La división de poderes tiene su origen moderno en la obra de Montesquieu, un pensador político francés que se valió de viejas experiencias, como la República romana y el sistema de gobierno inglés. Hoy, el Estado argentino como muchos países del mundo se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En nuestro país, el Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la Nación y entre sus cargos más importantes están el Vicepresidente y el Jefe de Gabinete de ministros, una figura que se introdujo en la reforma constitucional de 1994 inspirada en el cargo de Primer Ministro de los sistemas parlamentarios europeos, sin embargo su rol quedó a mitad de camino.

De los tres poderes del Estado, dos dependen del voto popular para determinar su conformación: el Legislativo y el Ejecutivo. Tanto la conformación del Congreso de la Nación en sus dos cámaras, como quien será el Presidente de la Nación, son decisiones que el pueblo dirime mediante sufragio.

Pero hay un poder, el Judicial, que ostenta una autonomía notable además de cargos vitalicios, situación de privilegio que no gozaron más que los reyes en las monarquías. Aquí, el voto popular no juega salvo un rol secundario cuando el Senado presta acuerdo para los nombramientos, por ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, requiere título universitario (abogado) en forma excluyente: los sectores más postergados tienen vedado el acceso.

La reforma judicial que intentó el gobierno buscaba una apertura democrática al conformar el Consejo de la Magistratura mediante el voto popular, pero la Corte eliminó la posibilidad. Privilegios son privilegios.

La carrera en el Poder Judicial puede garantizar cargos vitalicios. En los tribunales de todo el país aún hay jueces que obtuvieron su cargo en Dictadura y por lo tanto, no tuvieron acuerdo del Senado, la voluntad popular no participó ni en un rol secundario.

Es por esta particularidad que la oposición hace pie en el Poder Judicial: no se necesitan votos, ni pueblo.

La anulación de las elecciones de Tucumán por parte de la Sala I de la Cámara en lo contencioso administrativo es el ejemplo más crudo de esta operatoria. Si el pueblo no los elige no les queda otro camino que anular su voluntad en un escritorio.

La “judicialización de la política”, tal como se la denomina en los pasillos, fue una constante en los últimos 12 años. Desde las presentaciones de los grupos económicos, como en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que aún no se pudo aplicar en su totalidad, hasta presentaciones de amparos contra la recuperación de YPF, la oposición buscó crear un contragobierno apoyado en sectores de la Justicia.

La oposición presentó amparos contra: la remoción de Martín Redrado el Banco Central, el nombramiento de Delfina Rossi en el Banco Nación, el acuerdo YPF - Chevrón, el desplazamiento del juez Cabral, la Ley de Medios, la Reforma a la Justicia, la estatización de las AFJP, las retenciones, el Código Civil, la Ley de Abastecimiento, la modificación del Consejo de la Magistratura, etc. La lista es interminable.

En simultáneo, los medios buscaron instalar la idea de que la Justicia oficia de contrapoder: una suerte de oficina de control en manos de hombres y mujeres con cargos vitalicios. El verdadero rol de la Justicia desde 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de tratados de Derechos Humanos a nuestra legislación, es intervenir y actuar por y para la protección de los más débiles. En nuestro país se da el caso contrario, el Poder Judicial es el arma de la corporaciones para perpetuar su privilegios en contra de la voluntad popular.

Se trata, en todos los casos, de un modus operandi para vetar al pueblo. El refugio de las élites que, disconformes con la voluntad popular que encarna el Congreso de la Nación o la elección del pueblo, están dispuestas a todo, incluso a pisotear la Constitución Nacional.