La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó con urgencia al Senado la suspensión de las ejecuciones fiscales y una reducción drástica de multas. En medio de un consumo pulverizado y la asfixia impositiva regulada por el FMI, el sector productivo advierte que el entramado comercial está al borde del colapso.
Alarma productiva: la conducción de CAME solicitó formalmente suspender las medidas cautelares y los embargos digitales sobre las cuentas pymes ante el desplome generalizado de las ventas.
En Orsai // Viernes 12 de junio de 2026 | 20:17
El ahogo financiero y la persecución fiscal sobre los sectores que sostienen el empleo genuino en la Argentina alcanzaron un punto de quiebre de magnitudes históricas. Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un enérgico reclamo ante los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación para exigir el freno inmediato a la ola de embargos y multas que ejecuta el Gobierno.
La solicitud de la entidad pyme se da en un escenario de extrema gravedad para el comercio de cercanía y los pequeños talleres industriales de las barriadas bonaerenses. Mientras la actividad económica sufre las consecuencias de una recesión inducida y un consumo interno completamente pulverizado, la reestructurada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA / ex AFIP) ha profundizado de manera feroz las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares automáticas sobre las cuentas bancarias de las pequeñas empresas.
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Para subsanar esta política de asfixia, CAME elevó a los legisladores una serie de modificaciones de emergencia que consideran indispensables para resguardar la continuidad laboral del sector productivo:
El planteo de las pymes expone la contradicción más violenta del modelo de Javier Milei y Luis Caputo. La actual Ley de Inocencia Fiscal fue utilizada con celeridad por el riñón político de la Casa Rosada para que familiares de funcionarios y secretarios de Estado blanqueen e ilegalicen sus inconsistencias patrimoniales en countries y viajes sin dar explicaciones. Sin embargo, para los comerciantes y pequeños industriales que no pueden afrontar las obligaciones corrientes debido a los tarifazos, el Estado aplica algoritmos implacables de embargos digitales.
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“La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, alertó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, quien además vinculó esta crisis impositiva con las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) orientadas a encarecer las estructuras de la formalidad laboral y licuar el poder adquisitivo.
Desde el análisis económico de En Orsai, la advertencia de CAME no es un hecho aislado. Desnuda el fracaso intrínseco de un programa económico que promueve un violento "sálvese quien pueda". En una economía paralizada, quitarle el capital de trabajo a una pyme mediante un embargo bancario equivale a decretar su quiebra definitiva.
Si el Senado de la Nación no atiende con prioridad absoluta este reclamo para ponerle un límite a la voracidad recaudatoria de ARCA, el país se encamina a una destrucción masiva de empresas y a una consecuente pérdida de puestos de trabajo que ninguna planilla de Excel del Palacio de Hacienda va a poder maquillar.
Redacción de Política Económica de En Orsai, en base a las presentaciones oficiales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ante el Congreso de la Nación.