“1 de cada 4 menores de 4 años vive en situación de déficit habitacional y 1 de cada 5 en condiciones sumamente precarias. De ellos, el 60 por ciento reside en villas de emergencia y el 40 por ciento en inquilinatos, hoteles y pensiones”, sentencia el trabajo titulado “Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”, un informe presentado esta semana por la Asesoría General Tutelar y el Centro de Estudios Legales y Sociales. El informe detalla que mientras a nivel nacional la cantidad de viviendas precarias descendió de 628.580 en 2001 a 561.015 en 2010 –con una baja del 6,2 al 4,6 por ciento–, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha visto incrementado el número de viviendas precarias, que ha pasado de 50.121 a 51.380” en el mismo período.

El déficit habitacional está definido por la falta de vivienda o el mal estado del espacio en el que una familia porteña habita, que según la Encuesta Anual de Hogares 2010 en la ciudad alcanzaba al 11 por ciento de los hogares y a unas 400 mil personas. En ese contexto, son cada vez más los menores que sufren las consecuencias de la crisis habitacional. ¿Cómo enfrentar una situación que parece endémica y que afecta directamente a la población más vulnerable de la ciudad?

Una de las propuestas llega desde el Movimiento Ocupantes e Inquilinos (MOI), una cooperativa que desarrolla en la ciudad varios proyectos de vivienda por autogestión. “Los principales problemas que se enfrentan son burocráticos. Uno tiene que ser ingenioso para resolver y seguir adelante, ya que lo importante es que las viviendas lleguen a manos de los compañeros”, define Jorge Stanganelli, arquitecto colaborador de la ONG. La propuesta del MOI incluye la obtención de terrenos en los que se levantarán complejos. “Los que trabajan durante la construcción son los mismos que luego tendrán la casa, de ese modo respondemos a cuestiones de trabajo y a la vez resolvemos el problema habitacional”, explica Stanganelli.

Casa y trabajo, una cosa y la otra van de la mano. El informe del CELS lo confirma, señalando que el 43,1 por ciento de los niños menores de 4 años habita en hogares de bajos recursos, mientras que en los de mayores ingresos sólo se encuentra el 8 por ciento de los niños y niñas de este grupo de edad. Atendiendo a esta problemática, son varios los sectores de la comunidad civil, académica y política que señalan proyectos plausibles.

“Como académicos comenzamos a diseñar un proyecto sobre la Villa 31 que luego presentamos en la Legislatura y perfectamente serviría para otros asentamientos –aporta el urbanista Javier Fernández Castro, titular de Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires–. Para mejorar el déficit hay que invertir en tendido de cloacas, agua potable y luz. No demandaría una gran inversión, mucho menos si tenemos en cuenta que esta ciudad tiene uno de los mayores PBI del país. Además nuestra propuesta parte de mejorar lo hecho socialmente, lo cual baja el costo en un 50 por ciento. Lamentablemente la propuesta fue cajoneada”.

Como el arquitecto de la UBA, pocos se explican el incremento en la problemática habitacional, cuando la CABA es una ciudad que cuenta con recursos económicos superiores a los otros distritos.

En general, los consultados señalan un problema elemental: la ciudad no tiene un organismo único que se dedique a la resolución de los problemas de viviendas. “El hecho de que existan varios organismos que intervienen, como el Instituto de la Vivienda o el área de Desarrollo Social, hace que todo se vuelva muy burocrático. Urge solucionar eso para dar una respuesta real a las problemáticas concretas”, agrega Fernández Castro.

En otra vereda, el oficialismo porteño también abre el juego y muestra sus cartas. Desde la presidencia de la Comisión de Vivienda, la legisladora Lidia Saya confirma: “Los créditos están orientados a las familias que trabajan y pueden pagarlos. No hay ni creo que vaya a haber una política para la gente que no tiene trabajo, es inviable tener casas o terrenos para familias que no puedan pagarlas. En todo caso el área social se encarga de analizar y promover mejoras para esa población”. Una cuestión difícil de asimilar de cara a los relevamientos que exponen falta de gestión pública.

Un 23,9 por ciento de las viviendas particulares que componen el territorio porteño se encuentran deshabitadas. Carolina Fairstein, abogada del CELS, explica: “Esta situación, que requiere de una intervención estatal activa, y que en la actualidad se encuentra totalmente ausente, muestra un comportamiento diferencial si se la analiza desde el punto de vista de las comunas. Por ejemplo, las comunas 8 y 9 detentan un alto déficit y a la vez tienen la mayor proporción de parque habitacional deshabitado: 39,9 y 34,3 por ciento, respectivamente”.

