En una revelación que sacude los cimientos de la policía salteña, el comisario Manuel Subia de Rosario de la Frontera ha sido destituido de su cargo por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta decisión llega después de una serie de denuncias y acusaciones presentadas por el diputado provincial Gustavo Orozco, quien, durante una sesión legislativa el martes pasado, expuso la supuesta complicidad de Subia en una investigación de tráfico de drogas.

La suspensión de Subia es un eslabón más en la cadena de corrupción que parece envolver a ciertos sectores de la policía en Salta. Según las declaraciones de Orozco, el nombre de Subia apareció en escuchas telefónicas que forman parte de una causa mayor relacionada con el narcotráfico en la región. Estas escuchas implican directamente al excomisario en actividades ilícitas que van desde la protección de locales nocturnos, como el boliche Angelo, hasta la facilitación del comercio de estupefacientes.

El legislador salteño Gustavo Orozco no escatimó en detalles durante su intervención. Denunció públicamente que Subia estaba utilizando su posición para proteger y promover actividades ilegales en Rosario de la Frontera. "Es imperativo que el Ministerio Público Fiscal actúe de inmediato y me cite a declarar, ya que tengo información crucial sobre estos hechos," declaró Orozco, subrayando la gravedad de las acusaciones.

Las fuentes locales no tardaron en confirmar la suspensión de Subia, destacando que la decisión fue tomada en base a pruebas contundentes que vinculan al comisario con el narcotráfico. El escándalo también ha generado un fuerte llamado a la renuncia del actual Jefe de Policía, Miguel Ceballos, quien, según Orozco, debería asumir la responsabilidad de la corrupción desenfrenada en las filas policiales.

El boliche Angelo, mencionado por Orozco, se ha convertido en el epicentro de esta investigación. Se sospecha que el establecimiento no solo servía como punto de venta de drogas, sino que también contaba con la protección activa de la policía local. Subia, en su rol de comisario, estaría facilitando estas operaciones al asignar efectivos policiales como seguridad adicional, garantizando así un entorno seguro para las transacciones ilícitas.

Este tipo de prácticas corruptas no son nuevas en la región, pero la implicación directa de un comisario de alto rango eleva la preocupación sobre la integridad de la fuerza policial en Salta. La ciudadanía de Rosario de la Frontera y sus alrededores ha reaccionado con indignación y desconfianza hacia la policía, demandando una limpieza profunda y una restructuración completa del cuerpo de seguridad.

El caso Subia también ha puesto de relieve la inacción de ciertos sectores del gobierno provincial y nacional. La falta de supervisión efectiva y la tolerancia a la corrupción sistémica han permitido que individuos como Subia operen con impunidad durante años. Es esencial que las autoridades pertinentes tomen medidas inmediatas y efectivas para restaurar la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Mientras tanto, el diputado Orozco ha prometido seguir presionando para que se haga justicia. "No podemos permitir que la corrupción siga corroyendo nuestras instituciones. Cada funcionario corrupto debe ser identificado y removido, y Subia no es la excepción," afirmó con vehemencia, instando a la sociedad a mantenerse vigilante y a demandar transparencia en todas las esferas del gobierno.

En medio de esta crisis, la administración provincial se enfrenta a un dilema crucial. Debe elegir entre continuar con el statu quo, permitiendo que la corrupción y el narcotráfico florezcan bajo la protección policial, o tomar decisiones drásticas para reformar la fuerza policial y garantizar que aquellos que han jurado proteger a la comunidad no se conviertan en sus peores enemigos.

Las implicaciones de este caso son profundas y multifacéticas. No solo expone la vulnerabilidad del sistema de justicia en Salta, sino que también subraya la necesidad urgente de una reforma integral. La limpieza de la policía debe ser meticulosa y exhaustiva, asegurando que los elementos corruptos sean eliminados y que se establezcan mecanismos robustos para prevenir futuros abusos.

La destitución de Manuel Subia puede ser solo el primer paso en un largo camino hacia la restauración de la confianza pública. Sin embargo, es una señal clara de que la corrupción no será tolerada y de que la justicia, aunque lenta, eventualmente prevalece. La sociedad salteña merece una fuerza policial digna de su confianza, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que esto se haga realidad.

En última instancia, el escándalo de Rosario de la Frontera debe servir como un llamado a la acción, no solo para las autoridades, sino también para los ciudadanos, quienes deben exigir transparencia y rendición de cuentas de sus líderes. Solo así se podrá construir una sociedad justa y equitativa, libre del yugo de la corrupción y el narcotráfico.

Fuente:

https://www.vocescriticas.com/noticias/2024/05/22/159753-escandalo-en-rosario-de-la-frontera-separan-a-un-comisario-de-su-cargo-por-vinculos-con-el-narcotrafico

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La justicia absolvió al general Milani de las falsas acusaciones realizadas por Jorge Lanatahttps://t.co/2htdoNnzjJ pic.twitter.com/T4GoiSdTCj

— En Orsai (@EnOrsai) May 22, 2024