Se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias que corresponden exclusivamente a personas físicas

La Justicia rosarina ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de las personas vinculadas a la causa penal por presunta estafa que tiene en la mira a Vicentin. Los directivos de la compañía denunciaron una “persecución judicial” y advirtieron que peligra el pago de salarios.

A través de un comunicado, Vicentin señaló que el juez Hernán Postma, a pedido del fiscal de delitos complejos Miguel Moreno, “ha ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”.

Explicó que dicha medida consistió en ordenarle al Banco Central “el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”. Y evaluó que “la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa” y de otras firmas del grupo.

Sin embargo, desde el vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario explicó que “se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias que corresponden exclusivamente a personas físicas, excluyendo a las que pertenezcan a personas jurídicas, sujetas a revisión del Banco Central de la República Argentina”.

Agregó que “estas cuentas de personas físicas son las que están vinculadas a personas investigadas, ya sea como titulares, cotitulares y/o apoderados”. Finalmente, aclaró que “no alcanza la medida a cuentas que pongan en riesgo el pago de sueldos”, como denunció Vicentin.

Además, voceros judiciales indicaron que el fiscal Moreno, que investiga al anterior directorio de Vicentin por presuntas estafas, habló ayer con los abogados de la agroexportadora concursada para aclarar el asunto.

En su comunicado, Vicentin insistió en que las medidas judiciales tienen por objetivo perjudicar a la empresa en su proceso de concurso de acreedores.

“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas busca impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, señala el comunicado.

El fiscal Moreno pidió el allanamiento de la sede de Vicentin Saic en la ciudad de Avellaneda, en el marco de una investigación por presuntas estafas de sus directivos a productores, corredores y bancos locales y extranjeros.

Durante una rueda de prensa realizada ayer en Rosario, Moreno explicó que él investiga “estafas que creemos que ocurrieron; ahora, siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometer esas estafas”.