La Armada denunció ante la Justicia una presunta maniobra con el pago de haberes que habría permitido alterar registros antes de enviar los archivos al Banco Nación. Hay 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones bajo investigación.
Walter Onorato // Miercoles 16 de septiembre de 2026 | 17:14
Una auditoría interna destapó el mecanismo
La Armada Argentina denunció ante la Justicia Federal una presunta maniobra irregular en el pago de haberes que permitió detectar 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. La investigación administrativa identificó hasta el momento a 23 beneficiarios, entre militares, civiles, retirados, jubilados y personas sin vínculo con la fuerza. ()
El caso comenzó a emerger en febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. La devolución de esos importes llevó a la Armada a ampliar la auditoría sobre períodos anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de una operatoria deliberada. ()
La revisión encontró diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación. Aparecieron pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones cuyo vínculo con la fuerza no pudo establecerse inicialmente.
Según la denuncia a la que accedió , la presunta intervención se producía en un tramo especialmente sensible del circuito administrativo. Los controles habituales se realizaban sobre la liquidación de haberes, pero antes de la transmisión definitiva al Banco Nación determinados registros podían ser modificados para elevar importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en haberes legítimamente liquidados. ()
El expediente describe además un segundo movimiento que habría permitido ocultar esas modificaciones. Una vez confeccionados los archivos destinados al banco, los registros eran restituidos a sus valores originales, por lo que las alteraciones no necesariamente quedaban reflejadas en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web. ()
El resultado era una diferencia difícil de advertir si solamente se observaba la documentación habitual: el archivo enviado al banco podía ordenar una acreditación diferente de la que luego aparecía en el recibo del trabajador.
La investigación administrativa consideró que la repetición de los pagos, la recurrencia de determinados beneficiarios y las modificaciones posteriores a los controles permitían descartar, en principio, que se tratara simplemente de errores de procesamiento.
Uno de los datos más llamativos de la investigación aparece al revisar quiénes recibieron los fondos. De los 23 beneficiarios identificados, cuatro personas no tenían relación laboral o funcional con la Armada y concentraron $434.200.718,04, el 44,25% del total detectado.
La denuncia registra que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Otro beneficiario recibió 47 pagos por $99.496.225,47; una tercera persona, 46 acreditaciones por $91.978.048,38; y una cuarta mujer, 45 pagos por $90.466.948,33.
En conjunto, las cuatro personas recibieron 184 acreditaciones. El dato expone la dimensión del problema: casi la mitad del dinero detectado terminó en manos de personas que, según la presentación, no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada.
Entre los nombres que aparecen en el expediente está el del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y es señalado como principal acusado de haber organizado la maniobra.
Una de las beneficiarias, Prieto, es su esposa. Durante las actuaciones administrativas, Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones realizadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que los pagos eran cargados manualmente. ()
Según el escrito citado por , el oficial declaró que la finalidad era favorecer económicamente a esas personas y que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos. La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esas declaraciones y si existieron otros participantes. ()
El caso, sin embargo, continúa bajo investigación. Las personas mencionadas en la denuncia dieron distintas versiones sobre el conocimiento, el origen y el uso de los fondos, cuestiones que deberán ser establecidas en sede judicial.
El expediente incorporó otras situaciones consideradas irregulares. Según la denuncia, un capitán de Corbeta Contador habría cobrado determinados haberes en la Argentina mientras percibía pagos correspondientes a una misión en el exterior. ()
La investigación sostiene que, como el sistema excluye automáticamente del pago local al personal destinado fuera del país, esas acreditaciones debieron incorporarse por fuera de la generación automática de los lotes.
También se detectaron pagos a quien sería la esposa de ese uniformado durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes. Estos episodios forman parte de la investigación y todavía deben determinarse las responsabilidades correspondientes.
