“no mienta más”. “Yo me voy a encargar de vos”, lo amenazó en una de las tantas comunicaciones telefónicas.

Amplio repudio ha provocado el accionar del jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, que el viernes a la noche terminó amenazando a dos periodistas del Canal 10 de Córdoba, Dante Leguizamón y Miguel Planells, luego de un “operativo saturación” en un barrio carenciado de Córdoba capital que concluyó en una represión policial con balas de goma.

Suárez increpó telefónicamente a ambos trabajadores de prensa y se dirigió amenazante al edificio donde está la emisora, además de haber escrito un tuit en la cuenta oficial de Twitter de la Policía de Córdoba -que luego fue borrado- en el que le pedía a Leguizamón que “no mienta más”. “Yo me voy a encargar de vos”, lo amenazó en una de las tantas comunicaciones telefónicas.

Durante el fin de semana, diversas agrupaciones de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales se solidarizaron con Leguizamón, que el sábado a la mañana hizo una presentación ante los tribunales cordobeses por la conducta del jefe policial.

Se conoció también que, durante esta semana, varios bloques de la oposición en la Unicameral provincial pedirán la interpelación y la remoción del Jefe de Policía. Hasta este momento ni Suárez ni el gobernador José Manuel de la Sota se han referido a este escandaloso caso.

Por su parte, el directorio de los Servicios de Radio y Televisión –a los que pertenece el canal universitario- calificaron lo sucedido como “un hecho de extrema gravedad que afecta la paz social, en tanto vulnera brutalmente la libertad de prensa en la provincia de Córdoba, y pone en serias dudas cuál es el verdadero trasfondo de la política de seguridad del Gobierno Provincial”.

“Ante tal actitud del más alto funcionario uniformado de nuestra provincia, los SRT de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) exigen una inmediata y rotunda descalificación por parte del Gobierno de la Provincia al accionar irresponsable y antidemocrático del comisario general Julio César Suárez. Cuando la libertad de prensa está en peligro, no hay lugar para vacilaciones. Así lo exigen las sociedades democráticas”, finaliza el comunicado.

Suárez emitió ayer un comunicado mediante el departamento de Prensa y Difusión de la Policía de Córdoba, en el que le pide a Leguizamón “formales disculpas sobre el caso”, y en el que asegura que “de ninguna forma he querido ofender y menos condicionar la actividad del sr. periodista Dante Leguizamón”.

Mientras, el senador nacional Luis Juez consideró que “las actitudes patoteriles del jefe de Policía no tienen coherencia con la publicitada ley de libertad de Prensa del Gobierno provincial y no se inscriben con los intentos de construir una estrategia por la seguridad de los cordobeses”.

Agregó que “la brutalidad de los procedimientos policiales no garantizan más y mejor seguridad. No es matando pibes pobres por la espalda como vamos a tener una sociedad más segura. Tampoco declarando la emergencia juvenil como una demagógica fachada que sólo esconde el desprecio por los jóvenes. De la Sota se excede en sus sentencias para la tribuna, mientras recorre el conurbano bonaerense, de campaña, y gobierna por control remoto la provincia”.

El sábado, la agrupación política La Jauretche expresó que, desde los saqueos de diciembre, “se ha puesto a la luz pública la crisis institucional de la policía de Córdoba, pero en especial la crisis del proyecto de seguridad del Gobierno Provincial, viciado de corrupción y avasallamiento de derechos”.

“La efectiva democracia y la seguridad se logra mediante la garantía de derechos. Nos solidarizamos con los vecinos de Los Cortaderos duramente reprimidos y con el periodista Dante Leguizamón ante el avasallamiento de sus derechos por parte del Jefe de Policía”, afirmó la organización.

La Mesa Provincial del partido EDE-Nuevo Encuentro exigió la renuncia de Suárez: “Este accionar mafioso y autoritario con el que se maneja un jefe de policía que cuenta con el absoluto respaldo del gobernador José Manuel De la Sota es motivo suficiente para pedir su renuncia al mando de una policía provincial que, lejos de ceder su poder después de los saqueos de diciembre, cuenta con más autonomía e impunidad para operar. La actitud de su jefe policial frente a un periodista que estaba ejerciendo su derecho a informar no hace más que confirmar que vivimos en un estado policial, en el que no se respetan los derechos humanos de las personas ni se puede ejercer la libertad de expresión como marca la Constitución Nacional y Provincial”.

El Presidente del Frente Grande de Córdoba, Horacio Viqueira, expresó ayer su indignación “frente al bochornoso acto de intimidación que efectuara quien por estas horas todavía desempeña el cargo de Jefe de la Policía provincial, lo que demuestra el estado de desgobierno que presenta la fuerza provincial, que se suma a toda una serie de hechos luctuosos donde la constante es el abuso de autoridad y el amedrentamiento hacia ciudadanos indefensos, en general, pertenecientes a sectores populares de la Provincia”.

La organización de derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba también dio a conocer su repudio: “Nuevamente la policía nos demuestra cómo es su modo de operar en la provincia de Córdoba”.

También se pronunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que solicitó a las autoridades -mediante un comunicado- “una pronta intervención. Toda actitud intimidatoria dirigida por un funcionario público contra un periodista, atenta contra la libertad necesaria para desempeñar su oficio. Si la amenaza proviene de la máxima autoridad dentro de la fuerza a la que le cabe velar por la seguridad de los ciudadanos en un distrito, se potencia la gravedad del caso”.