Hoy reconvertido en macrista militante, en los noventa tenía en su despacho tenía una foto autografiada del entonces presidente Carlos Menem

El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, sostuvo hoy que Alberto Nisman, el ex titular de la UFI AMIA que apareció muerto "ha sido víctima del delito de homicidio".

Si bien no aporta mayores pruebas, Sáenz parece decidido a vincular la muerte de Nisman con el kirchnerismo: en concreto, quiere responsabilizar a la ex presidenta Cristina Kirchner con la muerte del fiscal.

De hecho, esa fue su posición casi desde el primer momento, a pesar de que la mayoría de los peritos afirmaran que lo más probable es que haya sido un suicidio. Así, devenido en casi un patriota por los grandes medios, Sáenz sin embargo tiene un pasado bastante turbulento.

Hoy reconvertido en macrista militante, en los noventa el fiscal fue un conspicuo menemista: de hecho, en su despacho tenía una foto autografiada del entonces presidente Carlos Menem.

En 1991, el ex fiscal Luis Moreno Ocampo pidió que fuera separado de una causa que investigaba al narcotraficante Fernando Pruna Bertot. Entonces, Sáenz no sólo evitó pedir su extradición, sino que también ordenó su excarcelación.

Saenz además fue procesado por Forum Shopping, o sea, digitar el destino de causas para beneficiar al acusado.

La Radio Pública reveló incluso las escuchas telefónicas que demostraban la coordinación entre el fiscal Sáenz y el comisario Marcelo Pecorelli para operativizar la manipulación de las causas para que recaigan en juzgados y fiscales beneficiosos para el imputado.

Tan polémica era su trayectoria que, si bien hoy Clarín lo ensalza, en 1996 el diario lo castigaba por sus antecedentes.

Sáenz se pronunció por la “constitucionalidad” y “validez” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron impunidad a los represores de la dictadura.

Sáenz realizó una presentación judicial el 15 de abril de 2003 en el marco de un planteo del último jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.

En la causa, que investigaba el secuestro y desaparición en 1980 de más de 20 militantes de la organización Montoneros, el juez federal Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal habían dictado la nulidad e inconstitucionalidad del Punto Final y Obediencia Debida a la hora de procesar al ex dictador Leopoldo Galtieri junto a otros ex jefes castrenses.

La defensa del procesado Nicolaides apeló ambas resoluciones ante el tribunal de alzada. Al momento de los hechos, Nicolaides era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas.

Sáenz, en su pronunciamiento, se basó en que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad.En ese marco, el actual fiscal general en lo Criminal y Correccional sostuvo que las leyes mantenían su vigencia, por lo que se debía respetar el principio de irretroactividad de la legislación.

Según reveló el preiodista Ari Lijalad, Sáenz a su vez dictaminó en contra del servicio gratuito para ver películas Cuevana, beneficiando a Cablevisión On Demand, del Grupo Clarín.