La denuncia, con notorias motivaciones políticas, puso en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores

Hace algo más de un año, exactamente en la mañana del lunes 1 de diciembre de 2014, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, para denunciar penalmente a la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por “mal desempeño” de su función.

Hasta ahí, una situación más o menos predecible en la relación que pueden tener una autoridad judicial y el representante del gremio de trabajadores de Tribunales. Sin embargo, no fue así.

El motivo de la denuncia y la observación por el supuesto mal desempeño, fueron las designaciones, efectivizaciones y hasta ascensos que Gils Carbó había decretado con el personal judicial, en ocho resoluciones del ejercicio 2014, que citó con sus números de expedientes.

Para que se entienda: Piumato, en su calidad de gremialista de los trabajadores, denunció penalmente a la Procuradora por la estabilidad laboral y hasta las promociones que lograron decenas de trabajadores del Ministerio Público Fiscal de la Nación durante su gestión que, por entonces, llevaba poco más de dos años.

La denuncia, con notorias motivaciones políticas, puso en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores alcanzados por las resoluciones objetadas.

Poco más de un año después, sin embargo, la Cámara Federal le dio la razón a Gils Carbó, y retó a Piumato por apartarse de los postulados de su propia entidad sindical.

En un fallo que se dio a conocer el jueves 7 de abril, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad de lo decidido por el juez federal Julián Ercolini, de primera instancia, quien había dado curso a la denuncia de Piumato, a pesar de que el fiscal Leonel Gómez Barbella, natural de la causa, la había desestimado. El fallo decretó la nulidad de todo lo actuado por Ercolini tras la desestimación interpuesta por el fiscal, por falta de fundamentación para continuar con la acción penal.

En el escrito de Piumato, el titular de la UEJN acusaba a Gils Carbó por el “abuso de autoridad” que habría cometido al ejercer una de sus potestades administrativas: contratar personal, efectivizarlo tras el periodo inicial de seis meses, y hasta transformar el cargos de algunos agentes con varios años de antigüedad en un puesto más alto (ascensos vía el recurso administrativo del reescalafonamiento).

Entonces, la Agrupación de Trabajadores del Ministerio Público Fiscal, disidente con la conducción del gremio y que meses después formaría un nuevo sindicato (el SITRAJU), repudió la denuncia del secretario general y calificó el objeto de la presentación como “legítimos ascensos que, en virtud de una presentación de nuestra agrupación, obtuvieron varios compañeros y compañeras, que no accedían a ninguna promoción en su escalafón desde hacía varios años”.

En el fallo, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah hicieron suyos los fundamentos dados por el fiscal Gómez Barbella y le recordaron a Piumato sus obligaciones como representante de los trabajadores. Los camaristas señalaron que el reclamo del sindicalista “podría contradecir los objetivos propios fijados por el estatuto de la UEJN, que dispone como uno de sus fines, procurar a los trabajadores empleos adecuados, remuneraciones justas, estabilidad laboral y las condiciones más propicias para su pleno desenvolvimiento y el de su familia”.

La denuncia de Piumato contra Gils Carbó fue el primer round de una pelea de larga data, y en la que intervienen jugadores más pesados: desde SITRAJU advierten que detrás del sindicalista se alistan los sectores más reaccionarios de la comunidad judicial, que recelan de las prácticas democratizadoras de la Procuradora.

Dos meses después de aquella denuncia, Piumato encabezó junto a rutilantes fiscales y políticos de la oposición la marcha de los paraguas, también conocida como 18-F, a un mes de la muerte de Alberto Nisman. No terminó ahí. Tras el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de noviembre, el líder de la UEJN realizó un paro en el Ministerio Público Fiscal para reclamar la renuncia de Gils Carbó, en consonancia con el deseo público del presidente y su ministro de Justicia, Germán Garavano, y hasta el despido de los trabajadores ingresados a trabajar a las fiscalías bajo la gestión de Gils Carbó.

El fallo deslegitima la posición que Piumato llevará a los medios y las comisiones legislativas que lo citen para dar su opinión, durante el tratamiento del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal. Esa reforma se propone un único objetivo: recortarle facultades a Gils Carbó, entre otras razones por sus históricos fallos mientras era fiscal general ante la Cámara Comercial contra las sociedades offshore en paraísos fiscales, como las descubiertas al presidente Macri en Panamá. A nadie le sorprende que el gremio que Piumato conduce hace más de 25 años, haya emitido una veloz declaración que califica de “muy positivo la suspensión de la implementación apresurada del nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la consecuente implementación progresiva y más racional, modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal”.

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El reclamo de Piumato "podría contradecir los objetivos fijados por el estatuto de su gremio, que dispone como uno de sus fines, procurar a los trabajadores empleos adecuados, remuneraciones justas y estabilidad laboral".

El gremialista encabezó el 18F, pidió la renuncia de Gils Carbó y exigió el despido de los trabajadores que ingresaron bajo su gestión en el Ministerio Fiscal.