la verdadera historia detrás de las bajas en el Potenciar Trabajo.

El Ministerio de Capital Humano ejecutó una purga masiva bajo la excusa de desmantelar una red de "piqueteros vip", pero la verdad es más sombría: miles de personas fueron despojadas de su sustento por viajes inocentes al extranjero. Según revelaciones obtenidas por Página/12, al menos siete mil suspensiones de febrero fueron realizadas de manera irregular, con errores en el cruce de datos. Lo que el Gobierno vendió como una medida contra la corrupción, se revela como un ataque a los más vulnerables.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha interpuesto un amparo colectivo, exponiendo que las más de 22 mil bajas de febrero fueron injustificadas, ya que los viajes a países limítrofes no estaban considerados como incompatibles con el programa Potenciar Trabajo. Personas como Maritza García, Xoana Valiente y Rosa Pizarro, ciudadanos comunes atrapados en la telaraña burocrática, vieron cómo se les negaba un derecho fundamental por visitar a sus seres queridos o participar en eventos laborales en el extranjero.

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El descontento se refleja en las abarrotadas oficinas ministeriales, donde los afectados hacen fila con su documento en mano, buscando respuestas que el Gobierno no puede dar. Según fuentes internas del exministerio de Desarrollo Social, más de 7 mil suspensiones se dictaron de manera irregular, resultado de una combinación de incompetencia y malicia. La lista de afectados incluye casos absurdos, desde duplicaciones de DNI hasta viajes legítimos catalogados como fraudulentos.

Entre los damnificados se encuentra Juan Bautista Nehin Castro, cuyo acompañamiento a su hermano en un evento deportivo internacional fue malinterpretado como un derroche injustificado. Estos errores grotescos han llevado al Gobierno a retroceder en algunas bajas, aunque el daño ya está hecho.

El origen de esta debacle se remonta a una denuncia penal del pasado, que desató una caza de brujas contra supuestos defraudadores de planes sociales. La falta de rigor en el manejo de datos sensibles ha dejado a miles en la estacada, pagando por errores administrativos o decisiones discrecionales.

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La gestión de Pettovello, lejos de rectificar, ha profundizado en su error, enviando información cuestionable a fiscales para justificar sus acciones. Pero lo que pretendía ser una lucha contra la corrupción se ha convertido en una persecución a los más necesitados, violando sus derechos más básicos.

El amparo de UTEP es un grito de resistencia contra esta injusticia flagrante. Exige que se revisen todas las bajas, reconociendo que los viajes al extranjero no son motivo para negarle la ayuda a quien la necesita. El Gobierno, por su parte, parece más interesado en justificar su accionar que en corregir sus errores.

En última instancia, este episodio revela la fragilidad de un sistema que castiga a los más vulnerables en lugar de protegerlos. Mientras tanto, Maritza, Xoana, Rosa y miles más luchan por recuperar lo que les fue arrebatado por una política cruel e insensible.

Fuente: Página12

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