¿Quién Controla las Fronteras?

El reciente megaoperativo en el que fueron detenidos doce gendarmes pertenecientes al Escuadrón 55, junto a nueve civiles, ha revelado una de las caras más oscuras de las fuerzas de seguridad argentinas: la corrupción sistemática que permite el contrabando y el tráfico de drogas a través de las fronteras del norte del país.

Bajo la fachada de simples "tours de compra", organizados para adquirir mercadería en Bolivia, se escondía una compleja red delictiva que incluía el cobro de coimas, la extorsión a comerciantes y la facilitación del transporte de estupefacientes.

Este escándalo reaviva el debate sobre el estado de las fuerzas de seguridad y su capacidad para proteger las fronteras, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei promueve una supuesta lucha contra el crimen organizado que parece desmoronarse desde adentro.

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Una frontera insegura

Las imágenes de un gendarme vaciando la mochila de un colega esposado, con billetes que ascienden a 700.000 pesos, son la representación más cruda de un sistema podrido. El operativo, dirigido por la fiscalía federal 2 de Tucumán bajo la conducción de Agustín Chit, expuso una organización criminal de gran alcance. Los gendarmes detenidos habrían recibido coimas para permitir el paso de mercaderías de contrabando como cigarrillos, celulares, electrodomésticos y hasta drogas, provenientes de Bolivia. Pero el caso va más allá del simple contrabando: los efectivos no solo cobraban sobornos a los organizadores de los tours, sino que también estaban implicados en el tráfico de estupefacientes, según consta en el expediente judicial.

El modus operandi de la red incluía dos mecanismos principales. En primer lugar, los sobornos en puestos de control. Los gendarmes detenían vehículos sospechosos y pedían dinero para dejarlos seguir su recorrido sin ser requisados. En segundo lugar, existía una coordinación previa entre los efectivos y los organizadores de los tours, quienes recibían información sobre la ubicación de los controles y el momento preciso en que podían pasar sin problemas, todo a cambio de sumas en efectivo. Este entramado corrupto, que ha estado operando de manera sistemática durante al menos el último año, generaba ingresos millonarios para los gendarmes.

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El Estado que no protege

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en una narrativa de lucha contra el crimen organizado y refuerza sus políticas de austeridad en nombre de la eficiencia del Estado, escándalos como este demuestran que las fuerzas de seguridad están lejos de estar preparadas para enfrentar el narcotráfico y el contrabando. La corrupción dentro de Gendarmería no es un fenómeno aislado, sino la punta del iceberg de un problema estructural que no ha sido abordado con la seriedad que requiere.

En lugar de reformar y profesionalizar las fuerzas de seguridad, el gobierno ha priorizado medidas económicas que han debilitado aún más las instituciones del país. Los recortes presupuestarios, la falta de controles internos y la precarización laboral han creado un caldo de cultivo perfecto para que la corrupción florezca en las filas de Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Ante un gobierno que proclama defender la libertad individual y el orden, la realidad muestra un desorden institucional que está lejos de ser contenido.

Drogas y sobornos: la nueva normalidad

El caso de los gendarmes no solo expone una red de sobornos, sino que también pone en evidencia el aumento del narcotráfico en las fronteras del país. Durante el operativo se descubrió que, junto con la mercadería ilegal, los tours de compras también facilitaban el ingreso de cocaína y marihuana desde Bolivia. En un episodio que ocurrió en julio, un colectivo que transportaba productos contrabandeados desde Orán, Salta, fue incendiado después de eludir un control de Gendarmería. Al realizar una pericia, se hallaron restos de una carga de marihuana, lo que dejó al descubierto la magnitud del problema.

La Gendarmería, que en teoría debería ser la primera línea de defensa contra el crimen organizado en las fronteras, ha demostrado estar infiltrada por la corrupción en niveles alarmantes. Los sobornos se han convertido en una práctica cotidiana, lo que plantea la pregunta: ¿Quién vigila a los vigilantes? La investigación, que comenzó en febrero gracias a denuncias de bagayeros y miembros de la propia Gendarmería, aún está en desarrollo, y no se descarta que la red de corrupción alcance a personal de mayor jerarquía. Los agentes investigados enfrentan cargos por asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero las ramificaciones de este caso podrían llegar mucho más lejos.

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Una crisis institucional sin respuesta

El caso de los gendarmes corruptos es un golpe demoledor para la imagen del gobierno, que se ha comprometido a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, los hechos demuestran que no se trata solo de una cuestión de políticas de seguridad, sino de una crisis institucional de mayor envergadura. La precariedad de las fuerzas de seguridad, la falta de controles internos efectivos y la ausencia de una estrategia coherente para combatir la corrupción han permitido que el contrabando y el narcotráfico operen con total impunidad en las fronteras argentinas.

En medio de esta crisis, el silencio del gobierno de Milei es ensordecedor. A pesar de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó en una conferencia internacional sobre seguridad marítima el mismo día que se desmanteló la red de sobornos, no ha habido declaraciones contundentes que aborden la gravedad del problema. La inacción del gobierno ante un escándalo de esta magnitud deja en evidencia la desconexión entre su discurso y la realidad que enfrentan millones de argentinos que viven en zonas fronterizas, expuestos a la inseguridad y la violencia generada por el narcotráfico.

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Este caso es una advertencia sobre las consecuencias de descuidar las instituciones y permitir que la corrupción eche raíces en las fuerzas de seguridad. La falta de una respuesta firme por parte del gobierno solo perpetuará la impunidad y fortalecerá las redes delictivas que operan en las sombras.

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— En Orsai (@EnOrsai) September 19, 2024