
El fiscal Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y otros funcionarios de dicha cartera actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras.
Viernes 01 de noviembre de 2019 | 17:11
El fiscal federal Franco Picardi impulsó este viernes la apertura de una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, Pablo Noceti y otros funcionarios de dicha cartera actuaron fuera del marco legal y las atribuciones a ellos conferidas con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y delucro.
? El fiscal Picardi imputó a la ministra Patricia Bullrich y a otros funcionarios en grave denuncia en perjuicio de la comunidad mapuche. Se habla de espionaje, muertes, mal uso del dinero del Estado y creación de un falso enemigo en la figura de la RAM.
— C5N (@C5N) November 1, 2019
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En su dictamen, el fiscal Picardi pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas.
El representante del Minsterio Público Fiscal pidió además saber si los funcionarios del presidente Mauricio Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales y encubrir su responsabilidad en ellas.
El economista Orlando Ferreres advirtió que la tasa de interés récord y la falta de inversión frenan el crecimiento argentino. El riesgo de recesión, corrupción y fuga de dólares agravan un escenario económico crítico pese a la promesa de control inflacionario.
En Casa Rosada preocupa el avance de denuncias por presuntas coimas y mensajes que involucran a colaboradores cercanos. Santilli y Ritondo fueron casi las únicas defensas públicas. La fiscalía investiga chats (“somos Lule y Karina”) y un mensaje atribuido a Hayden Davis (“le pago a la hermana del presidente…”). En el Gobierno buscan “cargar” responsabilidades sin afectar a Karina Milei.
De Suizo Argentina a la Casa Rosada, empresarios y funcionarios quedan en la mira: denuncias, audios y acusaciones por desvío de fondos destinados a discapacidad salpican al oficialismo y a figuras del círculo presidencial.
El abogado Gregorio Dalbón denunció una red de corrupción en la agencia ANDIS que, según audios difundidos, alcanza a la Secretaría General de la Presidencia y a Karina Milei. El caso involucra triangulación de pagos, coimas y maniobras con fondos para personas con discapacidad. Dalbón exige una investigación judicial real y advierte sobre la impunidad en las más altas esferas del poder.