En la reunión, la preocupación central fue el feroz recorte que el gobierno nacional está aplicando sobre las pensiones: ya dio de baja 40.000 beneficios y planea eliminar otros 120.000. Un golpe letal para miles de personas con discapacidad que dependen de estos ingresos para sobrevivir. La insensibilidad del Ejecutivo no se detiene ahí: la Provincia de Buenos Aires sigue sin adherir a la Ley Nacional 24.901, que establece un marco legal para garantizar prestaciones básicas para personas con discapacidad. La desprotección es total.

Recortes, abandono y derechos vulnerados

Los especialistas y activistas coincidieron en que es urgente avanzar hacia un Estado que garantice políticas inclusivas en lugar de barrer derechos fundamentales bajo la alfombra del ajuste. Uno de los reclamos más urgentes es la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Capacitación Docente Obligatoria en Autismo y Neurodiversidades, que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados. La capacitación de docentes es clave para garantizar una inclusión real en las aulas y evitar que miles de niños, niñas y adolescentes con TEA queden fuera del sistema educativo.

Emmanuel Santalla fue contundente: "No podemos permitir que se sigan vulnerando derechos. Es imprescindible impulsar medidas concretas que visibilicen esta problemática y generen soluciones reales". Desde su espacio, se comprometió a continuar apoyando la lucha de las familias y promoviendo iniciativas que construyan una sociedad más justa e inclusiva.

Mientras el ajuste de Milei sigue profundizando la desigualdad, la respuesta de la sociedad es clara: organizarse, resistir y exigir lo que el Estado pretende quitarles. Las personas con autismo y sus familias no pueden esperar más.