En las últimas horas la Justicia intervino y allanó una vivienda en donde encontraron gran cantidad de mercadería.

Paola Alejandra Díaz, de 43 años, y Rosa Fabiola Díaz, de 40, fueron imputadas por el fiscal Rafael Medina por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. La primera se encuentra detenida y optó por declarar, mientras que para la segunda, quien fue imputada y se abstuvo de declarar, el fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad, por tratarse de una defensora oficial.

El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, que a través de una entrevista periodística las acusó de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona. Lo hizo por video a través del canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

El fiscal dispuso ese mismo día una serie de medidas, entre las cuales estuvo la de fijar una consigna permanente en el lugar en el que se encontraban las donaciones en cuestión, provenientes de distintas fundaciones, e invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal. La mujer hizo la correspondiente denuncia el jueves 4, en la Comisaría 45 de la ciudad norteña y realizó una ampliación el viernes 5, en sede scal.

De acuerdo a la denuncia, en enero de 2020, las acusadas Paola y Rosa Díaz, habrían recibido de distintas fundaciones la donación de mercaderías perecederas, ropas, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas.

"Hay orden de ir hasta las últimas consecuencias", do un efectivo policial que participó del allanamiento y posterior retiro de gran la cantidad de elementos que se encontraban en la vivienda de la concejal Paola Díaz y de la defensora civil del distrito Judicial de Tartagal, Rosa Díaz.

Según la información oficial proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, de la vivienda se retiraron cajas con mercadería variada, bolsas de consorcio, de arpillera blanca, cajas de cartón, dos bolsos, bolsas de plástico y de tela ecológica, todas con ropa y calzados usados. Por otra parte, de un ambiente que funciona como depósito en el mismo inmueble, se secuestraron bolsas de consorcio negras, otra transparente y una de arpillera, todas con ropa nueva y usada. Por último, de la planta baja y del interior de una cámara frigorífica en desuso, se secuestraron 38 bultos contenidos en bolsas de consorcio negras, 14 cajas de cartón, 10 bolsas plásticas, una bolsa de tela y otra de arpillera, todas con ropa nueva y usada. De un salón de eventos: bidones y botellas de agua de diferentes tamaños.

Paola Alejandra Díaz es concejala en Tartagal. La detuvieron por robarse alimentos donados a familias wichís del norte salteño. Fue denunciada por su propia hermana. Una historia que estaría en la tapa de todos los diarios. Se salva solo por un detalle: es de la UCR. pic.twitter.com/V2fJcaRZLw

— Marcelo Puella (@marcelopuella) February 9, 2021

Por su parte, Sandra Díaz aseguró ante todos los medios informativos que cubrieron el escándalo, que ella había denunciado el hecho hacía dos meses en la justicia pero que nadie había tomado medida alguna precisamente porque la denunciante era funcionaria de justicia en el Distrito Judicial del Norte Tartagal.

"El único que mandó una consigna policial a la casa fue el scal Medina porque yo le de que mis hermanas a la 1 de la mañana del viernes vinieron a sacar todo aprovechando que yo me había ido hasta la policía", rerió en una nota realizada por el medio local, El Tribuno, y relató que al menos ella había contabilizado "unos 7 camiones que vinieron de la fundación de Boca, de la fundación de River, de la Fundación Noble y de otras provincias. Ellas venden en los negocios de Villa Saavedra y ahora la que es concejal es candidata a diputada provincial así que también va a usar toda esa ayuda para hacer política", había manifestado la denunciante.

Al conocer los hechos, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a las comunidades originarias de Santa Victoria Este del departamento salteño de Rivadavia, anunciaron protestas contra las funcionarias. Durante el n de semana, los caciques Cándido Mansilla, de la organización La Nueva Generación, y Celina Juárez, de la comunidad Lapacho II, fueron a la casa de la concejala para exigir la entrega de los donativos.