Para los pobres de la ciudad hay un ministerio pobre, con trabajadores pobres. Al macrismo no le importa la promoción social

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno que conduce Mauricio Macri dio acabadas muestras de cómo solucionar un conflicto de intereses: con balas, palos y desalojos. La Metropolitana es la fuerza de choque utilizada pero cuando la violencia circunstancial no alcanza para desanimar una lucha devienen las causas judiciales.

Luchadores por  vivienda digna, el fin de la precarización laboral por ejemplo, corren riesgo de ir a la cárcel. El reclamo en contra de la privatización de la cultura también está amenazado, como queda claro en la causa de la Sala Alberdi, donde reporteros gráficos y manifestantes fueron heridos con balas de plomo.

En una nota de Revista Veintitrés se dieron cita tres exponentes de la lucha en rechazo a la criminalización de los reclamos populares. Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la junta vecinal de la Villa 20, será juzgado a partir del 16 de octubre junto a Luciano Nardulli, referente de la Corriente Clasista y Combativa del barrio de Soldati. Los acusan de haber “instigado” la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Según numerosos testigos, entre los que están Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Pérez y Nardulli estuvieron en el Indoamericano después de que había sido tomado, en su rol de referentes de la zona, para ayudar a las familias sin techo que estaban pidiendo asistencia del Estado.

Recientemente hicieron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña en donde recibieron el apoyo de todos los bloques opositores. En dos oportunidades fueron sobreseídos, pero la causa se reabrió por insistencia del fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco, famoso por oponerse al juzgamiento de genocidas.

“Nuestro ‘delito’ fue ir a la Casa Rosada. Nos llamaron para tratar de buscar una solución. Estaban Mauricio Macri y Aníbal Fernández. Les dijimos que cumplan con la ley de urbanización de la Villa 20 y con la limpieza de las tierras del cementerio de autos. Al día de hoy no hicieron nada: ni el gobierno porteño ni el nacional cumplieron con la promesa de construir viviendas. El Indoamericano sigue siendo un enorme terreno baldío y ya vimos lo que pasó con el barrio Papa Francisco, donde mandaron topadoras para tirar las casitas”, puntualizó Pérez, histórico militante de la Villa 20. Según considera, tanto él como Nardulli son perseguidos políticos: “La Justicia porteña, por orden de Macri, quiere meternos presos para que tengamos miedo y no reclamemos. Pero no nos van a callar”.

Similar planteo hace Mariano Skliar, delegado general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores Estatales del Ministerio de Promoción Social de la ciudad. A principios de noviembre también será juzgado junto a otro dirigente de ATE, Humberto Rodríguez, secretario general adjunto de la seccional porteña del gremio. Los acusan de entorpecer el tránsito de uno de los carriles en la avenida 9 de Julio en el marco de una marcha que realizaron en marzo de 2013 para protestar por la precarización que sufren. Les pasó algo parecido a lo de los referentes barriales acusados por el Indoamericano. “Protestamos porque tenemos más de 2.000 compañeros contratados, sin estabilidad y con bajos salarios, cobrando la mitad de lo que cobran los que están en planta. Los funcionarios de la ciudad nos llamaron a negociar y después nos imputan”, planteó Skliar. “Para los pobres de la ciudad hay un ministerio pobre, con trabajadores pobres. Al macrismo no le importa la promoción social”, reflexionó el dirigente gremial, que remarcó que seguirán exigiendo “el pase a planta de los trabajadores y repudiando las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de las áreas de Adicciones y Niños, Niñas y Adolescentes de la Subsecretaría de Promoción Social porteña”.

En el caso de la Sala Alberdi, la Justicia se movió gracias a la presión ejercida por manifestantes y organizaciones de derechos humanos. Esta represión también se produjo en agosto de 2013, cuando talleristas y estudiantes que realizaban un acampe en contra de la privatización de la cultura y el vaciamiento del Centro Cultural General San Martín fueron violentamente reprimidos por la Policía Metropolitana. Esteban Ruffa y Germán de los Santos, periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), y un integrante de una biblioteca popular resultaron heridos con balas de plomo disparadas por policías. Ruffa todavía tiene la bala alojada en su pierna. De los Santos se salvó, ya que la bala entró y salió, pasando muy cerca del tendón. Quedaron imputados los oficiales de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta, procesados con prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio agravado. “Fue una cacería, nosotros estábamos cubriendo como medios alternativos una protesta por el derecho a la cultura”, contó De los Santos, que integra el colectivo de comunicación popular DTL. Junto a Ruffa, de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed), son querellantes. Estos dos medios alternativos forman parte de la red que junto al Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) lleva adelante la lucha que permitió que haya policías presos.

“El conflicto de la Sala Alberdi fue una clara muestra del vaciamiento de la cultura ejecutado por el gobierno de Macri. Esto ya venía en su primer mandato con un paquetazo de ajuste que implicó el cierre de un montón de centros culturales. La autogestión de la Sala Alberdi fue exitosa hasta que decidieron reprimir primero con patotas, dejando a quienes participaban de la ocupación sin acceso al agua y alimentos y luego con el operativo de la Metropolitana”, reflexionó De los Santos, que detalló que a uno de los policías, Pereira de la Rosa, que estuvo imputado por la represión en el Indoamericano, se le encontró “un verdadero arsenal de guerra” en su domicilio particular. “En el caso del Indoamericano, donde la policía asesinó a Rossemary Chura Puña y a Bernardo Salgueiro, no logramos que haya policías presos. Los 44 que participaron de la represión, de la Metropolitana y la Policía Federal, fueron sobreseídos y están en libertad, pero vamos a continuar marchando para que paguen por lo que hicieron”, agregó Pérez, que planteó que “todas estas luchas se tienen que unir”. A su lado, De los Santos y Skliar coincidieron: “Tenemos que juntarnos para luchar por una ciudad para todos, con vivienda, trabajo, educación y cultura para todos, sin discriminación ni represión”, concluyó Pérez, que convocó a la masiva movilización que harán el próximo 16 frente a los tribunales porteños, en Tacuarí e Hipólito Irigoyen. Su pelea para repudiar las políticas represivas abre la puerta para que muchos puedan protestar en contra de la exclusión.