La creación de la Fundación PAMI, lejos de generar transparencia, genera una incertidumbre en la ciudadanía

En las últimas horas, el Gobierno de Cambiemos creó dos entidades destinadas a esquivar las regulaciones a las que están sometidos los organismos públicos: una fundación para el PAMI y una sociedad anónima para Vialidad Nacional. En ambos casos, podrán hacer compras directas sin licitación y contratar personal por fuera del convenio.

La Fundación PAMI tiene las mismas autoridades que la obra social de los jubilados y, según la resolución firmada por su titular, Sergio Casinotti, estará habilitada para dar prestaciones sanitarias y sociales que “brinde el o los efectores cuya gestión se encargue”, incluso con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios. Es decir, los hospitales y las clínicas que ya supervisa el PAMI.

La fundación podrá, además, hacer compras directas sin licitación y contratar personal por fuera del convenio, esquivando los controles actuales.

Según publicó el diario Página 12, desde el PAMI intentaron explicar que la creación de la ONG es solo para administrar el hospital Bernardo Houssay, que pertenecía a la Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata y fue expropiado. El PAMI, no obstante, ya administra el Hospital Francés y también el Español, del que se hizo cargo por orden judicial.

Con los mismos objetivos generales, el Ejecutivo creó Corredores Viales S. A. para hacer lo que hace Vialidad Nacional, pero sin los controles que tiene el organismo público: la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional. Según el decreto que creó la sociedad, publicado hoy en el Boletín Oficial, el argumento es que es "prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial”.

El principal accionista de Corredores Viales es el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, que tiene el 51 por ciento del capital social de titularidad del Estado nacional. El 49 por ciento restante quedó en manos de la Dirección Nacional de Vialidad.

En sus considerandos, el decreto señala, además, que "en caso de que el interés público lo requiera, podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes".

COMO EN LOS "90"
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El propósito será "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".

Según la norma —firmada por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietich—, "resulta fundamental disponer los recaudos que tiendan a proteger los derechos del público usuario ante eventuales contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las concesiones (viales) a los fines de viabilizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios a través de las concesiones de la red nacional de caminos, rutas y autopistas".

Pero, además, el decreto establece expresamente que "no resultan aplicables a Corredores Viales" las disposiciones consagradas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley de Obras Públicas. Es decir: no tendrá que hacer licitaciones y podrá hacer contrataciones directas y decidir qué empresa hace cada obra.

Denuncias

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social (Ufices), Gabriel De Vedia, fue enfático sobre la creación de la Fundación PAMI: "Se crea una fundación para dotarla de funciones que ya están planteadas en la ley 19.032, y que su delegación está prohibida. Menos aún se puede delegar funciones en otro órgano, como lo es esta futura fundación".

El fiscal señaló que en la UFICES hay una investigación abierta al respecto y se preguntó: "¿Cuál es el objetivo de crear una fundación? ¿Puede el PAMI delegar funcionas que les son propias a través de una fundación?". "En principio, el PAMI no puede desprenderse de sus atribuciones", subrayó, y agregó que "si hay una modificación que se considere necesaria dentro del PAMI, debe ser por ley".

Según De Vedia, "la creación de la Fundación PAMI, lejos de generar transparencia, genera una incertidumbre en la ciudadanía". "Una fundación hace un ruido en la cabeza de cualquiera", razonó, y explicó que, además, "no es necesaria", porque podría modificarse la ley que creó el PAMI, algo que la alianza gobernante no parece dispuesta a hacer.

Fuente: http://elpaisdigital.com.ar

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