Contexto económico y social

(Por Walter Onorato) Recordemos que el veto de Cristina Fernández de Kirchner al 82% móvil en 2010 se dio en un contexto donde el país estaba en plena recuperación económica tras la crisis de 2001-2002. Su gobierno había logrado una reducción considerable del desempleo, un crecimiento económico sostenido y una mejora significativa en las condiciones sociales. En ese momento, la prioridad del gobierno era consolidar estas mejoras, evitar desajustes fiscales abruptos y mantener un modelo de inclusión social que ya había permitido, por ejemplo, la creación de la moratoria previsional que incorporó a millones de jubilados sin aportes previos.

En contraste, las políticas de Javier Milei se implementan en un contexto de ajuste severo y priorización del pago de la deuda externa, bajo una lógica de reducción del gasto público a toda costa, sin considerar los impactos sobre los sectores más vulnerables, como los jubilados. Su gobierno ha llevado a cabo recortes indiscriminados en salud, educación y servicios sociales, afectando directamente a los más necesitados, y en particular a los jubilados, con tarifazos y eliminación de subsidios vitales.

Medidas complementarias a los jubilados

Cristina Kirchner vetó el 82% móvil, argumentando que una medida de ese tipo, en el contexto de ese momento, podría desestabilizar las cuentas públicas de manera insostenible, pero su gobierno seguía brindando protección y beneficios a los jubilados. Durante su mandato, se implementaron políticas complementarias, como el aumento semestral de las jubilaciones a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria (2008), que permitió que las jubilaciones aumentaran por encima de la inflación en varias ocasiones.

Además, su gobierno otorgó medicamentos gratuitos a los jubilados a través del PAMI, un aspecto crucial que contrasta con la situación actual. Milei, en cambio, ha recortado directamente estos beneficios, eliminando la cobertura del 100% en medicamentos y reduciendo significativamente el acceso a programas de apoyo.

Prioridades presupuestarias

El veto de Cristina fue un acto de prudencia fiscal, pero en el marco de un proyecto económico inclusivo que mantuvo y amplió el gasto social en otras áreas. Su gobierno nunca priorizó el pago de la deuda externa por sobre las necesidades de los jubilados o los sectores vulnerables. Por el contrario, renegoció la deuda para liberar recursos que se destinaron a políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura jubilatoria a quienes no tenían los 30 años de aportes necesarios.

En el caso de Milei, las medidas de ajuste responden a una política deliberada de priorizar el pago de la deuda externa y la reducción del déficit fiscal, sin importar el costo social. Mientras Cristina protegía a los jubilados con otras políticas y buscaba expandir derechos, Milei está desmantelando lo poco que queda de esa red de protección, afectando directamente a los jubilados.

Diferencia en la magnitud del impacto

El veto de Cristina fue sobre una ley que planteaba un aumento puntual, pero las jubilaciones siguieron actualizándose con el mecanismo de movilidad. Milei, en cambio, está aplicando una batería de medidas que afectan directamente la calidad de vida de los jubilados: desde el tarifazo en servicios públicos hasta el recorte en medicamentos y la eliminación de subsidios a sectores vulnerables. La magnitud del impacto en los jubilados bajo Milei es considerablemente más profunda y generalizada.

En resumen, mientras Cristina vetó el 82% móvil para proteger la sustentabilidad del sistema y mantuvo políticas de inclusión social, Milei está implementando una serie de medidas regresivas que desmantelan las redes de protección social, afectando a los jubilados de manera mucho más severa y estructural.