La maniobra consistía en declarar en Estados Unidos un valor FOB real (precio de la mercadería, más flete, más derechos de importación), pero ante la Aduana argentina presentar documentación falsa con valores que en ocasiones multiplicaban por diez el valor auténtico.

La causa se inició a mediados del año pasado, cuando estallaron las denuncias por medidas cautelares que posibilitaban la salida de los escasos dólares del Banco Central para importar mercaderías de dudosa necesidad a la cotización oficial de la moneda estadounidense.

En este caso ni siquiera fue necesaria una cautelar porque se verificó que la mercadería ingresada al país correspondía a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular.

Las 24 operaciones se realizaron entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022, a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste.

La importadora, la empresa NRG Argentina, (liderada por Oscar César Darío Güercio y Damián Strier), le compraba de manera directa a Marull Heavy Equipment LLC., de Estados Unidos, cuyo director era Pablo Andrés Marull.

Güercio y Marull estaban vinculados comercialmente en una tercera empresa, Mardg S.A.S., constituida en 2019 al amparo del régimen de sociedades por acciones simplificadas creado por el gobierno de Mauricio Macri. La existencia de ese vínculo entre importador y exportador era oculto para la Aduana argentina.

Un dato más: NRG solo le compraba a Marull; Marull solo le vendía a NRG. “Prácticamente la totalidad de las importaciones efectuadas por la firma NRG Argentina tienen como proveedor a la empresa Marull Heavy Equipment, la que vendería mercadería únicamente a la firma argentina en el país”, corrobora la resolución del juez González Charvay.

Los tres operadores y una despachante de aduanas fueron procesados por los delitos de “contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.

El juez de Campana libró oficios a los Estados Unidos para que “se proceda al aseguramiento preventivo de todos los bienes que registren (los imputados) en ese país, así como los pertenecientes a las sociedades hasta cubrir el monto de USD 92.339.773,8 (inmuebles, automóviles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, etc.)”.