Entre los hallazgos del relevamiento puede sumarse que, a pesar de la grave crisis habitacional que atraviesa la ciudad, la asignación para el área es cada vez menor y existe una constante subejecución de lo presupuestado. Al mismo tiempo se puede observar una superposición, inconsistencia y falta de coordinación de los organismos públicos que trabajan la cuestión de vivienda en la ciudad. A pesar del oscuro panorama, los analistas encuentran en el territorio macrista un espacio en el que las condiciones para la mejora del ejercicio del derecho a una vivienda adecuada son más favorables que en otras regiones de la Argentina.

“Es muy absurdo que haya tanta gente que no tiene casa y a la vez existan más de 50 mil casas tapiadas y vacías. Aunque algunas de esas viviendas fueran de privados, se podría aplicar un aumento del impuesto hasta que esa vivienda se venda o se alquile, se hace en otros países con éxito. Lo dice la Constitución de la ciudad, la propiedad privada debe ser respetada, pero a la vez esta tiene una función social que debe prevalecer”, suma Rodolfo Livingston, arquitecto y candidato a legislador porteño por Aluvión Ciudadano.

En materia de hábitat, este no es el primer mal trago para los porteños. El año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un análisis sobre el presupuesto del período 2008-2012 y las políticas públicas. Allí se consignó que “para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. En el voluminoso material también se denunció: “El Poder Ejecutivo llevó adelante un vaciamiento presupuestario del Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT), actualmente vigente por la ley 148, llegando a no asignarle presupuesto en el proyecto para 2013”. De ahí la desmentida oficial en boca de la titular de Vivienda. “La Villa 31 tiene una ley desde el 2009 por la cual se nos obliga a gestionar la urbanización del barrio. Hay un programa que todos los años tiene un presupuesto de 20 millones de pesos y se están analizando cuáles son las obras prioritarias”.

El tema interesa a Iván Petrella, en carrera como candidato a legislador por el Pro. “Lanzamos créditos con la tasa más baja del mercado –explica–, la línea hipotecaria Ciudad Social, el único préstamo para vivienda de la Argentina que se otorga bajo la modalidad de las microfinanzas, con mínimos requisitos y garantía solidaria para acceder a la primera vivienda”. El problema es mayor porque la precariedad habitacional es un mal que golpea directamente en familias de muy bajos recursos. “Terreno, trabajo y asesoramiento para que no se haga cualquier cosa, esos son los ejes que deberían trabajarse –define Livingston–. Resolver el tema de vivienda no demanda solamente hacer un barrio monstruoso o dar préstamos, hay que ver con qué se cuenta y poner todo al servicio de la parte más sufrida de la sociedad que mayoritariamente no puede pagar un préstamo”.

Pero si para algunos la solución es viable, ¿por qué no se alcanza? “El gobierno actual no tiene su interés en el problema social sino en los negocios. No hay un plan, aunque ellos lo expresen, porque las estadísticas dicen que de lo escrito se cumple menos del 4 por ciento de los objetivos. La principal solución sería remover las trabas que el propio gobierno porteño pone. Por ejemplo, tanto para construir como para refaccionar cada vivienda se exigen unos trámites carísimos que llegan hasta los 30 mil pesos, con demoras de dos o tres meses. Eso afecta a quienes consiguen un plan ProCrear”, denuncia Livingston, promotor del derecho a la ciudad, un concepto de inclusión muy desarrollado en países como Brasil, pero que en el ámbito público porteño aún no logra hacer mella. “El tema es muy importante porque lo que se promueve es pensar toda política estrictamente ligada a las necesidades sociales urbanas. En la ciudad de Buenos Aires pareciera un tema postergado por decisión o desidia de las autoridades”, concluye.

Stanganelli también suma lo suyo y abre una nueva arista de debate: “Algo que alguna vez habrá que discutir es la existencia de un programa real que permita redistribuir trabajo y vivienda en sitios donde hay mucho espacio para habitar. Es ridículo que todo se centralice en las grandes urbes, pero para que esto pase la gente tiene que saber que irá a una provincia o ciudad donde haya todo lo que vino a buscar aquí”. Por ahora las particularidades y las miradas se bifurcan. En el medio del debate, miles de niños que enfrentan cada día una situación de precariedad que los arroja a patadas del sistema que supimos conseguir. Lejos de golpes bajos, cerca de la magra realidad.