Finalmente se dieron a conocer los Pandora Papers, un registro de casi 12 millones de documentos que revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, como así también una gran cantidad de celebridades, deportistas y empresarios.

En la investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se revelaron este domingo los negocios offshore del Rey de Jordania, de los actuales o ex presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.

En estos documentos, Argentina aparece mencionada 57.307 veces, y en los cuales los investigadores se refieren a "beneficiarios finales" como personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los nombres que aparezcan en los papeles de esas firmas en esas jurisdicciones de baja tributación.

En la investigación aparecen sociedades del consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del expresidente Mauricio Macri.

Además se menciona al exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como el financista Ernesto Clarens, quien confesó como arrepentido en la "causa de los cuadernos”.

También se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem (quien dará detalles de esos movimientos en los próximos días), y de Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la AFA Julio Grondona.

En los documentos aparecen, además, renombrados futbolistas como Ángel Di María y Javier Mascherano y el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quienes han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita.

Sí lo es si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, ya que puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.