Martes 16 de Junio de 2026
En 2013 se condenaron 160 genocidas de la última dictadura
Luego de un informe presentado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 160 represores fueron condenados el año pasado, de los cuales 142 recibieron su primera condena.
Pep - Redacción En Orsai // Viernes 03 de enero de 2014 | 13:58
El informe del organismo indicó que son 1.069 los procesados por delitos de lesa humanidad, 520 personas fueron condenadas. De las cuales 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de Derecho.
Una de las cuestiones negativas del documento es que de todos los represores condenados sólo cuentan con sentencia firme 71. Ante esta realidad, el organismo público considera como un “déficit” este punto en cuanto al proceso judicial contra los genocidas.
También aporta un mapeo en cuanto a la condición de detención de los condenados: el número de recluidos por crímenes de lesa humanidad durante el año pasado fue de 114, sobre un total de 927, de los cuales el 62,1% se encuentra alojado en unidades penitenciarias, el 36,2% con detención domiciliaria, el 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,6% en hospitales.
Días atrás, la Corte Suprema de Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida, Cesar Miguel Comes, quien fuera uno de los encargados del centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) Mansión Seré.
Uno de los datos significativos radica en que desde el 2008 a la actualidad, la cantidad de los condenados por delitos contra la humanidad se incrementó un 700 por ciento.
Además, el organismo encargado de monitorear los crímenes de lesa humanidad explicó a través del documento que el año pasado se dieron los primeros pasos contra los civiles que actuaron en complicidad con los militares.
En ese marco, la Procuraduría subrayó el procesamiento de empresarios como los antiguos jefes de personal y de sección de la Minera El Aguilar en Jujuy, la confirmación del procesamiento de los directivos del ingenio Ledesma, en la misma provincia, y el requerimiento de elevación a juicio en la causa que investiga la responsabilidad de los ex directores de la filial argentina de la automotriz Ford.
