El senador nacional por la UCR de Chubut, Mario Cimadevilla, sorprendió anoche al reivindicar las leyes de obediencia debida y de punto final sancionadas en la segunda mitad de los ’80s y derogadas en forma combinada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia casi tres décadas después.

Los derechos humanos fueron el centro del debate anoche en el Senado, al tratarse en el recinto el proyecto oficial dirigido a la estatización de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

En ese marco, Cimadevilla, una de las voces más prominentes del radicalismo en el Senado de la Nación, sorprendió al reivindicar la ley de obediencia debida con el argumento de que “era una promesa electoral” y la posterior ley de punto final, a la que definió como “absolutamente oportuna”.

En forma coherente con ese planteo, el representante boina blanca -quien aclaró que expresaba esta postura a título personal- rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en la década pasada, declaró la inconstitucionalidad de las leyes por las que presionó el poder castrense al primer gobierno democrático emergido tras la sangrienta dictadura que se extendió entre 1976 y 1983.

En ese sentido, Cimadevilla mostró su coincidencia con la firma disidente ante aquella declaración de inconstitucionalidad que expresó por entonces el eternizado supremo Carlos Fayt.