Una vez en el cargo, planteaba que no era necesario, por ejemplo, contar con fiscalías especializadas contra la violencia de género”, repasó Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, entrevistada por este medio.

El procurador elegido por Vidal en 2016 fue votado casi por unanimidad en el Senado bonaerense. En ese momento, Macha era legisladora provincial y fue la única que rechazó su designación por sus dichos en contra de los derechos de las mujeres y diversidades. “Para mí era muy importante en términos democráticos y de lo que significa la puja de los discursos, la puja de los modelos de país y de provincia que queremos”, detalló.

Conte Grand es abogado del Opus Dei, la orden religiosa ultra conservadora que contó con varios integrantes en el gabinete bonaerense de Vidal. Llegó a la política con el menemismo y fue procurador en CABA hasta 2015. Su desembarco en este rol fue a raíz de una recomendación de un compañero del ex presidente Mauricio Macri en el colegio Cardenal Newman, donde compartieron aula con otros dos allegados al primer mandatario: Pablo Clusellas, quien fue secretario de Legal y Técnica de la Nación, y Nicolás Caputo, una de las personas de su mayor confianza.

Desde este cargo, Conte Grand apeló una sentencia en primera instancia que había suspendido requisitos inconstitucionales del protocolo de atención de interrupciones legales del embarazo. Incluso, llegó a decir que en el ordenamiento jurídico “no existe un derecho de acceder al aborto no punible”. En octubre de 2016, ya en el rol de Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires, se negó a rubricar la resolución que adhería al protocolo internacional y que habilita esta práctica.

Durante su designación como procurador en la provincia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por estos hechos y también por sus dichos en torno al matrimonio igualitario, plasmados en su artículo “La transformación del orden público”. Mientras se debatía esta ley, Conte Grand refirió a “los riesgos de la transformación, sin norte visible, de la institución del matrimonio y, por ende, de la familia, núcleo impostergable de la sociedad”. También opinó que se estaba produciendo “un grave desvío de los principios del orden público de naturaleza inmutable, cuyas consecuencias para el tejido social y la convivencia no han sido calibradas”.

Si bien sus posturas en contra de numerosos avances en el campo de los derechos humanos no fueron un obstáculo para su continuidad en el poder, su responsabilidad en la mesa bonaerense anti sindical parece ponerla en tela de juicio. “Conte Grand tiene un posicionamiento ideológico y cristiano que no lo comparto, pero esto ya corre por otro carril que es el de la comisión de delitos, mucho más para aquellos funcionarios públicos que tienen a su cargo el Ministerio que acusa a los delincuentes”, sintetizó la diputada González y concluyó: “Hay que romper el silencio y es responsabilidad de todos los funcionarios y de la gente que cree que la política es una herramienta para modificar las cosas y no para organizar mesas judiciales”.