"La difusión de ideas opuestas y-o divergentes a aquellas propagadas por el grupo que el denunciante representa no resulta más que el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión, sin que se advierta en esta proclamación la creación de un peligro cierto de causar actos de violencia ni la intención de incitar a cometer actos ilícitos", sostuvo la sala I del tribunal de apelaciones.

La denuncia había sido presentada el 22 de noviembre pasado por el apoderado del grupo Clarín, José María Sáez Valiente, a raíz de "mensajes emitidos por ciertos periodistas y funcionarios por medios de comunicación" que para el denunciante tuvieron como fin la "incitación a la violencia colectiva en perjuicio del Grupo".

Pero los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero ratificaron la decisión del juez federal de primera instancia Luis Rodríguez, quien había desestimado la denuncia por "inexistencia de delito".

"La figura penal requiere la estimulación para actuar, algo que no se verifica", consideró además en su voto el juez Ballestero.

El apoderado de Clarín cuestionó declaraciones de funcionarios y periodistas durante varios episodios, entre ellos protestas en la sede del grupo en Barracas y durante cacerolazos.