicia y, aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, y te van a plantear que te hagas cargo de subsidio de las tarifas, hay algo que a mí no me cierra”.

Roban millones, devuelven las sobras

El anuncio de Vidal quiso ser una suerte de “golpe de efecto”, en el cual dar un mensaje de trabajo en conjunto entre Nación y Provincia de Buenos Aires para reducir las tarifas, esperando que otros mandatarios se sumen a la iniciativa. La medida tiene un doble objetivo: por un lado busca instalar la idea de que “todos tenemos que hacer un esfuerzo” para justificar el ajuste; por el otro, mantener intactas las ganancias de los empresarios y que el costo lo asuman los jefes provinciales.

De conseguirlo, las provincias recaudarán menos en función de defender la ganancia de los vaciadores. En caso de que la propuesta sea rechazada, buscan que el alto costo político por los tarifazos también sea de los gobernadores.

Pero después de los siderales aumentos, anuncios como los realizados por María Eugenia Vidal implican migajas que serán prácticamente imperceptibles en el bolsillo de los usuarios populares. En el caso del agua la principal prestadora (Aysa) es nacional, por lo cual queda exceptuada. En el caso del gas, según publicó el diario Clarín, el ahorro será entre $18 y $125 por factura.

Eso sin contar que la provincia de Buenos Aires cuenta con financiamiento extra gracias a la adhesión al Consenso Fiscal, que incluyó el acuerdo para modificar las jubilaciones y habilitó el robo de $100.000 millones a los jubilados.

Que se ajusten ellos

“La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Esta es una de las misiones más importantes que tenemos que encarar juntos: consumir menos energía”. Con una sonrisa en la cara y un speech motivacional, Macri ratificaba el ajuste y el nuevo robo al bolsillo de los trabajadores.

El “esfuerzo” apunta a garantizar las ganancias de las empresas prestatarias que se vienen enriqueciendo desde las privatizaciones de los años 90, a cambio de un servicio totalmente ineficiente. Durante el kirchnerismo recibieron más de $275.000 millones de pesos en subsidios, financiados con los impuestos a los trabajadores como el IVA y el impuesto a las ganancias, además de la caja de Anses.

Los tarifazos que impulsa Cambiemos comparten una misma lógica: las ganancias de los vaciadores nunca se cuestionan.

La luz, el gas y el agua son servicios esenciales, vitales para la población. La contradicción que existe entre el objetivo de los empresarios de aumentar cada vez más sus ganancias y la posibilidad de brindar servicios económicos, eficientes y seguros, es insalvable. Es por eso que la única perspectiva realista y que apunta a defender los intereses de los trabajadores, es renacionalizar las privatizadas sin pago, bajo gestión de sus trabajadores y con el control de los usuarios populares, expropiando a los expropiadores y atacando las ganancias de los capitalistas.

AL DESCUBIERTO
“Gastos millonarios” y “transparencia cero” en el canal de Tv del subte: exigen explicaciones a Larretahttps://t.co/AzTrlybIXf pic.twitter.com/tyYRUuFaKl

— En Orsai (@EnOrsai) April 23, 2018