A Kearney, de 72 años, se le atribuye “haber captado, trasladado y acogido” a dos trabajadores rurales –uno de ellos oriundo de Entre Ríos–, “con fines de explotación laboral, para lo cual se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, como así también el haber detentado armas de fuego de uso civil condicional”.

El colectivo donde “vivía” el trabajador no tenía baño, ni agua caliente, ni calefacción, ni energía eléctrica. El peón, oriundo de Lobos, dormía al lado de toneles con antibióticos para los animales. El otro trabajador “vivía” en una pieza en condiciones precarias y trabajaba en negro por un salario semanal de 800 pesos.

El 21 de julio pasado, la justicia allanó el campo de la Ruta 3, Km 77, en el partido de Cañuelas. Allí, se rescató a las víctimas y se incautaron dos carabinas calibre .22; un revólver del mismo calibre y otro .32; una escopeta calibre .20 y municiones para estas armas.

Ese mismo día detuvieron a Kearney, que quedó imputado por tenencia ilegal de armas de uso civil y trata de personas agravada por haber mediado una situación de vulnerabilidad.

El empresario rural también fue denunciado por obstruir la tarea de los funcionarios del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) cuando estos se hicieron presente en su campo a partir de una denuncia anónima. Kearney los recibió de manera hostil, según la presentación hecha ante el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

El juez Alberto Santa Marina negó la excarcelación a pedido de la Fiscalía, que consideró que el imputado, de quedar en libertad, podría intervenir en el rumbo de la investigación. Kearney quedó alojado en el Penal de Ezeiza mientras la pesquisa continúa.