El grupo exportador suma indicios fuertes sobre un abanico de delitos. Mecanismos de evasión, sub y sobre facturaciones, negocios y empresas cruzadas. "No está descartada la intervención de la provincia en la empresa", señala el texto
Jueves 19 de noviembre de 2020 | 20:22
La Comisión de Seguimiento del caso Vicentín de la Cámara de Diputados de Santa Fe emitió una tercera reseña de la información recopilada en torno a los procesos que se le siguen al grupo exportador: una caja de pandora con datos y documentos que avalan las sospechas bajo investigación judicial sobre un abanico de delitos que no cesan de aparecer y que tienen bajo la mira a la conducción corporativa de los Padoan y Nardelli. Activos ocultos en guaridas fiscales, contrabando, estafas, vínculos políticos, triangulación de operaciones, sobre y sub facturaciones, mecanismos de evasión, contabilidad fraudulenta y violación de derechos comerciales sobre terceros son apenas algunos ítems de un extenso listado de irregularidades.
La Comisión legislativa se reunió con los síndicos del concurso, con el juez a cargo del mismo, con su colega de Reconquista, con los economistas que generaron dos informes al Banco Nación sobre los movimientos de la empresa y con el fiscal federal también de la ciudad cabecera del departamento General Obligado. De allí surgió la información que vuelcan los diputados en el texto, recopilada entre el 19 de agosto y el 2 de octubre últimos.
Esto es, antes de la asamblea de accionistas del 15 de ese mes que designó un nuevo directorio, objeto de renovados cuestionamientos. De los 11 directores anteriores, quedó un triunvirato integrado por el contador Omar Scarel, que trabaja en la empresa desde hace 30 años, Daniel Foschiatti, ligado a Servipack, y el abogado Estanislao Bougain. Todos ellos, de vínculos con la dirección del grupo en los años en que se sucedieron las maniobras y el vaciamiento. Por si fuera poco, los accionistas aprobaron –hubo diferencias entre ellos– el poco verosímil balance 2019 presentado fuera de término.
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En su resumen de conclusiones tras las seis entrevistas colectivas protagonizadas por la Comisión, los diputados puntean lo sobresaliente:
Hasta abril de 2021, Vicentín, tal como está funcionando, no debería tener problemas para afrontar sus compromisos laborales porque mantiene activos muy valiosos, surge del encuentro con los síndicos.
No está descartada la intervención de la provincia en la empresa, deducen de la entrevista al juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Se analiza el embargo de 22 inmuebles que son propiedad de directivos de la empresa, es lo que desprende de la conversación con el magistrado federal de Reconquista, Aldo Alurralde.
Vicentín tuvo ganancias por 847 millones de dólares durante 2019, ratificaron los economistas del Banco Nación, principal acreedor del grupo nacido en el norte santafesino.
Hay indicios del envío del dinero a “guaridas fiscales” como Bahamas, las Islas Vírgenes y jurisdicciones de Estados Unidos que comparten la misma laxitud legal sobre negocios y finanzas.
Hay denuncias realizadas por el Banco Nación sobre Vicentín por contrabando.
El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, está convencido de que trazando el mapa de las relaciones inter-empresariales de Vicentin aparecerán conexiones políticas.
Los delitos que se investigan en la ciudad de Rosario son estafas y desbaratamiento de derechos acordados. Se trata de maniobras engañosas contra los bancos internacionales y los productores que se perpetraron omitiendo deliberadamente la realidad económica y financiera de Vicentín.
Desde el 10 de febrero de 2020, fecha de inicio del Concurso Preventivo de Acreedores, hasta principios de octubre, (ocho meses), Vicentín tiene una deuda de 1.341.032.036 dólares con 1.733 acreedores. Son 905 menos que los que habían reclamado en un principio.
El juez Lorenzini, quien rechazó todos los intentos de monitoreo e intervención estatal (de Nación y de provincia) en el proceso, aseguró que el concurso de acreedores estará cerrado antes de fin de año.
Embargos y facturas truchas
La Comisión entrevistó al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien tiene una causa originada por el estudio del abogado Mariano Moyano de Asunción de Paraguay y otra civil sobre el destino de un pagaré al Banco Nación de cinco millones de dólares, además de una presentación de la Afip, de seis mil fojas, por numerosas facturas “truchas”. El magistrado comunicó el embargo preventivo de 22 propiedades, entre campos e inmuebles, de los directores que aparecen firmando el pagaré al Banco Nación.
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Los economistas del Banco Nación le ofrecieron a los diputados un detalle de las maniobras de vaciamiento corroboradas, dijeron, por la documentación de la propia empresa a través de los llamados balances mensuales, de donde emergen los datos sobre la situación patrimonial.
Describieron que hay una empresa holding “cáscara” en Uruguay, el llamado grupo Vicentín Family Group y que en esa historia reciente pudieron elaborar un mapa de la firma y los movimientos que se fueron dando al interior del grupo.
Agregaron que hacia 2014 comienza una mayor diversificación e intensificación de los movimientos
interiores de empresas de Vicentín, vinculados a los cambios en la política exterior de granos, pero acelerados a partir de 2017.
Como casos muy importantes mencionaron la venta del frigorífico Friar, los cambios accionarios en Terminal Puerto Rosario y en Vicentin Paraguay.
Los análisis del Banco Nación indican que Vicentín ganó 847 millones de dólares en 2019. Otros 525 millones en 2018, 158 millones en 2017 y 285 millones en 2016. También verificaron ganancias por 135 millones de dólares en 2015, 196 millones en 2014, 86 millones en 2013, 105 millones en 2012; 54 millones en 2011 y 42 millones en 2010.
Apuntaron que el patrimonio neto de Vicentín SAIC era de 1.220 millones de dólares en octubre de 2019, que había descendido a 1054 millones en enero 2020 y, la sorpresa, se había derrumbado a 41 millones en el mes siguiente. En 19 días, se perdieron nada menos que 2.247 millones de dólares de patrimonio.
fuente: elciudadanoweb.com