El dinero recuperado representa, por ahora, una fracción del monto detectado. Las restituciones realizadas hasta el momento de la denuncia sumaban $42.574.267,63, por lo que quedaban pendientes de devolución $938.574.300,25. ()
La diferencia es relevante porque permite distinguir entre el dinero originalmente acreditado de manera irregular y el monto efectivamente recuperado. La devolución de fondos tampoco resuelve las eventuales responsabilidades administrativas o penales que determine la Justicia.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y el propio expediente advierte que la dimensión del caso podría ser mayor. señaló que fuentes vinculadas con la pesquisa estimaron que la cantidad de personas investigadas podría acercarse a 50, aunque la presentación judicial identifica por ahora a 23.
La fuerza adoptó cambios en el mecanismo de pago después de descubrir las primeras inconsistencias. Desde marzo, la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación pasó al Departamento Tesorería y se dispuso que Contabilidad realizara una conciliación independiente de la cuenta utilizada para los pagos. ()
Además, fueron preservados los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos bancarios. La Dirección de Administración Financiera conformó una comisión con especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos.
Los investigadores cotejaron mes a mes los registros de los sistemas de haberes con las acreditaciones bancarias y revisaron los dispositivos empleados en el circuito de pagos. La separación de funciones buscó impedir que una misma área concentrara distintas etapas del proceso.
Atanasoff había sido incluido meses antes entre los oficiales cuyos ascensos fueron aprobados por el Senado. Su promoción fue posteriormente formalizada por el Gobierno mediante el Decreto 262/2026, publicado el 17 de abril.
La propia investigación sitúa las acreditaciones irregulares entre julio de 2022 y enero de 2026. El dato temporal no permite establecer por sí mismo ninguna responsabilidad sobre el proceso de ascenso, pero forma parte del contexto en el que ahora se desarrolla la investigación.
El expediente comenzó a comprometer directamente a Atanasoff cuando el análisis histórico identificó a Prieto como beneficiaria y confirmó su vínculo matrimonial con el entonces jefe del Departamento Revista. A partir de allí, el oficial fue relevado preventivamente.
La presentación fue realizada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 y bajo intervención de la fiscalía de Ramiro González, según las fuentes consultadas. ()
El expediente incorpora informes técnicos, actas sobre los equipos informáticos, planillas con las irregularidades, registros del Banco Nación y declaraciones obtenidas durante el sumario administrativo. La Armada también puso a disposición de la Justicia otros archivos y soportes vinculados con el circuito de pagos. ()
La investigación judicial deberá determinar quiénes tuvieron capacidad para modificar los archivos, quiénes conocían esas operaciones, cómo se distribuyeron los fondos y cuál fue el destino final del dinero.
Hay que diferenciar el monto documentado de las estimaciones periodísticas sobre el perjuicio total. Los $981.148.567,88 corresponden a las acreditaciones irregulares detectadas y cuantificadas en la investigación administrativa. ()
Algunas fuentes periodísticas mencionaron cifras superiores, incluso de hasta $1.600 millones, al incorporar otras presuntas irregularidades relacionadas con suplementos, horas extras y viáticos. Sin embargo, esa cifra ampliada todavía no constituye un monto definitivo establecido judicialmente.
Por ahora, los números comprobados en la denuncia son contundentes: 645 acreditaciones, 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones comprometidos durante un período que abarca más de tres años.
El caso deja además una pregunta institucional inevitable: cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo un circuito en el que los datos de las liquidaciones podían diferir de los archivos enviados al banco. La respuesta no está todavía en manos del expediente judicial, pero determinarla será central para establecer si se trató de una maniobra acotada o de una falla de controles mucho más profunda. ()
La Armada fue quien detectó las irregularidades, abrió la investigación administrativa y llevó el caso a la Justicia. Ahora deberá ser la investigación judicial la que determine responsabilidades, alcance del perjuicio y destino de los fondos, sin convertir una denuncia en una condena anticipada.
Chaves, F. (2026, 16 de septiembre). La Armada denunció una trama de corrupción interna con el pago de sueldos por casi $1.000 millones: cómo era la maniobra. .
A24. (2026, 15 de septiembre). Escándalo en la Armada: denuncian una maniobra con sobresueldos por al menos $1.000 millones. A24.
Data Legislativa. (2026, 16 de septiembre). Armada: investigan pagos irregulares por hasta $1.600 millones. Data Legislativa.
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