
Cancillería confirmó que se encuentran de regreso los dos jóvenes del PRO que se encontraban en Cuba y que, según denunciaron desde el partido que lidera Mauricio Macri, habían sido detenidos.
Martes 10 de diciembre de 2013 | 19:12
Fuentes de Cancillería informaron que Pedro Robledo y Valentina Aragona "ya subieron al avión y se encuentran en vuelo hacia Buenos Aires".
La noticia de la supuesta detención había sido informada por la red social Twitter por la diputada Laura Alonso y por Augusto Rodríguez Larreta, subsecretario de Gobierno porteño y del jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, había manifestado que "estos jóvenes con entusiasmo fueron a un seminario de derechos humanos en Cuba", y agregó, sin estar al tanto de lo que pasó: "Bastante testimonial fue el tema porque de derechos humanos ahí no hay nada".
Mientras el gobierno celebra cifras infladas de “desaceleración” económica, más de un millón de niños y niñas en la Argentina no acceden ni a comida, ni a salud, ni a educación. La pobreza se vuelve irreversible cuando el Estado desaparece.
Florencia Carignano arremetió contra las libertarias por boicotear el Congreso, cuestionó la preparación de sus pares y denunció conductas que, según ella, rozan lo indecoroso. “Si no van a legislar, al menos estudien”, disparó.
Mientras Javier Milei retuitea falsedades y ataca a periodistas, sus diputados manipulan datos del INDEC para negar la pobreza estructural. La realidad: una familia necesita más de 1.100.000 pesos por mes para no ser pobre, no 360 mil como afirman desde el gobierno.
El diputado español Víctor Egio, de Podemos, exigió que la justicia detenga a Javier Milei al aterrizar en Madrid por reincidir en la promoción de criptomonedas vinculadas a fraudes financieros. Denunció el evento libertario al que asistirá el presidente argentino como una “secta neoliberal” patrocinada por oscuros intereses cripto.
El gobierno de Milei avanza con el remate de terrenos públicos destinados a la ciencia y la producción agropecuaria. Lo que llaman “ajuste” es, en realidad, una privatización encubierta que favorece a desarrolladores inmobiliarios y al agronegocio concentrado. Las 100.000 hectáreas del INTA, en la mira.